¿Sistema de Inteligencia o Dirección? 

Por Kelvin Jiménez

El día 22 de junio del año en curso, el señor Antoliano Peralta, quien desempeña la función de Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, presentó a los medios de comunicación el anteproyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que establece en su primer artículo el cambio de nombre y funciones del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) en la Dirección Nacional de Inteligencia.

En ese sentido, consideramos que el título del anteproyecto debe ser Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, porque la misma cumple con el mandato constitucional del artículo 261.

El propio consultor jurídico en un programa de televisión así lo externó, ya sabemos que el articulo 2 en uno de sus párrafos, expresa que la nueva Dirección Nacional de Inteligencia será el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia y coordina a todas las demás entidades, de ahí que lo verdaderamente notable es la creación del sistema.

Nos parece una grave omisión que el anteproyecto  no define los subsistemas de inteligencia, porque ya tenemos el precedente de la Ley 139-13, que en su artículo 60 expresa que las Fuerzas Armadas disponen y administran un subsistema de inteligencia militar, integrado al Sistema de Inteligencia del Estado; la Ley Policial 590-16 , contempla la Dirección Central de Inteligencia, de igual forma contamos  con la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia (DIAPE).

En el artículo 9 del anteproyecto sobre organización y estructura operativa solo hace mención de la escuela de formación de inteligencia. Consideramos oportuno que de la misma manera que hay unos artículos que describen la función del inspector general, y control financiero, igual relevancia o mayor debe tener quien se encargue del reclutamiento y proceso de enseñanzas de quienes formarán parte de esa nueva comunidad de inteligencia.

Controlar el ingreso y salida de personas extranjeras al y del territorio nacional es una atribución en el artículo 5 letra J, lo que me parece que es una facultad directa de la Ley de Migración (285-04), en su artículo 6 numeral 2, en ese tenor lo que debe haber es una colaboración interinstitucional con la Dirección Nacional de Migración o alternativamente con el Ministerio de Interior y Policía.

En cuanto a la solitud de información a las entidades públicas y privadas, esto deberá ser objeto de una discusión a lo interno de las comisiones que tenderán a su cargo la evaluación del anteproyecto por las implicaciones constitucionales, de continuar como está planteado el carácter de obligatoriedad. Lo que, si estamos seguro, es de la necesidad de un procedimiento que puede estar contemplado en el reglamento y que articule la dinámica investigativa, observando el debido proceso.

Es un imperativo que los legisladores presten la debida atención a la falta de clasificación de la información, el banco de datos y la responsabilidad de capital humano en cuanto a la protección de la misma, mal uso de los equipos, filtraciones o un destino que apunte a la corrupción. Ya la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (200-04), en su artículo 17 nos aproxima al concepto de información reservada y secreta, pero resulta pertinente abarcar y ser más explícito en su categorización desde la perspectiva de inteligencia.

Me parece importante que el Sistema Nacional de Inteligencia tenga un control parlamentario con la finalidad de fiscalizar y aprobar el plan anual de inteligencia contemplado en el artículo 3 del anteproyecto de ley, de manera que su implementación vaya acorde a nuestro ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales de las cuales el país es signatario.

Consideramos que el director tiene una amplia posteta para disponer la cancelación del personal. En ese tenor creemos en darle mayor relevancia al estatuto personal y que a su vez contemple una comisión de evaluación y régimen de consecuencias para quienes violenten el código de ética y las demás disposiciones de carácter interno, puesto que hay que preservar la carrera de quienes decidan servir al Estado desde la comunidad de inteligencia.

De ahí que sugerimos una revisión del párrafo 1 y 2 del artículo 12 del régimen del personal sobre la discrecionalidad del director o la autoridad que debe tener el estatuto del personal.

El proyecto deja de lado una mínima estructura nacional, que ojalá el reglamento de aplicación de la ley presente una organización y una descripción de posibles unidades satélites que pudieran ser agrupadas en un organigrama con su respectivo flujograma de procesos del sistema de inteligencia nacional.

Por Kelvin Jiménez

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