Transformación del Registro de Proveedores del Estado (RPE): de acreditante a habilitante

Por Babaji Cruz Peñaló

En diversos espacios académicos y profesionales, así como también en artículos publicados anteriormente -que agrego al final de esta entrega-, me he referido a la necesaria transformación de lo que hoy conocemos como Registro de Proveedores del Estado, y este artículo es precisamente una forma de recoger de modo más profundo mis consideraciones al respecto.

Para empezar, por el principio claro, vamos a definir lo que es el Registro de Proveedores del Estado. Si bien la Ley Núm. 340-06 sobre Compras Públicas y sus modificaciones (en lo adelante Ley de Compras) incluye algunas disposiciones al respecto, queda más clara su descripción en el Reglamento de Compras Núm. 543-12 (en lo adelante Reglamento) y este indica, en resumen y parafraseando su artículo 13, que se trata del registro con el que deberán contar aquellos interesados en ofrecer bienes, servicios u obras a los entes y órganos de la Administración Pública.

Por tanto, el Registro de Proveedores del Estado (en lo adelante el Registro, RPE o por su nombre completo) es esa base de datos de oferentes que por estar inscritos pueden venderle al Estado, pero también se le llama por sus siglas RPE al número único que tiene cada proveedor, entonces el término hace las veces de base de datos y número único otorgado en el Registro. Claro, actualmente se considera que aunque no tengas el RPE puedes participar en un proceso (menos por el Portal Transaccional) pero debes acompañar la propuesta de tu solicitud de inscripción en el mismo, hago la salvedad para que no se alarmen aunque sobre eso no voy a profundizar.

Ahora bien, entrando en materia, ese Registro es administrado por el órgano rector de compras del país y ese órgano es quien “depura” si un interesado cumple con los requisitos necesarios para ser inscrito. No obstante, el Registro de Proveedores del Estado en nuestro sistema cumple un rol meramente informativo, es una credencial necesaria para poder participar del mercado público.

Pero ¿y si convertimos este poderoso Registro en una pre-verificación de carácter habilitante? Considero que debe ser el próximo paso dado que el modelo deseado se orienta a la prevención y también la eficientización de la contratación pública, y debemos aprovechar el proyecto de ley para incluirlo desde ahora. En lo adelante, enuncio algunas valoraciones de porqué es conveniente.

Lo primero es ver el proyecto de ley que fue depositado en el Congreso Nacional. Si bien este documento, que trae consigo muchas novedades y buenas prácticas, contempla que para fines de la obtención del RPE sean considerados aspectos altamente relevantes en un ecosistema de prevención y gestión de riesgos como son verificar la capacidad jurídica, actividad económica, declaraciones de beneficiarios finales, entre otras aspectos, me parece que lo bueno de esos elementos antes citados pierde su esencia y funcionalidad práctica, mermando su efectividad, por un párrafo que dice lo siguiente: “La inscripción como proveedor del Estado no exime al interesado de la obligación de cumplir con los requisitos de calificación previstos en el procedimiento de contratación correspondiente, que serán evaluados por la institución contratante”.

Con lo anterior se destruye la posibilidad de un impacto REAL que podría tener el Registro, encadenando su potencial y relegando, como actualmente se realiza, a la calificación por parte de las instituciones contratantes. En términos llanos, del español al español, esta es la razón por la que un proveedor debe presentar la MISMA DOCUMENTACIÓN en todos los procesos participe, sean o no de la misma institución (lo que es peor).

Lo que considero más efectivo es que todos los aspectos de credenciales que procuren demostrar la idoneidad del proponente, en razón de las actividades comerciales que tiene habilitadas para comercializar, sea una verificación asumida para poder inscribirse en el Registro y que, al momento de ir a participar en una institución contratante, solamente deba suministrar lo relevante al objeto de contratación que fundamentalmente se reduce a: lo técnico y económico, salvo algunas particularidades. Esto facilitaría grandemente la carga -a veces inmerecida e innecesaria- que pesa sobre el proveedor al tener que presentar tantos documentos repetidos en todas partes. Aunque el proyecto de ley dice que el órgano rector procurará que “no se pida documentación ya aportada nuevamente”, la experiencia nos dice que esa descentralización operativa con la que opera el sistema funciona como excusa para muchas cosas y la ley ya sancionó que “no exime al interesado de cumplir con los requisitos de calificación”, por eso creo que a mayor claridad mejor amistad, como dicen.

Un segundo elemento es la incorporación de la debida diligencia, que ya resulta indiscutible por las experiencias que tenemos de aplicación de técnicas de Compliance a la contratación pública, y que desde el 2020 he resaltado y destacado la necesidad de contar con un aplicativo de “Conoce a tus proveedores”, como equivalente al “Conoce tu cliente” que utilizan en el sector bancario en miras a prevención de lavado de dinero.

Con la promulgación del Decreto Núm. 36-21 en enero 2021, se crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, decreto en el que tuve la oportunidad de aportar desde su creación. Con este programa, se incorpora la aplicación de la debida diligencia como uno de los ejes del mismo. Recientemente también salió la Circular Núm. DGCP44-PNP-2022-0001, que “recomienda” a las instituciones aplicar la debida diligencia, por decirlo de forma resumida, no obstante, analizaré a mayor profundidad este y otros textos que regulan el sistema en otra entrega.

Al respecto, recomiendo que esta atribución no sea relegada a las instituciones, claro, la debida diligencia será necesaria aplicar en algunos casos, pero que la regla sea, a modo preventivo y acorde a los pilares del programa de cumplimiento, que estas indagaciones sean realizadas por el órgano rector al momento de estudiar una solicitud de RPE. Esto permitiría que, un personal que de seguro podrá estar más especializado sea quien la aplique, pero también que desde ese momento se pueda advertir cualquier irregularidad, afectación, incumplimiento o riesgo que amerite realizar una debida diligencia ampliada o tomar medidas preventivas.

Por último, es necesario contar con un mecanismo real que mida el desempeño de los proveedores con carácter público y accesible, porque como sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar. En Amazon cuando voy a comprar un artículo siempre tengo la oportunidad de consultar dos cosas: 1) el rating/clasificación de un producto (las estrellitas) y 2) los comentarios o críticas de otros compradores. ¿Por qué en la contratación pública, donde más dinero hay envuelto en CUALQUIER Estado, no contamos con algo así?

La idea es precisamente habilitar un sistema de retroalimentación y puntaje de los proveedores disponible en su RPE, acompañado del historial de sanciones que ha recibido un proveedor en ese Registro también, de modo que se pueda rápidamente verificar cómo ha sido el “desempeño” de un proveedor y que esto a su vez se pueda objetivar, sea para el proceso de selección o para recibir incentivos en su participación del mercado público.

No lo había mencionado antes pero si has leído hasta aquí, mi querido lector, me imagino que también te imaginarás que este tipo de filtros en el RPE ayudará a evitar que sigamos teniendo proveedores que venden y hacen TODO y, sin violentar ese precioso derecho fundamental a la libertad de empresa consagrado en nuestra Constitución, es humana y materialmente imposible encontrar una empresa que en la vida real cuente con la estructura, presupuesto, capital humano y la calidad necesaria para brindar bienes, servicios y obras en las más de 340 actividades comerciales posibles según el clasificador actual. Esta práctica debe de desaparecer porque lo que provoca es menos oportunidades para quienes sí se dedican a una determinada actividad económica.

En definitiva, si transformamos el RPE hacia un modelo HABILITANTE redundaría en eficiencia para el sistema en general y simplificaría trámites excesivos y repetitivos a los proveedores, permitiéndoles mejorar aspectos más relevantes como su competitividad y la preparación de mejores ofertas, acompañado de la aplicación de la debida diligencia como herramienta de prevención de incumplimientos y corrupción, y de una herramienta que permita medir y conocer el desempeño de los proveedores todo en un mismo lugar: el Registro de Proveedores del Estado.

Artículos previamente publicados para complementar esta lectura:

  1. Compliance en la contratación pública, julio 2020 – https://elnuevodiario.com.do/compliance-y-gestion-de-riesgos-para-una-contratacion-publica-2-0/
  2. Debida diligencia a proveedores, diciembre 2020 – https://elnuevodiario.com.do/debida-diligencia-ampliada-en-la-contratacion-publica-conoce-tus-proveedores/
  3. Trilogía de artículos sobre la modificación de la ley de compras – https://elnuevodiario.com.do/reflexiones-sobre-la-modificacion-a-la-ley-de-compras-publicas-hacia-una-legislacion-de-lecciones-aprendidas/

AUTOR: BABAJI CRUZ PEÑALÓ

*El autore es Consultor Experto en Contratación Pública, Public Compliance y Derecho Público. Doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de la Coruña. Egresado de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija (España); y la Maestría en Diplomacia y Servicio Consular del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Socio Fundador y Gerente de la firma especializada en derecho y asuntos públicos Lexi Public Law Attorneys. Miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, la World Compliance Association y el Colegio Dominicano de Abogados.

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