La falsificación, adulteración y venta de bebidas alcohólicas sin gestión de permisos y control de calidad genera ganancias con un alto riesgo sanitario. El peligro queda evidenciado con los múltiples casos de personas hospitalizadas, graves lesiones a la salud y por desgracia las muertes que han ocurrido por esta causa.
El metanol, un químico utilizado como disolvente de pinturas, también para productos de limpieza y otros usos industriales no aptos para el consumo humano, en concentraciones que superan el 50%, es el principal componente mortal utilizado para la fabricación de estas bebidas ilícitas.
El año pasado perdieron la vida en República Dominicana, más de 300 personas por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. A lo que se le suman las cercas de 100 personas fallecidas y más de 200 intoxicadas en lo que va de este año 2021 acorde con informes del Ministerio de Salud Pública.
Sin embargo, este escenario no es exclusivo de nuestro país. Países como: México, India y Sudáfrica registran estadísticas alarmantes por la misma razón, lo que ha venido a agudizarse con la pandemia del COVID-19. Afectando no solo la salud de los consumidores, sino al negocio formal de bebidas y los ingresos fiscales del gobierno.
Hace unas semanas, el presidente Luis Abinader había solicitado a la justicia actuar con mayor severidad contra los fabricantes y comercializadores de bebidas clandestinas, especialmente contra los reincidentes en esta práctica. Sin embargo, debido al aumento de casos recientes, que por suerte, hasta el momento, no se ha reportado ninguno en nuestros hoteles, el Gobierno dominicano declaró la problemática alrededor de la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas como tema de seguridad nacional y de acuerdo con el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en los próximos días se emitirá un decreto-reglamento de aplicación de la Ley 17-19 que tiene por objeto regular la importación y comercialización ilícita en el territorio nacional de productos farmacéuticos; de alcohol y sus derivados; del tabaco y relacionados; así como de hidrocarburos.
Vamos a hacer algunas puntualizaciones, pues al parecer hay una cierta confusión en los conceptos, pues la problemática alrededor de la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas es un asunto de salud publica que se convierte en tema de seguridad pública, no de seguridad nacional. Para comprender esto, debemos revisar estos conceptos.
En la actualidad la seguridad pública se entiende a partir de una perspectiva más compleja que en otros tiempos, pues las amenazas de seguridad pública van más allá de los ámbitos tradicionales e incluyendo problemas que impactan directamente en la vida de las personas, tales como la violencia de grupos, el crimen cibernético, el tráfico ilegal de sustancias controladas, las armas de fuego, y el tráfico de seres humanos, entre otros.
Entonces la seguridad pública se define hoy como el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública, a través de la persecución de los delitos y de las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y el de policía. Sabemos que el origen del aumento de la criminalidad se deriva de una gama compleja de factores, sin embargo, la autoridad pública carga con la mayor parte de la responsabilidad, debido en parte, a su incapacidad o falta de voluntad, para revertir esta escalada en la inseguridad.
La seguridad pública pretende garantizar la convivencia pacífica y el orden público, proteger la ciudadanía mediante mecanismos de prevención del delito y procura de justicia, defender la propiedad privada y la integridad física de los ciudadanos, así como mantener la unidad de la sociedad. Las autoridades competentes alcanzaran los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución, y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del infractor. De manera que, el Gobierno debe combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas antisociales y debe desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan a la legalidad.
El combate a las causas que generan inseguridad y el desarrollo de todos los aspectos que induzcan a la legalidad, son funciones que deben realizarse en sus diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, Ministerio Público, los Tribunales, las autoridades responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de los infractores, de las autoridades encargadas de protección de las infraestructuras y servicios estratégicos del país, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente con la seguridad pública. ¿Estamos claro?
De su lado, la seguridad nacional abarca la protección del Estado contra la agresión exterior y movimientos a lo interno que podrían poner su integridad en peligro, también la pacificación de la sociedad misma. Corresponde al Estado asumir el papel central como unidad competente en lo geográfico, jurídico y material. De hecho, la seguridad y la defensa nacional son un derecho del Estado, sancionado por la comunidad internacional. Donde la defensa nacional es un elemento primordial que sirve de base a la seguridad nacional, siendo el conjunto de medios materiales, humanos y morales que una nación puede oponer a las amenazas contra sus objetivos nacionales.
En la actualidad pese a la constante transformación de las amenazas, gran parte de las fuerzas armadas continúan realizando su función tradicional de defender su país frente a ataques militares extranjeros, lo que no solo incluye la protección del territorio y de la soberanía política del Estado, sino de la sociedad en general.
Casi todas las fuerzas armadas, atraviesan una etapa de reforma del sector defensa. Como nos dicen: Born, Fluri, y Johnsson, en su trabajo: Control parlamentario del sector de la seguridad: principios, mecanismos y prácticas. Estas reformas en las fuerzas armadas son la adaptación en cuanto a democratización, al nuevo entorno de seguridad y a la internacionalización, que busca dar como resultado un Estado mejor preparado para afrontar las nuevas amenazas.
En este punto es importante comprender que no todas las dificultades de seguridad pública se transforman en situaciones de seguridad nacional. Para una dificultad pública pasar a ser competencia de los órganos de Seguridad Nacional, debe tener el potencial de lesionar la calidad de vida de los ciudadanos y no tener solución en el ámbito policial, judicial o desde el nivel de la seguridad pública. En este punto se activarán planes y medidas defensivas de excepción. Significando que el Estado ésta dispuesto a emplear las Fuerzas Armadas, intervención de las comunicaciones, toques de queda, declaración de guerra a otro Estado o actores no estatales. Con estas medidas busca una solución eficaz, lo que significa el destino de cuantiosos recursos económicos que en otras condiciones podrían destinarse a otras áreas con necesidades importantes.
Dentro de los problemas que activan los planes defensivos están principalmente, los que constituyen desastres o situaciones de calamidad nacional que van a ser de la competencia de los órganos de Defensa Nacional, sin haber tenido que pasar por otros ámbitos, como la invasión de un país extranjero, un terremoto, un ciclón, o la degradación del medio ambiente, la excesiva inmigración ilegal de nacionales extranjeros, un índice criminal desbordante, entre otros.
Una situación de seguridad nacional podría ser creada por un posible incremento en el tráfico y consumo de drogas que llegue a tal magnitud que rebase sus ámbitos naturales como problema de salud pública, de la economía o de seguridad pública. De esta manera sus efectos serían tan complejos y dañinos que por necesidad tendría que ser admitido como una amenaza a la seguridad nacional, si fuere necesario para activar planes defensivos especiales.
La Estrategia Nacional de Desarrollo en el Artículo Número 7 correspondiente al Primer Eje entre los Objetivos Generales que procura lograr cita el 1.4 Seguridad y Convivencia Pacífica, siendo uno de sus Objetivos Específicos, el 1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo. El cual va acompañado de específicas Líneas de Acción que marcan su dirección y alcance.
Como se ve, los temas que determinan situaciones de seguridad nacional están muy bien definidos, como lo están también los que son de seguridad pública, siendo la presente problemática alrededor de la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas un asunto de salud pública que se convierte en tema de seguridad pública, al tener solución cabal en este ámbito de la seguridad, no es un tema de seguridad nacional.
En tal sentido, las autoridades nacionales están obligadas a aplicar los máximos controles y un régimen de consecuencias para todo aquel que importe, produzca y comercialice bebidas ilegales. Por esto, se hace necesario identificar el origen del alcohol usado para la fabricación de estas bebidas y que los responsables sean sometidos a la justicia con todas sus consecuencias. Este es un terreno, para que también ProConsumidor, arrecie una campaña de orientación a la ciudadanía para evitar el consumo de bebidas adulteradas.
Por Alfredo De la Cruz