Temer volvió a aferrarse al cargo tras insistir en su inocencia y anunció que pedirá al Supremo la suspensión de la investigación abierta en su contra por los supuestos delitos de corrupción y obstrucción a la Justicia.
La investigación fue solicitada por la Fiscalía y tiene como base la confesión realizada por uno de los dueños de la empresa cárnica JBS, Joesley Batista, quien proporcionó como prueba la grabación de una conversación que implica a Temer.
No obstante, peritos contratados por medios locales afirmaron que la grabación realizada por Batista fue editada antes de ser entregada a la Fiscalía, lo que fue citado por el presidente como una prueba de su invalidez.
«Esa grabación clandestina, fue manipulada y adulterada con objetivos nítidamente subterráneos», subrayó el mandatario, en su segundo pronunciamiento desde que estalló el escándalo.
Según O Estado de Sao Paulo, Batista aseguró que tiene el audio original y está preparando un comunicado, aunque la información no fue confirmada oficialmente.
En un tono duro, Temer insistió en que no cometió ningún delito, que «nunca compró el silencio de nadie» y no obstruyó a la Justicia, como apunta la Fiscalía, y lamentó los «días de incertidumbre que vive Brasil».
Esa incertidumbre ha comenzado a debilitar el apoyo del Congreso -del que Temer siempre presumió- y ha golpeado a sus propia base aliada, que este sábado ganó una fisura después de la decisión del Partido Socialista Brasileño (PSB) de saltar a las filas de la oposición.
El PSB, partido al que pertenece el ministro de Minas y Energía -que no ha anunciado si sigue o deja el cargo-, incorporó el discurso defendido en los últimos días por la oposición y sugirió la renuncia de Temer, en el poder de manera efectiva desde el pasado 31 de agosto, cuando Dilma Rousseff fue destituida.
El ministro de Cultura, Roberto Freire, del Partido Popular Socialista (PPS), dejó el cargo esta semana descontento con la postura de Temer. La formación dio marcha atrás: aseguró que se apartó del Gobierno en términos políticos, pero precisó que seguirá apoyando las reformas económicas.
La presión contra Temer ha sido creciente y el diario O Globo, el mayor periódico de Brasil, pidió abiertamente en una editorial la salida del jefe de Estado, a quien Batista acusa de recibir sobornos desde 2010.
Temer contraatacó hoy y responsabilizó a Batista de «lucrarse» y ganar «millones de dólares» al vender acciones de su empresa y comprar dólares la víspera del escándalo, consciente de la fuerte depreciación que sufriría el real y la caída que experimentarían los papeles de su empresa.
Para Temer, el dueño de JBS cometió el «crimen perfecto», «engañó a los brasileños» y ahora «vive en Estados Unidos».
«El autor (de la grabación) está libre y suelto, paseando por Nueva York, y Brasil, que ya había salido de las más grave crisis económica de su historia, vive ahora días de incertidumbre», dijo.
Bastista, agregó el presidente, «no ha pasado un solo día por la cárcel» y no ha sido «juzgado», después de «obtener préstamos millonarios» durante los Gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer «para hacer avanzar sus negocios».
Joesley y su hermano Wesley firmaron un acuerdo de colaboración con la justicia a cambio de una reducción de posibles condenas y sus confesiones han salpicado a cientos de políticos de todo el arco partidario, incluidos Temer, Dilma Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los empresarios, sin embargo, no consiguieron cerrar un pacto de lenidad. La Fiscalía había solicitado el pago en diez años de 11.000 millones de reales (unos 3.384 millones de dólares), equivalente al 5,8 % facturación obtenida por el grupo en 2016, pero la defensa de J&F, controlador de JBS, solo ofreció 1.000 millones de reales (unos 307 millones de dólares).EFE
Por EFE
