Esta reflexión fue inducida por la sentencia que, el pasado viernes 9, dictó la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, mediante la cual se condenó e incrementó “de cinco a ocho años de prisión en contra del ex alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, acusado de malversación de 400 millones de pesos procedentes del presupuesto del Ayuntamiento que representaba”.
En los últimos dos años se han condenado a otros ex alcaldes de diferentes ayuntamientos. Raúl Mondesí en San Cristóbal, Tony Adames, en La Romana, los ex directores Gabriel Mora y Eddy Morfe del distrito municipal de Cabarete,
Para esas lamentables condenas, los principales aspectos que sirvieron de sustentación fue el predominio de malas prácticas en las ejecutorias del presupuesto municipal, el populismo, la improvisación y la negación a planificar acorde a los mandatos de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Para tratar de corregir esos garrafales errores en la administración de los ayuntamientos y aplicar medidas preventivas, surgió en el 2014, el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP) que, en calidad de plan piloto, procedió con la evaluación de las ejecutorias en los aspectos administrativos, financieros y de transparencia de los 50 principales ayuntamientos del país. Actualmente, el monitoreo abarca a 127 ayuntamientos.
Al principio, el monitoreo evaluativo a esos 50 ayuntamientos se realizaba sobre 23 diferentes indicadores contenidos en 7 grandes áreas: 1. Recursos Humanos, 2. Ejecución de la Planificación, Programación y Desarrollo, 3. Gestión de Presupuesto y Finanzas, 4. Gestión de Compras y Contrataciones, 5. Acceso a la Opinión Pública, 6. Calidad del Gasto en la Ejecución Presupuestaria y 7. Presupuesto Participativo Municipal.
Las evaluaciones son realizadas por los órganos rectores en sus respectivas áreas y en base a las leyes vigentes: Ministerio de Administración Pública (Leyes 41-08 y 227-12); Dirección General de Presupuesto (Ley 423-06); Dirección General de Ordenamiento Territorial (Ley 496-08); Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (Leyes 340-06 y 449-06); Dirección de Ética Gubernamental (Ley 200-04); Contraloría General de la República (Ley 10-07) y para el Presupuesto Participativo (Ley 176-07) mediante la colaboración de FEDOMU.
La Unión Europea es actor de primera fila en este importante proyecto para lo cual aporta financiamiento y técnicos a través del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL).
EL SISMAP realiza dicho monitoreo cada tres meses, mediante investigaciones sistemáticas, exhaustivas, mensuales, acumulativas y debidamente sustentadas en evidencias objetivas.
Fundamentado en evidencias documentadas, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), durante la gestión del Alcalde Juan de los Santos (Juancito), obtuvo y conservó el primer lugar del ranking de los 50 cabildos con puntuaciones de 89.45%, 90%, 97.09%, 97.73%, 97.27% hasta terminar, el 16 de agosto del 2016, en el primer lugar con la máxima puntuación de 97.73%.
Sin embargo, observamos que el ASDE, en la actual administración, ha venido descendiendo en buenas prácticas de la administración municipal. En menos de dos años, del primer lugar (agosto de 2016) de acuerdo a las últimas evaluaciones en el ranking del SISMAP, el ASDE cayó al noveno lugar, lo cual es una señal muy preocupante.
Ya por sí o mediante adecuadas asesorías, los alcaldes, jefes de la administración de los ayuntamientos, tienen el deber de propiciar sus ejecutorias fundamentadas en las buenas prácticas, apegadas al mandato de las leyes que rigen la materia, priorizando la planificación por encima del populismo y la improvisación en la administración de los recursos económicos que reciben de los munícipes, con lo cual evitarían pasar por la triste situación en que se encuentran los ex alcaldes Mondesí, Rodríguez Grullón y sus familias.
Por Juan López