Transparencia y Democracia demanda designación de procurador electoral

Por El Nuevo Diario domingo 19 de mayo, 2019

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Transparencia y Democracia, Inc., demando del procurador general de la República, doctor Jean Alain Rodríguez, la inmediata designación del procurador electoral ya que es un mandato de la Ley No. 15-19 sobre el Régimen Electoral.

El presidente de la entidad, César Manuel Matos Díaz, dijo que la reciente legislación electoral, la Ley No. 15-19 sobre el Régimen Electoral, crea la Procuraduría Especializada sobre Asuntos Electorales, la cual en su artículo 281 establece claramente cuáles son las infracciones que en materia electoral son castigadas por el referido texto legal.

Sostuvo, además, que en aras de la transparencia de los venideros certámenes electorales del año 2020, la Procuraduría General de la República a cargo del doctor Jean Alain Rodríguez, debe motorizar la designación de este nuevo funcionario que viene a llenar un vacío en el derecho procesal electoral.

Matos Díaz señaló que debe ser una preocupación de los representantes de los partidos políticos, ya que hasta la fecha la “venta y compra de cédulas” es una práctica habitual, sin que nadie haya sido sancionado por ello. Por demás de los cambios de candidatos por personas que no participaron, ni ganaron las convenciones de sus respectivos partidos, así como los famosos “muertos políticos”, en fin el procurador electoral y sus adjuntos, será el funcionario responsable de procesar los expedientes de los imputados de cometer infracciones de carácter electoral, ante el Tribunal Superior Electoral, ya que la ley otorga plenitud jurisdiccional en todo lo referente a los diferendos que se produzcan entre los partidos políticos y las Juntas Electorales y entre los partidos políticos entre sí.

El representante de la sociedad civil, dijo que la Ley número 15-19 sobre Régimen Electoral en sus Arts. 282 y 283 señala específicamente cuales son las infracciones de carácter electoral y los artículos 284, 285 y 286 contemplan las penas a imponer en cada caso, las cuales ascienden hasta 2 años y la imposición de hasta 10 salarios mínimos del sector público.

Al concluir, Matos Díaz expresó que es competencia de la Junta Central Electoral, iniciar un amplio programa de difusión sobre la necesidad de la designación del Procurador Electoral.

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