El transporte público de pasajeros y de cargas, en nuestro país

Por Mario Díaz martes 14 de noviembre, 2017

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Mario Díaz Mario Díaz

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Uno de los más graves problemas que enfrenta la sociedad dominicana de hoy, es el del transporte público, tanto de pasajeros como el de cargas.

El estado dominicano no ha asumido su responsabilidad en los términos de asegurar un transporte público de pasajeros colectivo en las rutas inter urbanas dentro de las principales provincias, ni tampoco en el transporte de pasajeros hacia el interior del país, mucho menos en el caso del transporte de cargas, de bienes y mercancías.

Nuestro país no cuenta con un sistema moderno de trenes para transportar pasajeros y cargas hacia el interior, y en el Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo, contamos con un sistema de METRO que cubre apenas algunas rutas.

Esto deja el servicio público de transporte, por un lado en manos de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA), entidad oficial que ofrece un servicio que apenas cubre una

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pequeña parte de la demanda, y que opera de forma muy limitada y deficiente en medio de grandes escándalos administrativos y financieros, y por otro lado en manos de los sindicatos de choferes del transporte, que a base de autobuses, minibuses, carros de concho, motores, y hasta camionetas, transportan a la gran masa de trabajadores, estudiantes y público en general hacia sus centros de trabajo, escuelas, y universidades.

Tenemos un servicio de taxis en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y algunas ciudades del interior, pero se limita a algunos sectores de la clase media.

El transporte de carga también está en manos de federaciones y sindicatos que brindan ese servicio en medio de muchos problemas de costos y bajos márgenes de beneficios que impiden mantener su flota en buen estado y mejorar y renovar sus unidades.

 

La inflación y el alto costo de la vida constituyen un serio problema para nuestra población que cada día sufre las penurias que

 

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generan los pobres ingresos que reciben y que no permite a nuestros ciudadanos disfrutar del

debido bienestar que se merecen en pleno siglo veinte y uno (21).

Los altos precios de los combustibles, aumentados semanalmente, casi de manera constante, llevando sus precios a niveles exorbitantes, como también pasa con los lubricantes, neumáticos, y piezas de repuestos, constituyen un muy serio problema para los trabajadores del volante, que debido a esta situación han visto reducir significativamente sus niveles de ingresos, y están al borde de la quiebra, por lo cual plantean un aumento de las tarifas, tanto de los pasajes, como de cargas, a fin de evitar el colapso del sistema de transporte debido a la salida de un gran número de sus unidades, muchas de las cuales se encuentran en franco estado de deterioro, imposibilitando su sustitución, debido a la falta de beneficios adecuados, lo que afecta la rentabilidad de este sector.

El gobierno debe acudir en auxilio de este importante sector de servicios, buscando fórmulas de entendimiento que en forma acelerada, permitan solucionar la grave crisis que afecta al sector de transporte público.

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No se debe permitir que se materialicen paros o huelgas, ni mucho menos aumentos de precios del pasaje que vengan a lastimar el reducido presupuesto de la canasta familiar dominicana.

Es hora de que el Gobierno Dominicano llame a la mesa de negociaciones, al sector transporte, en una mesa de dialogo habierta y sin exclusiones, no como ha pretendido la Dirección General del INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTRANT), institución recién creada y que se perfila como una oficina recaudadora del estado, mas que como un organismo rector del transporte, sino en un espacio de dialogo, y que en ese espacio el gobierno asuma todos los sacrificios fiscales en favor de este importante sector que gravita con mucha importancia en la economía nacional y en la vida de nuestros ciudadanos.

El gobierno no puede esperar que surja una crisis con los peligrosos componentes que esto conlleva a la paz pública y a la tranquilidad de la nación.

Es tiempo de buscar fórmulas que permitan una reducción de las tarifas del transporte público de pasajeros y de cargas y la renovación de las unidades vehiculares con que se opera este vital servicio público, las cuales en casi su totalidad se encuentran en un avanzado estado de deterioro, incluyendo muchas de la OMSA, unidades que deben salir de nuestras calles, permitiendo mayor seguridad y confort a los pasajeros, así como una reducción del consumo de combustibles, llegando incluso a plantearse

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el uso de vehículos operados con energía eléctrica, gas natural, o gas licuado de petróleo.

Existe una ley de reforma fiscal, la numero 253-12, la cual dispuso en su articulo veinte (20) párrafo de uno (1) al tres (3) el establecimiento de un fondo especial de dos (2) pesos por cada galón de gasolina y gasoil Premium vendido, del cual el veinte y cinco (25) por ciento se especializó para la renovación del parque vehicular del transporte publico de pasajeros y de cargas del país, cuya aplicación quedo meeiante esa legislacion a cargo del Ministerio de la Presidencia en coordinación con el sector transporte.

Se han recaudado por este concepto, desde la promulgacion de esa ley en el año 2012, hasta el veinte y dos (22) de febrero del año en curso, fecha de promulgacion de la nueva ley de tránsito numero 63-17, la suma de cerca de mil ochocientos ($RD, 1,800.000, 000.00) millones de pesos.

A partir de esa fecha lo recaudado con estos fines pasa a manos del (INTRANT), segun la ley numero 63-17, sobre Transito, Transporte y Seguridad Vial de la República Dominicana, para ser utilizados con los mismos fines, pero esa nueva ley de transito, al derogo uno de los párrafos del citado articulo 20 de la ley numero 253-12, ha dejado en un limbo, esos casi 1800 millones de pesos recaudados por ese concepto, por lo que el sector transporte del país ha apoderado las vías judiciales correspondientes, y está a la espera de que el Tribunal Constitucional, corrija ese estado de imposibilidad en que se encuentra esos recursos económico, y que están amenazados con que se les de un uso inapropiado e ilegal por parte del gobierno dominicano.

Se estima, que por ese mismo concepto, han sido recaudados otros cincuenta (50) millones de pesos más desde febrero hasta octubre de este año.

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La formación de una Comision Nacional de Transporte Terrestre, integrada por el (INTRANT), el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y las principales Federaciones de Transporte, que administre, a través de una especie de Fideicomiso los recursos que se han generado, en virtud de lo establecido por el articulo 20 de la ley 253-12, y que dirija el proceso de cambio de las unidades obsoletas del transporte público de pasajeros y de cargas, es una de las medidas que consideramos deben de ejecutarse a fin de lograr las mejorías que necesita nuestra sociedad en materia del transporte publico.

Como podemos ver, existen los recursos financieros para resolver parte de los problemas del sector transporte público del país, y el resto debe provenir de subsidios, incentivos y exoneraciones, de la misma forma que el gobierno ha ido en auxilio de otros grupos económicos de la nación, algunos de los cuales no tienen ni la importancia, ni el peso específico que tiene el servicio de transporte, en la vida nacional.

El desarrollo de la nación, la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y la paz pública, son de

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vital importancia, y el sector transporte juega un papel decisivo en la consecución de esta meta, debemos pues unir esfuerzos entre el superior gobierno y los grupos del transporte organizados a nivel nacional, en la búsqueda de soluciones permanentes a este problema.

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