EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump pidió hoy al Tribunal Supremo que elimine algunas de las restricciones impuestas a su veto migratorio, pero accedió a permitir el ingreso de abuelos, tíos y otros familiares de residentes en EE.UU. y procedentes de los países incluidos en el veto.
En representación del Gobierno, el Departamento de Justicia presentó hoy un recurso para bloquear parcialmente la sentencia que emitió el 7 de septiembre el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, una instancia inferior al Tribunal Supremo y con sede central en San Francisco (California).
El tribunal de apelaciones dispuso que los abuelos, tíos y otros familiares cercanos a residentes en Estados Unidos podrán ingresar al país desde las seis naciones afectadas por el veto migratorio.
De esa forma, el tribunal de apelaciones redujo el alcance del veto que entró en vigor parcialmente a finales de junio y que impide durante 120 días el ingreso de refugiados y, durante 90 días, el de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemén y Libia).
En respuesta a esta decisión, los abogados del Gobierno pidieron hoy al Tribunal Supremo que elimine las restricciones impuestas a la parte del veto que trata sobre los refugiados, que por definición están huyendo de sus países de origen y, en teoría, no tienen por qué tener ninguna relación con EE.UU.
Sin embargo, el Gobierno abandonó sus esfuerzos para impedir la entrada de los abuelos, tíos, primos y otros familiares cercanos a residentes en Estados Unidos y procedentes de las seis naciones de mayoría musulmana.
En su escrito, el abogado del Gobierno, Jeffrey Wall, justificó la diferencia entre los nacionales de los seis países musulmanes y los refugiados argumentado que, mientras que los primeros tienen conexiones con EE.UU., los segundos solo tienen una relación con el país a través de las agencias encargadas de darles asilo.
«A diferencia de los estudiantes que han sido admitidos para estudiar en una universidad estadounidense, los trabajadores que han aceptado trabajos en una empresa estadounidense, y los conferenciantes que vienen a hablar a un público estadounidense, los refugiados no tienen ninguna conexión adicional a las que mantienen con las agencias de reasentamiento», argumentó Wall.
Esta última batalla legal se engloba en la disputa sobre las normas que dictó Trump para permitir la entrada en vigor de su veto migratorio.
El veto acabó en el Tribunal Supremo, instancia que permitió su entrada en vigor y dio discrecionalidad al Ejecutivo para definir sus propias normas para aplicar la medida.
De esa forma, desde su entrada en vigor el pasado 29 de junio, solo podían ingresar a Estados Unidos aquellos individuos que pudieran demostrar su relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estuvieran residiendo en territorio estadounidense.
Excluidos de esa categoría de «familiares cercanos» quedaban los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada.
Ahora, el Tribunal Supremo debe posicionarse sobre la petición del Gobierno para permitir la entrada a EE.UU. de los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos de los nacionales de seis países de mayoría musulmana, pero prohibir el ingreso a territorio estadounidense de las mismas categorías de familiares para los refugiados.
El Tribunal Supremo será el que tenga la última palabra sobre el veto de Trump, cuya legalidad estudiará en una audiencia el 10 de octubre.
