EDUCA (Acción Empresarial por la Educación) afirma que el “informe de veeduría del Pacto Educativo” correspondiente al año lectivo 2017-2018, en el sistema educativo público, arrojó como resultados que ”las huelgas y otras actividades realizadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) significaron 23 días de docencia perdidos en el año escolar, dejado pérdidas económicas por encima de los 9,543 millones de pesos”. ¡Gravísima y preocupante situación!
La educación es uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. También la Constitución reconoce derechos a la sindicalización, a las protestas y a gestionar reivindicaciones para mejorar las condiciones que propicien aumentar la calidad de vida del ciudadano.
Ahora bien, ¿De qué sectores provienen los más de dos millones de niños y jóvenes que buscan el “pan de la educación” a través de las escuelas públicas del país?
La respuesta es obvia: La inmensa mayoría son hijos de los grupos sociales más carenciados y vulnerables de nuestra sociedad. Sus realidades económicas y sociales les obligan a matricularse en los centros educativos públicos.
Similar situación acontece en la educación universitaria: La mayor cantidad de los “hijos de Machepa” que, con legítimos derechos procuran una profesión, están compelidos a matricularse en la educación superior pública, principalmente, representada por la UASD (sede central o en una de sus diferentes extensiones universitarias diseminadas por todo el país).
Además de las multimillonarias pérdidas que producen las frecuentes huelgas que escenifican los actores del sistema de educación pública (preuniversitaria—ADP y universitaria—FAPROUASD), dichos paros también tienen otros impactos negativos que se reflejan directamente en:
- Disminución del interés y motivaciones (de maestros y estudiantes) por las buenas prácticas en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
- Detrimento de la sistematización y de la cantidad de hora-docencia en el proceso formativo en los sistemas de educación pública, lo cual reduce la cantidad y calidad de los conocimientos de sus respectivos egresados.
- Aumento significativo de las estadísticas en las deserciones de estudiantes, lo cual les impide completar sus respectivos ciclos de formación académica.
- Reducción de la mano de obra calificada técnica y profesionalmente proveniente de los sectores populares, lo que se refleja en un incremento del círculo de la pobreza.
Por todo lo anterior, sugerimos a la recién juramentada nueva directiva de la ADP, en especial, a la profesora Xiomara Guante, para que los derechos y reivindicaciones del magisterio sean gestionados a través de nuevas estrategias, en las que se privilegie el diálogo, para sustituir el “huelguismo” inherente al “anarcosindicalismo” como principal método de lucha, ya que los únicos y verdaderos perjudicados siempre serán los hijos de los sectores sociales más vulnerables.
Si así aconteciere (es nuestro deseo y esperanza), la confianza y calidad en la enseñanza dentro del sistema educativo preuniversitario público se elevará, considerablemente, lo cual dará pingüe beneficios a todos los miembros de la comunidad educativa (maestros, estudiantes, padres y tutores) y la mayor ganancia será para el futuro promisorio de la Rep. Dominicana.
Por Juan López