EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, suspendió para el próximo lunes a las 9: a.m. la audiencia que se sigue contra varios encartados acusados de presuntamente haber recibido sobornos por US$92.0 millones de la constructora brasileña Odebrecht.
En la sesión del próximo lunes los imputados tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal con su defensa material.
En la audiencia de este jueves las juezas escucharon a los abogados defensores de los procesados, quienes se refirieron a las réplicas del Ministerio Público expuestas en la jornada anterior.
De su lado, la fiscal Mirna Ortiz resaltó que «el Ministerio Público se mantiene firme y en espera de una condena ejemplar, basada en las pruebas aportadas en el proceso judicial contra los imputados por los sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht en República Dominicana».
Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó de “totalmente vacías” las contrarréplicas de las defensas al MP.
Señaló que los argumentos de los abogados “en nada han afectado el caso del Ministerio Público, y seguimos igual que como siempre, firmes y en espera de una condena justa que es lo que el Ministerio Público le ha pedido al tribunal”.
Se refirió al proceso en su etapa final, al responder preguntas de los periodistas a la salida del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que encabezan la jueza Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes tienen la responsabilidad de fallar el caso Odebrecht.
“Esperamos una condena basada en las pruebas, basada en las evidencias que se han presentado, que les demuestre a los y las dominicanas que en este país el que es corrupto, el que toma dinero público, no sale impune, y que le demuestre a los que vean este proceso que, si tienen conductas similares, tendrán consecuencias similares”, recalcó Ortiz.
Explicó que el soborno «quedó claramente demostrado con las pruebas testimoniales y, también, con todo el esquema documental que demostró la ruta del dinero que sale de Odebrecht para pago de corrupción y llegó a las cuentas del imputado Víctor Díaz Rúa, a través del abogado Conrado Pittaluga, así como a las de Ángel Rondón y de los legisladores».
El pasado martes, durante las réplicas sobre los discursos de la defensa técnica de los encartados, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, resaltó que en el proceso el MP demostró las imputaciones por los sobornos con diferentes pruebas documentales y testimoniales, destacando que el testigo Mauricio Dantas Bezerra trazó la ruta del dinero.
Camacho resaltó que “hay evidencias suficientes para que el tribunal dicte sentencia condenatoria”, al tiempo que dijo confiar en que cuando el tribunal se retire a deliberar y a valorar las evidencias que ha presentado el Ministerio Público, dictará una sentencia condenatoria.
Al dirigirse a las juezas en ese momento, manifestó que “si es mala la corrupción, peor es la impunidad; los corruptos no solo se roban el dinero de todos y todas; se roban nuestra salud, se roban nuestra educación, se roban nuestras oportunidades de desarrollo y se roban nuestro tiempo”.
El titular la Pepca calificó la corrupción como “un cáncer”, al tiempo de expresar que “es un cáncer que ha intentado adueñarse del cuerpo de este país, un cáncer que si ustedes no se comportan a la altura de su rol histórico hará metástasis y nos quitará las esperanzas átomo por átomo, célula por célula, tejido por tejido, órgano por órgano”.
El MP pide al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.
Para el abogado Conrado Pittaluga el MP pide siete años de prisión, mientras pide condenas de 5 años de reclusión para los también coimputados Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
El órgano persecutor del crimen, además ha solicitado, además, que todos los imputados paguen una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
