EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Procuraduría General de la República (PGR) informó este lunes que se solicitará a la Suprema Corte de Justicia la variación de la medida de coerción de prisión domiciliaria por prisión preventiva contra el exalcalde de San Cristóbal Raúl Mondesí, acusado de malversar más de RD$300 millones, durante su gestión en el período 2010-2016.
A través de un comunicado, se indicó que procederá con la solicitud del cambio de la medida cautelar en virtud de que el exalcalde ha violentado en más de una oportunidad la medida de prisión domiciliaria que le fue impuesta por su vinculación a los referidos actos de corrupción.
Se recuerda que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) logró el pasado año que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal le ratificara a Raúl Mondesí la sentencia condenatoria de ocho años de prisión, una multa de 60 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos que le impuso el Tribunal Colegiado de esta jurisdicción en el mes de septiembre de 2017.
En ese sentido, el Ministerio Público explicó que dicha sentencia no ha sido ejecutada en virtud de los recursos interpuestos por el imputado. En ese orden, dijo que además del referido recurso de apelación, ahora se está a la espera de que la Suprema Corte de Justicia decida sobre un recurso de casación interpuesto por Raúl Mondesí y otros cuatro exintegrantes de la alcaldía que también fueron procesados por el caso y a quienes también le fue ratificada la sentencia impuesta en primer grado.
Recordó que junto a exalcalde Raúl Mondesí también fueron procesados y ratificada la sentencia al exsecretario general de dicha alcaldía, Bienvenido Araujo Japa, y el extesorero Jesús Antonio Ferreira, quienes fueron condenados a 7 y 6 años de reclusión, el pago cada uno de una multa de RD$20 millones y la inhabilitación por 6 años y 7 años para ocupar cargos públicos, respectivamente, así como Pedro Cordero, excontador, el cual fue declarado culpable por encubrimiento de información a las autoridades y sentenciado a tres años de prisión, los cuales se encuentran en libertad bajo fianza.
El grupo fue acusado por la PEPCA por los delitos de coalición de funcionarios, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, delitos de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociación de malhechores.
La institución reiteró en el documento de prensa su firme compromiso en la lucha contra el enriquecimiento ilícito y la impunidad, destacando que seguirán haciendo los esfuerzos necesarios para que se ejecute la sentencia que le fue impuesta a los encartados por los graves hechos por los que fueron procesados.
