Los apagones generados por la inestabilidad de los servicios de electricidad, el alza frecuente de los precios de los combustibles y las protestas de los maestros contra medidas administrativas asumidas por el Ministerio de Educación, son tres focos que representan puntos críticos para la actual gestión gubernamental.
Esos temas, al margen de otros que como la accidentada Ley de Partidos Políticos mantiene en vilo a la población, ocupan hace varios meses titulares de portada en los medios de comunicación.
El colapso de la electricidad, o “apagones financieros”, como lo han definido sectores de la sociedad, representa el principal escollo para el Estado dominicano, por la gravedad que implica, según opinan los entendidos en esa materia.
El país no puede continuar en esa zozobra. Existen dudas (y tendrían sus razones) sobre la excusa de que los prolongados apagones que padecemos actualmente es consecuencia de la caída de un rayo que sacó del sistema a 300 megavatios a la generadora AES Andrés, afectando la operación a las compañías distribuidoras.
Lo que más enfurece a la gente es que en medio de la crisis, luego recibirán facturas altas por un servicio que no han recibido. Es decir, hay que pagar los apagones.
Además, el usuario nunca recibe ninguna compensación por los daños a los ajuares eléctricos a causa de las constantes idas y venidas de la luz, cuando están en la fase de reparación de averías o por los altos voltajes que pudieran darse.
El segundo foco de resistencia lo vemos en los transportistas de abajo, no los millonarios empresarios del sector, por el aumento de los combustibles. Hace poco, taxistas y choferes de transporte público del Distrito Nacional, en Santo Domingo y Santiago realizaron protestas en las vías públicas en contra de la medida.
El caso de los combustibles es una novela con capítulos de nunca acabar. Son los mismos argumentos y justificaciones de siempre: los incrementos de los carburantes son consecuencias del alza internacional en los precios del petróleo.
Respecto al tema, se ha dicho que el gobierno no quisiera adoptar ese tipo de decisión, la cual se define como “odiosa”.
Yo agregaría que es una decisión odiosa y peligrosa que está a punto de provocar un conflicto social de alto riesgo. Esas alzas se reflejan más en las condiciones de las familias humildes y clase media.
Hay que solucionar este problema porque a fin de cuenta la población será la más afectada. Los choferes aprovecharán esa situación para subir los pasajes. Lo de la protesta forma parte de una estrategia bien pensada para lograr ese propósito. Ya lo han hecho en otras ocasiones, con excelentes resultados.
En cuanto a los maestros y el Ministerio de Educación, el conflicto no es nuevo. Es un pleito entre familia con intereses definidos. La cúpula de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) responde al partido de gobierno, aunque en las bases militan maestros de diferentes líneas partidarias.
Sin embargo, tienen razón cuando reclaman la construcción de aulas en algunas zonas pobladas, dotar de equipos a algunos centros y mejores condiciones para impartir docencia.
Hemos visto imágenes de niños recibiendo docencia en locales improvisados y en condiciones mugrientas. Otros todavía no asisten a las aulas esperando que las autoridades terminen la construcción de escuelas que se mantienen abandonadas.
Así no avanzaremos ni garantizamos la tranquilidad ciudadana.