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20 de abril 2024
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Tribunal emite un auto no a lugar a favor de implicados en caso Los Tres Brazos

Tribunal emite un auto no a lugar a favor de implicados en caso Los Tres Brazos
Fotografía de fuente externa
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió este lunes un auto de no a lugar en favor de los implicados en el caso Los Tres Brazos.

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, explicó que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes contra los acusados de venta ilegal de terrenos en ese sector, por lo que no se justifica el envío a juicio de fondo.

Se recuerda que el proceso se seguía en contra de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como de otros 16 acusados de la venta ilegal de Los Tres Brazos, situación que provocó un escándalo en la sociedad dominicana.

El escándalo

El supuesto fraude de la venta irregular en en el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, presuntamente ha impactado a más de 30 familias, la mayoría de personas de la tercera edad, quienes esperaban ansiosamente una decisión de los tribunales desde hace más de seis años.

En meses anteriores, los representantes de la Pepca aseguraron que Leoncio Almánzar vendió ilegalmente, a cambio de un solar rural, un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.

Además del exdirector de Corde, en el expediente figuraban como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

También estaban entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L. y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

Además, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien era acusada de prestar su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público también acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.

Los fiscales que representan al Ministerio Público acusaron al grupo de desfalcar y estafar al Estado.

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