Las compras públicas de bienes y servicios constituyen uno de los mayores gastos de los Gobiernos. De acuerdo a cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta línea presupuestal conlleva cerca del 30% del gasto total en los Estados de Latinoamérica y El Caribe, 8.6% del PIB regional.
Pesino & Ramírez (2019), citando el estudio del BID Mejor Gasto Para Mejores Vidas: Cómo Puede América Latina Y El Caribe Hacer Más Con Menos, afirman que “la región gastó en 2016 cerca de US$450.000 millones en la adquisición de bienes, servicios y de equipos de capital”.
Es decir, está justificada la afirmación de que el Estado es el principal comprador del mundo. Al mismo tiempo, el sistema de compras y contrataciones públicas de bienes y servicios es una herramienta determinante para acelerar el desarrollo productivo de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
El rango de acción que tiene el sistema de compras públicas también abre el paso a que surjan mecanismos para la ineficiencia activa y pasiva. Dicho de otro modo, se manifiestan episodios fruto de la inobservancia de los procedimientos y otros premeditados, originados en la corrupción.
El mismo estudio del BID indica que tanto la corrupción como la ineficiencia pasiva le cuestan a Latinomérica y El Caribe cerca del 1.4% del Producto Interno Bruto regional.
La República Dominicana no está eximida de este panorama. De hecho, son incontables las denuncias de irregularidades identificadas en el sistema de compras y contrataciones públicas del país. Y al igual que en el resto de la región, muchos de los casos que han trascendido están vinculados a fallas en los mecanismos de monitoreo y control.
Si se toma en consideración la capacidad de impacto que tiene el sistema de compras y contrataciones públicas en el desarrollo productivo del país, es inconcebible que continúen perpetuándose dinámicas que ralentizan el progreso. La transformación en este sentido debe ser sistémica e impostergable.
Esta renovación pasa por la modificación a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. Asimismo, por la adopción de mecanismos de control basados en inteligencia artificial y otras innovaciones digitales
Una de las principales debilidades de la ley 340-06 es su falta de perspectiva de desarrollo. Considerando que las compras públicas pueden impactar más de 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es de esperar que su normativa tenga un enfoque dirigido en esa dirección.
Otra de las debilidades que tienen los sistemas de compras y contrataciones tiene que ver con las acepciones. En el país se identifican 10 excepciones a los procesos comunes.
Y en tiempos de emergencias como los actuales, estos pueden convertirse en una piedra en el camino de la transparencia. Aquí radica la relevancia de agotar hasta los últimos medios para comunicar a tiempo y con precisión cada proceso excepcional.
Al margen de las especificaciones normativas y procedimentales se encuentran las oportunidades de generación de empleo subyacentes en el sistema de compras y contrataciones públicas. Si se considera que el Estado dominicano ocupa el primer lugar en las cotizaciones de los fondos de pensiones con el 19%.
A la vez, es evidente que para suplir las debilidades de desempleo y atender las denuncias de comercios que caen en quiebra, es preciso hacer una mayor inversión en priorizar las adjudicaciones de contratos.
Por un lado, fomentando la formalización. De acuerdo con la Federación Nacional de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios Dominicanos (FENAPYMED) las pequeñas y medianas empresas generan cerca de un 50% de los empleos de la República Dominicana y aportan alrededor del 40% del Producto Interno Bruto (PIB), sin contar con los aportes de casi un millón de MIPYMES que se encuentran en la informalidad.
Es decir, cerca de un millón de MIPYMES pierden la posibilidad de ser proveedoras del Estado. Y en el contexto de la pandemia esto supone un riesgo mayúsculo de pérdidas de empleo y caída en los niveles de pobreza monetaria.
Luego se encuentran las oportunidades a las que poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como personas con discapacidad, jóvenes o madres solteras pueden acceder si se registran como suplidores del estado. Dicho en términos simples, transformar el sistema de compras y contrataciones públicas es un acelerador del desarrollo social y productivo de la República Dominicana.
En ese sentido es conveniente invertir en cinco ejes innegociables:
- Primero, la modernización de los mecanismos de seguimiento y control de compras públicas. Eso implica inteligencia artificial, actualización de bases de datos de suplidores, tecnificación de los servidores públicos involucrados en los procesos.
- Segundo, modificación a la ley 340-06. Definitivamente, sin una perspectiva de desarrollo sostenible, el sistema de compras y contrataciones públicas seguirá siendo solo un espacio procedimental para adquirir bienes y servicios.
- Tercero, establecer alianzas entre gobierno y sociedad civil. La pandemia demostró que el trabajo coordinado entre las organizaciones y el Estado es indispensable para vigilar la calidad del gasto, propiciar una inversión saludable para el bienestar y legitimar las acciones ejecutadas ante la ciudadanía.
- Cuarto, aplicación de políticas de responsabilidad social institucional (RSI). Este enfoque permite romper con falsos paradigmas, instalar nuevas perspectivas en la gestión del gasto público y promover buenas prácticas en materia de economía social y sostenibilidad ambiental entre empresa y Estado.
- Quinto, robustecer los mecanismos de medición. Lo que no se mide no existe, dicen. Y en el caso del sistema de compras públicas las métricas son indispensables para establecer diagnósticos que indiquen los aciertos, puntos a mejorar, los avances y las nuevas áreas de inversión.
Por Francina Hungría
La autora es ingeniera, especialista en accesibilidad física y digital. Tiene una maestría en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Valencia y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es maestrante en diplomacia y servicio consular por el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomatica y Consular, INESDYC. Preside la Fundación Francina y asesora a empresas y al Estado en materia de responsabilidad social y aplicación de políticas de gestión de diversidad.