EL NUEVO DIARIO, SAN JOSÉ.- Grupos sindicales de Costa Rica comenzaron hoy una huelga de un día para protestar contra una reforma tributaria y un plan de contención del gasto impulsados por el Gobierno para paliar el creciente déficit fiscal.
Durante las primeras horas el movimiento, el primero que enfrenta el presidente Carlos Alvarado, se reportan afectaciones en servicios de salud y educación, así como en algunas alcaldías, pero las autoridades aún no cuantifican la cantidad de personas que se sumaron.
Grupos de trabajadores, con pancartas y consignas en contra de los nuevos impuestos de la reforma tributaria, se encuentran caminando por diversas vías de San José, lo que está provocando afectaciones en el tráfico de vehículos.
El objetivo de los gremios es manifestarse en varios puntos de San José como la Asamblea Legislativa y la Fuente de la Hispanidad, un céntrico punto donde circula mucho tráfico.
El Gobierno informó que el servicio de tren ha operado este lunes, pese a que manifestantes bloquearon el paso por algún tiempo como parte de la huelga. Ante esto el Instituto Costarricense de Ferrocarriles ha efectuado transbordo de pasajeros.
«Gracias a la presión de los mismos usuarios, el servicio de tren de Heredia a San José pudo funcionar normalmente a primeras horas de la mañana. Un manifestante se había colocado frente a la máquina para impedir la salida, pero rápidamente, debió desistir de su protesta y dejar la vía libre para el tránsito», explicó el Gobierno en un comunicado.
Según la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), a la huelga se han sumado trabajadores de varios municipios de la provincia de San José, del Hospital Nacional de Niños, de la Dirección de Migración, entre otras instituciones.
El Gobierno afirma que el movimiento de huelga no se justifica y que una mesa de diálogo se mantiene activa, incluso con una reunión convocada para el 29 de junio para analizar el asunto fiscal del país.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica estudia desde hace más de dos años el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que consiste en una reforma tributaria que introduce cambios en el impuesto sobre la renta, la renta de capital, la renta global y reducción de incentivos salariales en el sector público.
El principal punto del proyecto es la transformación del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado de la misma tasa, pero que gravará los servicios y ampliará la base de productos.
El déficit fiscal del 2017 cerró en el 6,2 por ciento del PIB y para 2018 se proyecta en el 7,1 por ciento si no se da la reforma tributaria.
El Gobierno del presidente Carlos Alvarado también lleva adelante un plan de contención del gasto que incluye reducciones en pluses salariales, anualidades y en los años del auxilio de cesantía, el congelamiento o bajada de los salarios de los altos funcionarios, entre otras.
