EL NUEVO DIARIO, TÚNEZ,(EFE).- Más de 350.000 personas, principalmente cargos públicos, se verán obligadas a declarar su patrimonio en el marco de la nueva ley de lucha contra el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses que entró hoy en vigor en Túnez, pionera en el mundo árabe sobre transparencia.
Diputados, periodistas, magistrados, dirigentes de asociaciones, presidentes de instancias independientes y agentes del Estado que ocupan puestos de alto rango se verán afectados por la nueva normativa, adoptada el pasado mes de julio por el Parlamento con 126 votos a favor y ninguno en contra.
En caso de incumplir con su obligación, según la ley, podrían enfrentarse a una pena de hasta cinco años de prisión y multas de entre 300 y 3.000 euros, mientras que aquellos que ocupan cargos públicos verán confiscados dos tercios de su sueldo por cada mes de retraso.
La entrada en vigor supone un nuevo hito en la transición de Túnez, escenario de la única de las «primaveras árabes» que aún sigue viva.
Si bien el país norteafricano contaba desde la década de los 80 con una ley de declaración del patrimonio, ésta era ineficaz en la práctica, como recuerda a EFE Lamine Ben Ghazi, jefe de proyecto de la ONG Al Bawsala, especializada en la vigilancia de la gestión de los asuntos de Estado.
«Sólo afectaba a los miembros del Ejecutivo, que podían hacerla de manera voluntaria ante el Tribunal de Cuentas. (Un tribunal) que no poseía ningún poder para investigar o sancionar por lo que sólo servía a modo de registro», explica.
A partir de ahora será, sin embargo, la Instancia Nacional de Lucha contra la Corrupción (INLUCC) la que se encargue de emprender una investigación a fondo y verificar de forma sistemática los expedientes.
Esta institución fue creada en 2011 con el objetivo de luchar contra una lacra endémica que mancha todos los estratos la sociedad y que fue uno de los alicientes de las revueltas populares que terminaron con las dos décadas de dictadura de Zine el Abedin Ben Ali.
Sin embargo, dicha Instancia es al día de hoy una entidad provisional, dependiente del primer ministro y que espera desde hace dos años a que el Parlamento nombre a sus miembros para poder ser reemplazada por una instancia constitucional independiente como marca la ley.
Una de sus tareas principales será hacer públicas a través de su página web las declaraciones de altos responsables como el presidente de la República, el jefe de Estado, ministros y jefes de gabinetes.
«Este es el punto más importante y que ha sido fruto de una gran negociación porque al principio ni siquiera se lo planteaban. Gracias a la presión de la sociedad civil fue aprobado, aunque no para todas las categorías, como nosotros reclamamos”, subrayó Lamine.
«Está bien que se apunte a los altos cargos, pero la experiencia muestra que aquellos que están más expuestos a la corrupción son quienes están en contacto directo con el dinero público o con la ciudadanía», insistió.
Otra de las novedades de este texto legislativo será el control regular de las declaraciones, que deberán realizarse en el momento de posesión del cargo, cada dos años y una vez abandonado el puesto así como en los casos en los que haya un cambio significativo en el patrimonio.
«La gran pregunta es si la INLUCC tendrá medios financieros y logísticos porque es una masa de trabajo enorme y corre el riesgo de inundarse con cientos de miles de expedientes”, advirtió el activista
En este sentido, Ben Ghazi subrayó que la clave del éxito estará en el factor tecnológico, que además de eficiencia generaría puestos de trabajo
«Dar una oportunidad a jóvenes programadores que tienen mucho talento, y que se ven obligados a marcharse al extranjero. Podrían desarrollar algoritmos para mejorar el sistema de control y cruce de datos como ha ocurrido en países como Ucrania o Rumanía”, añadió.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del Gobierno, que ha declarado la guerra a la corrupción, parece que los avances han sido escasos y la percepción popular mínima.
Según una encuesta del Afro barómetro, publicada a principios de octubre, el 67 por ciento de los tunecinos cree que el nivel de corrupción ha aumentado con respecto al año anterior y el 64 por ciento considera que el Ejecutivo ha fracasado en su lucha contra este delito.
En el último informe mundial sobre corrupción de la ONG Transparencia Internacional, Túnez se situó en el puesto 74 de un total de 180 países.
Un cambio baladí si se compara con el período pre revolucionario, en el que el país magrebí ocupaba el puesto 73.
