EL NUEVO DIARIO, Brasilia, 29 abr (EFE).- El Gobierno brasileño se propone impedir desbandadas para la votación de las reformas del régimen laboral y el sistema de jubilaciones, tras la huelga general de este viernes, que consideró un "fracaso" pero dejó heridas en su base política.
La huelga general, convocada por sindicatos incluso alineados con el presidente Michel Temer, fue minimizada por el Gobierno, pero de acuerdo a sus promotores la protesta contó con la adhesión del 45 % de la masa laboral del país, en una jornada empañada por violentos incidentes.
Temer aseguró que, a pesar del malestar expresado por la huelga, el Gobierno seguirá empeñado en la "modernización de la legislación nacional" y mantendrá "un debate amplio y franco, realizado en el espacio adecuado para esa discusión, que es el Congreso Nacional",
El problema para el Gobierno radica en que, más allá del impacto de la propia huelga, la movilización reveló algunas grietas en su base parlamentaria, a la cual necesita unida para poder avanzar en su polémico plan de reformas estructurales.
Esa preocupación fue admitida por el ministro de la Secretaría de Gobierno, Antonio Imbassahy, en una entrevista publicada hoy por el diario O Estado de Sao Paulo.
"Hay un tipo de inquietud", que ha "aumentado", y "parlamentarios de la base oficialista que no están conformes", admitió el ministro, quien aseguró que el Ejecutivo debe "trabajar" y "dialogar" con su hasta ahora poderosa base parlamentaria a fin de evitar rupturas.
Sin embargo, también aclaró que no se aceptará que continúen en diversos cargos del poder público aquellos políticos que han sido recomendados por legisladores "con cuyo voto no se pueda contar".
La rebeldía en la base oficialista la encabeza Solidaridad, un partido de extracción sindical, sin representación en el Senado pero que cuenta con 14 de los 513 diputados y fue uno de los promotores de la huelga general, la primera realizada en Brasil en dos décadas.
Solidaridad respaldó la primera reforma de gran calado propuesta por Temer, que estableció que el aumento anual del gasto público durante las próximas dos décadas será equivalente a la inflación del ejercicio anterior, lo que supone congelar la inversión en diversas áreas sociales en las que Brasil tiene ingentes necesidades.
Sin embargo, comenzó a expresar su malestar frente a reformas que tienen impacto directo en el mercado laboral.
La primera de ellas, ya sancionada con el apoyo a regañadientes de esa formación, regularizó el llamado trabajo "tercerizado" y permite a las empresas convertir a sus empleados en prestadores de servicios o personas jurídicas, para cualquier tipo de actividad.
Sin embargo, esa y otras formaciones oficialistas se han plantado contra las otras grandes dos reformas, aún en trámite parlamentario y que apuntan a modificar el marco legal del mercado de trabajo y del régimen de jubilaciones y pensiones.
La primera pudiera abrir la puerta a una reducción del coste de la mano de obra, formalizaría convenios colectivos aún cuando no se ajusten a la ley y eliminaría la contribución obligatoria de los trabajadores a los sindicatos, que perderían así poder económico.
En el caso de las jubilaciones, la última gran reforma propuesta por Temer, se propone establecer una edad mínima para acceder a ese beneficio, lo cual no existe hoy en el país y sería de 62 años para las mujeres y 65 en el caso de los hombres.
Esta iniciativa es la que más polémica provoca, incluso en la base política de Temer, conformada por 14 formaciones entre las que, además de Solidaridad, ya ha manifestado su rechazo el Partido Socialista Brasileño (PSB), que tiene 35 escaños en la Cámara baja y siete en el Senado.
El mayor problema para Temer está precisamente en el Senado, en el que las disidencias han surgido hasta en el propio Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el gobernante.
El jefe del PMBD en la Cámara alta, Renán Calheiros, alertó esta semana, antes de la huelga general, que las reformas laboral y de las jubilaciones "no pasarán", pues "solo interesan a la banca, son rechazadas en peso por la población" y hasta "avergüenzan a la base del propio Gobierno".EFE
Por Eduardo Davis
