El magistrado José Antonio Dias Toffoli, el miembro del Supremo Tribunal Federal que analizó la petición, confirmó a Moro como el juez que tendrá que juzgar al expresidente en el proceso en que se le acusa de haber sido favorecido indebidamente por constructoras que financiaron millonarias obras en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia.
Este proceso tiene entre sus pruebas numerosas confesiones en que ejecutivos de Odebrecht admiten haber costeado millonarias reformas en la casa de campo para compensar los contratos públicos que la constructora se adjudicó ilegalmente durante el Gobierno de Lula.
Moro fue el mismo juez que dictó la condena en primera instancia contra el exgobernante, por la que está encarcelado desde el 7 de abril pasado en una celda en la sureña ciudad de Curitiba, tras dar por probado que Lula recibió indebidamente un apartamento de playa en la ciudad de Guarujá de la constructora OAS.
En ambos casos, las constructoras que supuestamente favorecieron a Lula figuran entre las empresas que se beneficiaron de los millonarios desvíos en la petrolera estatal Petrobras gracias a una red de corrupción que, según la Fiscalía, fue articulada por el exmandatario.
Dias Toffoli ya había determinado mediante una cautelar que el proceso sobre la casa de campo en Atibaia siguiese en las manos de Moro, juez decimotercero federal de Curitiba, pero los abogados del exgobernante presentaron esta semana un nuevo recurso solicitando que reconsiderase su decisión.
Los abogados alegan que el proceso por las supuestas irregularidades en Atibaia, una ciudad del interior de Sao Paulo, tiene que ser asumido por un juez del estado de Sao Paulo y no por un juez de Paraná, sureño estado del que Curitiba es capital.
La causa fue enviada a Curitiba debido a que Moro es el juez de primera instancia responsable por todos las denuncias sobre desvíos en Petrobras.
El magistrado se abstuvo de analizar el mérito del recurso presentado por la defensa, lo que dijo que tendrá que ser hecho por el pleno de la Corte Suprema, y se limitó a rechazarlo por cuestiones de forma.
Según el magistrado, la defensa presentó el nuevo recurso muchas semanas después de expirado el plazo que tenía para hacerlo.
Los abogados del dirigente socialista luchan contra el tiempo para librarlo de la cárcel e impedir que la Justicia lo inhabilite electoralmente.
Lula, que purga una pena de 12 años de prisión y enfrenta otros cinco procesos por corrupción, aspira a disputar las elecciones presidenciales de octubre, para las que figura como líder en todos los sondeos electorales, con cerca del 33 % del favoritismo.
Su candidatura, sin embargo, está amenazada debido a que la legislación brasileña veta la postulación de personas cuyas condenas han sido confirmadas en segunda instancia por tribunales colegiados, como es su caso.
Por EFE
