EL NUEVO DIARIO, ANKARA.- Un juicio que comienza hoy en Nueva York contra una supuesta trama económica para saltarse las sanciones de Estados Unidos contra Irán se ha convertido en la comidilla de la política y la prensa turca y puede convertirse en el próximo gran encontronazo diplomático entre Ankara y Washington.
Los principales involucrados son Reza Zarrab, un empresario con pasaporte turco e iraní acusado de crear un sistema ilegal para enviar oro a Irán a cambio de petróleo, y el vicepresidente del banco estatal turco HalkBank, Mehmet Hakan Atilla, que supuestamente cooperó para evadir las sanciones estadounidenses.
En una trama que parece sacada de una película de intriga, el caso involucra lavado de activos para evadir sanciones, sospechas de corrupción, conversaciones privadas filtradas y juegos de poder en Ankara al más alto nivel.
Tras algunos esfuerzos diplomáticos fallidos para persuadir a EEUU de que abandonara el caso, el Gobierno turco ha pasado ahora a criticar todo el proceso y lo califica de «complot» contra Turquía.
Según la acusación, Zarrab y el HalkBank, con el respaldo de altos cargos turcos, idearon un sistema en el que las exportaciones turcas de oro permitían a Irán utilizar sus ingresos por la venta de petróleo en el mercado internacional, engañando así a bancos internacionales e instancias de supervisión estadounidenses.
El Gobierno del islamista Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) rechaza el juicio y sugiere que detrás está el clérigo islamista Fethullah Gülen, exiliado en Pensilvania (EEUU) y al que Ankara responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016.
El caso llega en un momento sensible para el AKP, ya que Turquía tiene tres elecciones críticas en 2019: municipales, parlamentarias y presidenciales, y si el caso Zarrab revela corrupción en el Gobierno, eso dañaría sus perspectivas electorales.
Especial preocupación ha causado el hecho de que Zarrab, que llevaba un año y medio en prisión preventiva en Estados Unidos, fuera aparentemente puesto en libertad hace algunas semanas y, según se especula, haya pasado de acusado a testigo protegido tras lograr algún acuerdo con la Justicia estadounidense.
Según los medios de comunicación estadounidenses, el multimillonario iraní de 34 años, a quien se define como el «cerebro» de la trama, no será juzgado por este caso.
Así, el tribunal sólo juzgará al otro involucrado detenido, el banquero Mehmet Hakan Atilla, y en ausencia a cuatro ciudadanos turcos, entre ellos el exministro de Economía Zafer Çaglayan, por supuesto lavado de dinero, sobornos, transacciones financieras fraudulentas y engaño a varias instituciones estadounidenses.
Hace dos días, el viceprimer ministro y portavoz del Gobierno turco, Bekir Bozdag, dijo que Zarrab estaba siendo obligado por EEUU a firmar «calumnias contra Turquía».
«Es posible que le hayan dicho: ‘O te quedas en la cárcel hasta que mueras o firmas lo que te decimos’. Le están obligando a firmar calumnias bajo amenaza de castigo», aseguró Bozdag.
La Fiscalía de Estambul abrió incluso una investigación contra el fiscal federal interino en el distrito sur de Nueva York, Joon Kim, alegando que los documentos de la acusación contra Zarrab son de origen desconocido y violan el derecho internacional.
Algunos medios de comunicación progubernamentales incluso han acusado a EEUU de querer utilizar el caso Zarrab para imponer sanciones a Turquía y debilitar su economía.
Y es que el juicio podría tener implicaciones políticas y económicas importantes para Turquía, además de ofrecer revelaciones sobre posible corrupción en las esferas más altas del AKP.
El caso contra Zarrab arranca en plena crisis diplomática entre Ankara y Washington por la detención de funcionarios consulares de EEUU en Turquía y la posterior suspensión mutua de visados.
La oposición turca subraya que el AKP teme que el juicio pueda revelar la implicación de miembros del gobernante partido en las acciones de Zarrab, quien ha amasado una fortuna de cientos de millones de dólares.
Ilhan Cihaner, diputado del opositor socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), asegura que el Gobierno y el poder judicial turco cometieron un «grave error» al no detener y procesar a Zarrab en Turquía.
«Puede que las pruebas contra Zarrab se hayan obtenido ilegalmente por policías relacionados con Gülen, pero esto no quita que ministros y funcionarios públicos puedan estar hundidos en la corrupción hasta el cuello», dijo.
«Si hubieran sido juzgados aquí, el caso no sería tan internacional como ahora», agregó Cihaner en declaraciones a Efe.
