Sobre el curso causal en materia penal

Por Gregory Castellanos Ruano martes 14 de julio, 2020

Por todo cuanto en el presente tema se expresa y para evitar cualquier posible confusión o mal entendido entre los lectores es menester que de antemano debamos destacar que estamos claros con que el Código Penal en su Artículo 3 señala que la tentativa del delito correccional en principio no se castiga, excepto que una disposición de ley así lo disponga: “Art. 3.- Las tentativas de delito no se reputan delitos, sino en los casos en que una disposición especial de la ley así lo determine.“

Es igualmente importante que destaquemos que algunos actos que respecto de otras infracciones penales serían actos preparatorios y, por ende, no punibles, sin embargo en otros ámbitos se penalizan porque aunque se les considere un poco alejados o medianamente alejados o muy alejados de un fin específico, pues se estima que debe(n) penalizarse a aquel o aquellos niveles de lejanía respecto de ese fin porque si se deja seguir transitando con su actividad al o a los agentes involucrados el daño puede ser tan terrible que sería prácticamente demasiado tarde e inútil intentar castigarlos: tales son los casos de las denominadas tramas criminales muy comunes en materia de infracciones penales contra la Seguridad Exterior del Estado y en materia de infracciones penales contra la Seguridad Interior del Estado.

Pero, de toda forma, es decir, sea que se trate de una trama, sea que se trate de otro tipo de infracción penal, en todas hay el comienzo de realización de un acto (en la trama el acto es la misma trama, esto es, el acuerdo de resolver obrar) que puede producir una de dos cosas: o una puesta en peligro de un bien jurídico o una lesión efectiva de dicho bien jurídico.

En la trama el acto se completa cuando se acuerda resolver obrar, por lo que dicha actividad penal se completa con dicho acuerdo, y ya lo que queda por ejecutar es el fin sobre el cual se han puesto de acuerdo los implicados en dicha trama. Por eso la sóla continuidad de la existencia de dicha trama es un peligro para el bien jurídico o para los bienes jurídicos que se ha convenido en atacar.

Con un comienzo de realización de una infracción penal se origina un curso causal, es decir, un curso en el acontecer, un curso que causa la puesta en peligro o la lesión efectiva de un bien jurídico específico.

Tanto en la punible tentativa criminal como en la tentativa de delito correccional cuando ella es punible, así como también en la tentativa de delito correccional no punible; es decir, en los tres casos: el comienzo de ejecución genera un curso causal que produce un peligro sobre un bien jurídico y que de terminarse o completarse dicho curso causal podría producir una lesión efectiva de dicho bien jurídico.

Hablando en sentido figurado: dicho comienzo de realización es una especie de vehículo que está transportando algo: transporta la puesta en peligro sobre un bien jurídico específico; puesta en peligro que podría convertirse en lesión efectiva de dicho bien jurídico si a dicho vehículo se le permite llegar a la meta que el vehículo en cuestión persigue.

El autor del acto es el conductor de ese acto (si hay co-autores son conductores de ese acto), vale decir, es el conductor de ese vehículo que transporta dicha puesta en peligro con la aspiración de lesionar efectivamente un bien jurídico específico.

Dicho autor del acto tiene el dominio de dicho acto, pues dicho autor puede hacer que el acto continúe o, por el contrario, puede interrumpir el acto para que no continúe.

Es de interés para el ordenamiento jurídico penal que esa puesta en peligro y que esa lesión efectiva no se produzcan y que de producirse se revierta la situación, se conjure dicha situación.

Cuando el autor abandona su proyecto y desvía, evita o impide o disminuye esencialmente el peligro que él ha causado y de que ese peligro continúe porque otro continúe ejecutando la operación impidiendo voluntariamente la consumación del acto y se aprecia que es suficiente su esfuerzo voluntario y serio por alcanzar esta meta; o, lo que es lo mismo, el hecho de impedir que el curso causal siga, esto es, el hecho de detener dicho curso causal, es decir, impedir o detener la continuación de la ejecución,  es premiado, pues algunas disposiciones penales prevén un trato más suave respecto de aquél autor que después de haber originado o haber puesto en marcha ese curso causal trata de que se revierta la situación, trata de que se conjure dicha situación.

Respecto del acto en cuestión  cuando este es punible algunas disposiciones penales eximen al autor de penalidad o le suavizan la penalidad o se la reducen.

Lo que se persigue es incentivar a un autor que  ha originado (o co-originado cuando se trata de co-autores), el curso causal a que deje de continuar ejecutándolo o a que él evite la consumación de la infracción penal: se convoca al autor o co-autores a arrepentirse y a desistir voluntariamente con la esperanza de que dichos arrepentimiento y desistimiento sean eficaces en orden a evitar la continuación o la consumación.

Se trata, pues, de una clara expresión de Política Criminal.

La devolución o la conjuración de un curso causal en el Código Penal dominicano:

Esa expresión de Política Criminal se puede apreciar en las siguientes excusas atenuantes del Código Penal dominicano:

1.- El Artículo 100, colocado bajo el epígrafe De los crímenes tendentes a turbar el Estado con la guerra civil, con el empleo ilegal de la fuerza armada, el pillaje y la devastación pública“, dispone:

“Art. 100.- No se pronunciará ninguna pena por el delito de sedición, contra aquellos que habiendo formado parte de esas gavillas sin ejercer en ellas ningún empleo o función, se hubieren retirado al primer aviso de la autoridad civil o militar, o que lo hiciere aun después, siempre que hayan sido arrestados sin armas, fuera de los lugares de la reunión sediciosa y sin oponer resistencia. No serán castigados sino por los crímenes particulares que hubieren cometido personalmente, pudiendo, sin embargo, quedar durante un tiempo que no bajará de un año, ni excederá de cinco, sujetos a la vigilancia de la alta policía.“

Es importante retener las expresiones: “No serán castigados“; “pudiendo, sin embargo, quedar durante un tiempo que no bajará de un año, ni excederá de cinco, sujetos a la vigilancia de la alta policía“.

2.- Los Artículos 107 y 108, colocados bajo el epígrafe “De la revelación de los crímenes que comprometan la seguridad exterior o interior del Estado, respectivamente disponen:

“Art. 107.- Quedarán exentos de las penas pronunciadas contra los autores de las tramas u otros crímenes atentatorios a la seguridad  interior o exterior del Estado, aquellos culpables que, antes de toda ejecución o tentativa de estas tramas o crímenes, y antes de que se inicien las primeras diligencias sumarias, den conocimiento al Gobierno o a las autoridades administrativas o de la Policía Judicial de las tramas o crímenes, y de sus autores o cómplices. También quedarán exentos de responsabilidad aquellos culpables que, aun después de principiadas las pesquisas y procedimientos, facilitasen la captura de los autores y cómplices del crimen.“

“Art. 108.- Los culpables que hubiesen dado esas noticias o facilitasen la captura de los demás culpables, podrán ser condenados a quedar bajo la vigilancia de la alta policía, durante un año a lo menos, y cinco a lo más.“

Hay que retener las expresiones: “Quedarán exentos de las penas pronunciadas contra los autores de las tramas u otros crímenes atentatorios a la seguridad  interior o exterior del Estado“ (Art. 107); “También quedarán exentos de responsabilidad“ (Art. 107); “podrán ser condenados a quedar bajo la vigilancia de la alta policía, durante un año a lo menos, y cinco a lo más“ (Art. 108).

Respecto de las tramas se buscan dos cosas: 1) evitar que la trama continúe; 2) evitar que el objetivo perseguido con la misma se comience a materializar; 3) que en caso de que se comience a materializar el objetivo perseguido con ella, se pueda evitar que continúe esa materialización.

3.- Los Artículos 132, 133 y 138, colocados bajo el epígrafe “De la falsificación de moneda“, disponen respectivamente:

“Art. 132.- El que falsificare o alterare las monedas de oro o plata que tengan circulación legal en la República, o que emita,  introduzca o expenda dichas monedas falsas o alteradas, será condenado al máximo de la pena de trabajos públicos.“

“Art. 133.- Se castigará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos al que falsifique o altere las monedas de cobre o níquel, que estén en circulación legal en la República, o que las introduzca, emita o expenda.“

“Art. 138.- Los culpables de los crímenes mencionados en los artículos 132 y 133,  quedarán exentos de responsabilidad criminal, siempre que antes de la perpetración del crimen, o de que se principien las pesquisas y diligencias, dieren conocimiento de ello a la autoridad constituida o le revelaren los nombres de los autores. De igual exención gozarán después de principiadas las diligencias, si facilitaren la captura de los demás culpables; sin embargo, quedarán sujetos a la vigilancia especial de la alta policía durante cinco años.“

Hay que retener las expresiones: “quedarán exentos de responsabilidad criminal“; “De igual exención gozarán“ (ambas del Art. 138).

4.- Los Artículos 139 y 144, colocados bajo el epígrafe “Falsificación de los sellos, timbres, papel sellado, marcas y punzones del Estado, de los billetes de banco, y de los documentos de crédito público“, disponen respectivamente:

“Art. 139.- El que falsifique los sellos del Estado, o haga uso del sello falsificado, el que falsifique los documentos de créditos emitidos por el tesoro público con sus sellos, o los billetes de banco autorizados por la ley, o que haga uso de uno de esos documentos o billetes de banco falsificados, o que los introduzca o expenda en el territorio de la República, será condenado a los trabajos públicos.“

 

“Art. 144.- Las disposiciones del artículo 138 son aplicables a los crímenes mencionados en el artículo 139.“

 

Como el Artículo 144 remite al Artículo 138 de este último hay que seguir reteniendo las expresiones: “quedarán exentos de responsabilidad criminal“; “De igual exención gozarán“ (ambas del Art. 138).

 

5.- El Artículo 213, colocado bajo el epígrafe “Rebelión“ dispone:

 

“Art. 213.- En caso de agavillamiento o junta tumultuaria, se impondrá a los rebeldes que no ejerzan funciones ni empleos en la gavilla, la pena señalada en el Artículo 100 de este Código, siempre que se hubieren retirado a la primera intimación de la autoridad pública, o que se retiraren después, y que no hayan sido arrestados en el lugar de la rebelión, sino fuera de él, sin nueva resistencia y sin armas.“

Como se puede apreciar dicho Art. 213 condiciona la exención de penalidad o su reducción a vigilancia de la alta policía de un año hasta cinco años a que “los rebeldes que no ejerzan funciones ni empleos en la gavilla“ “se hubieren retirado a la primera intimación de la autoridad pública, o que se retiraren después, y que no hayan sido arrestados en el lugar de la rebelión, sino fuera de él, sin nueva resistencia y sin armas“

Como el Artículo 213 remite al Artículo 100 de este último hay que seguir reteniendo las expresiones: “No serán castigados“; “pudiendo, sin embargo, quedar durante un tiempo que no bajará de un año, ni excederá de cinco, sujetos a la vigilancia de la alta policía“ (ambas del Art. 100).

 

6.- Por su parte, los Artículos 265 y 266 (modificados), colocados bajo el epígrafe “Asociación de malhechores“ disponen respectivamente:

 

“Art. 265.- (Modificado Ley No. 705 de 1934). Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública.“

“Art. 266.- (Modificado Ley No. 705 de 1934). Se castigará con la pena de trabajos públicos, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el artículo anterior.

PARRAFO I.- La persona que se ha hecho culpable del crimen mencionado en el presente artículo, será exenta de pena, si antes de toda persecución, ha revelado a las autoridades constituidas, el concierto establecido o hecho conocer la existencia de la asociación.“

Hay que retener la expresión: “será exenta de pena, si antes de toda persecución, ha revelado a las autoridades constituidas, el concierto establecido o hecho conocer la existencia de la asociación.“ Ella permite apreciar mejor lo que hemos dicho ya sobre las tramas (pues estas son un acuerdo de resolver obrar) en el sentido de que respecto de ellas se busca impedir que continúe su existencia y que de ellas se pase a materializar el fin para el cual fueron creadas.

7.-  Aunque los Artículos 283 a 290 del Código Penal, es decir,  los delitos colocados bajo el epígrafe “Delitos cometidos por medio de escritos, imágenes o grabados distribuídos sin nombre del autor, impresor o grabador“ fueron modificados por la Ley 6132 por lo que remitimos a dicha ley especial para fines de lectura y estudio de la misma por separado, consideramos de interés citar el contenido del Artículo 285 tal como estaba redactado antes de intervenir dicha modificación de la Ley 6132:

“Art. 285.- Si en el escrito se provocare o excitaren a una o más personas a cometer crímenes o delitos, los encargados de su venta, repartición, anuncio o fijación en las esquinas o lugares públicos, serán castigados con las mismas penas que se impongan al autor, a no ser que manifiesten quien sea éste; en cuyo caso sólo incurrirán en la pena de seis días a tres meses de prisión correccional. La responsabilidad como cómplice sólo se exigirá a aquellos que hayan ocultado los nombres de las personas de quienes recibieron el escrito impreso. Las mismas penas se impondrán al impresor si es conocido.“

 

Hay que retener la expresión: “serán castigados con las mismas penas que se impongan al autor, a no ser que manifiesten quien sea éste; en cuyo caso sólo incurrirán en la pena de seis días a tres meses de prisión correccional“.

 

Aunque la redacción en cuestión podría hacer creer que el objetivo es sólo conocer la identidad del autor, lo cierto es que conociéndose la identidad del autor también se perseguía que cesase la actividad de este de provocar o excitar por escrito a una o más personas a cometer crímenes o delitos ya que con el apresamiento de dicho autor ello implicaba dicho cese.

 

8.- El Artículo 343, colocado bajo el epígrafe  “Detención y encierro ilegales“, dispone:

 

Art. 343.- La pena se reducirá a la de prisión correccional de seis meses a dos años, si los culpables de los delitos mencionados en el artículo 341, pusieren en libertad a la persona arrestada o encerrada, antes de que se les persiga por ese hecho y antes de los diez días de la detención o encierro; quedarán, sin embargo, sujetos a la vigilancia de la alta policía.“

Hay que retener las expresiones: “La pena se reducirá a la de prisión correccional de seis meses a dos años, si los culpables“ … “pusieren en libertad a la persona arrestada o encerrada, antes de que se les persiga por ese hecho y antes de los diez días de la detención o encierro“; “quedarán, sin embargo, sujetos a la vigilancia de la alta policía“.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

 

Comenta

Apple Store Google Play
Continuar