EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El licenciado Ángel Canó, miembro del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, tuvo a cargo la ponencia en el marco del V Congreso CIER de la Energía, en Medellín, Colombia, sobre la pobreza energética en Latinoamérica y el Caribe, resaltando el caso dominicano. El acto contó con la presencia del Superintendente de Electricidad de República Dominicana, el ingeniero César Prieto.
En su disertación, el licenciado Canó describió las implicaciones de la declaración de Estado Social plasmada en la Constitución Dominicana de 2010, consagrando el compromiso del Estado en promover la dignidad de la persona y la incorporación de una mejor definición de los servicios públicos, que no es ajena a la electricidad.
Indicó que el Estado Social y Democrático de Derecho se corresponde con el ideal de igualdad basado en el principio rector de la dignidad de la persona. “Es a partir de la dignidad de la persona que se irradian y nacen todos los demás derechos fundamentales, resaltó. A su vez, enfatizó que el servicio eléctrico se vincula con el derecho que tiene la persona a una vivienda digna, entendida como aquella que cuenta con los servicios esenciales para el desarrollo de la persona y por tanto con la capacidad para acceder a ellos. Catalogó el acceso a una energía de calidad, asequible y continua, como un derecho fundamental en un Estado Social y Democrático de Derecho.
Habló de la pobreza energética donde resaltó la incapacidad de cierto número de personas para contar con un servicio eléctrico que le permita satisfacer necesidades básicas y desplegar otros derechos como la educación y la salud, lo que presenta complicaciones sea por dificultad en el acceso al servicio o por la limitación de pago del mismo por ingresos bajos. Agregó que datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acerca de que un 16% de la población mundial carece del servicio eléctrico, por lo que la meta de superar este problema, complejo y multidimensional, figura como uno de los objetivos de desarrollo sostenible.
Canó refirió que un estudio de la Comisión Nacional de Energía (CNE) ubica la pobreza energética nacional en un 43.8% para el año 2014, ubicándonos entre la media de la región. Resaltó la inversión realizada por el Estado en la electrificación de zonas rurales a través de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS) y en la mejora de redes en la zona urbana y de transmisión, para facilitar el acceso al servicio y a una tarifa asequible para todos, incluyendo programas de subsidio para sectores vulnerables.
Estableció, además, que existe una estrecha relación entre consumo energético y desarrollo económico, conforme a datos del Banco Mundial que exponen la relación entre el Índice de Desarrollo Humano, la esperanza de vida al nacer y/o el PIB, con el consumo energético, señalando el ejemplo de China.
Puntualizó que, si bien el interés general es elemento justificativo que legitima la intervención del Estado y garantizar la prestación del servicio eléctrico, es necesario que al momento de desarrollar y ejecutar políticas públicas como es la fijación de una tarifa social, se tomen en cuenta las inversiones públicas y privadas y garantizar la rentabilidad razonable de estas.
