EL NUEVO DIARIO.- SANTO DOMINGO.- La inequidad en la distribución de la riqueza a pesar del crecimiento de la economía nacional; el aumento de la informalidad; la incapacidad del gobierno para cumplir con su rol de garante de los derechos fundamentales sobre seguridad social y la inseguridad jurídica de los trabajadores marcaron el año que finaliza, de acuerdo al balance del movimiento sindical.
En su informe, la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), liderada por Gabriel del Río Doñé; la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), que preside Rafael (Pepe) Abreu y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) bajo las directrices de Jacobo Ramos, revelan que el año 2017 cierra con grandes limitaciones para el sector laboral.
Aumento de la informalidad
Un tema que preocupa al sector laboral es que durante los 359 días que han transcurridos de este 2017 hubo un marcado crecimiento de la informalidad en el país.
Se estima que dos millones 568,932 personas, la mayoría de ellas hombres, componen la población laboral informal, quienes quedan fuera del sistema de protección de la Seguridad Social.
La evaluación de las entidades sindicales resalta que para el Banco Mundial, la informalidad era 57.4% de la fuerza laboral en 2016 y este año aumentó a 58.6 por ciento.
Situación salarial y lucha sindical
“Desde septiembre del año 2016 iniciamos la lucha para revisar la Resolución del Comité Nacional de Salarios No. 1-2015. Los empresarios desde esa fecha se dedicaron a entorpecer esta discusión, que aun cuando constituyeron el Comité en diciembre del año 2016, con repetidas peticiones de prorroga lograron llevar la discusión hasta el día 6 de abril cuando fue publicada la Resolución No. 5-2017, que aumenta un 20% al salario mínimo privado no sectorizado”, plantean en su balance.
Precisa que “producto de esa presión del sector empresarial y la poca resistencia del gobierno, de manera ilegal se impuso una fragmentación del aumento salarial logrado, imponiendo que solo se pagara un 13% desde junio y hasta noviembre, a partir de cuándo, se completó dicho aumento aplicándose el 7% restante”.
Dicen que la República Dominicana es uno de los países con los salarios más bajos del continente, lo que contrasta con el crecimiento impresionante una riqueza que se exhibe de manera irritante frente a los altos niveles de pobreza de los trabajadores y las trabajadoras pobres, aun cuando tengan un empleo.
Seguridad social inequitativa y excluyente
Aseguran que tampoco la Seguridad Social ha resuelto el problema de la falta de cobertura entre los dominicanos que están afiliados, pero no logran cotizar y los que trabajan en la informalidad, se encuentra casi el 70% de la fuerza de trabajo. Millones de compatriotas nunca van a poder aspirar a una pensión.
En tienden que el sistema sigue erogando cantidades importantes de recursos a las prestaciones curativas, y muy bajo a los servicios preventivos.
Explican que a lo largo del 2017 las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han recibido altos beneficios económicos, los cuales se pueden definir como excesivos y vergonzantes, sin importarles en modo alguno el destino de sus actuales afiliados de recibir una pensión adecuada y suficiente, su fin es el lucro y no la protección social de sus afiliados.
Asimismo, alegan “Lo más preocupante es que las proyecciones indican que la pensión promedio de los trabajadores, bajo el sistema de AFP, apenas llegará a un 22.8% del salario promedio de los trabajadores”.
La inseguridad jurídica de los trabajadores
En su informe, las centrales sindicales se quejan de que mientras los empleadores han gozado y gozan de una amplían facilidad y apoyo del Estado dominicano para constituir sus organizaciones de empleadores y sus proyectos económicos, los trabajadores reciben de ese mismo Estado trabas y acciones para ejercer el mismo derecho que le asiste a los empleadores.
Resumen el asunto de la manera siguiente “A pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado durante el año 2017, desde el Estado y la fracción dominante del capital, un núcleo clave de prácticas dirigidas a impedir la aplicación de los derechos laborales, es decir, no ha cambiado la inseguridad jurídica de los trabajadores respecto a sus derechos fundamentales”.
Dicen que los ejemplos abundan sobre el ambiente hostil a que se han enfrentado al sector durante el año 2017 para ejercer el derecho a organizarse en sindicato, negociar colectivamente y ejercer fuera de la clandestinidad este derecho, a saber:
Empleadores insistes en pretensión de reducir derechos laborales
El informe sindical sostiene que además de las violaciones a los derechos laborales, en este año 2017 por insistencia del sector empresarial, desde el gobierno se ha retomado el tema de la reforma al Código de Trabajo, que había quedado cerrado en el año 2015.
“Contrarreforma que no va a permitir el movimiento sindical, que propugnamos que la misma debe estar acorde con los convenios internacionales de la OIT que ha ratificado el país y las recomendaciones emanadas de los mecanismos de control, como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, de la comisión de Normas y del Comité de Libertad Sindical”, adelantan
Seguridad ciudadana y feminicidio
El problema de la seguridad ciudadana que se mantuvo durante el año 2017, es una situación que afecta grandemente a los trabajadores y las trabajadoras quienes son víctimas constante de robos, atracos y actos de violencia en el trayecto de la casa al trabajo y viceversa.
Pero dentro de la violencia se destaca amargamente por el aumento de los feminicidios y otros hechos de violencia extrema cometidos contra las mujeres. Sólo en feminicidios íntimos a 89 mujeres les fue segada la vida por la violencia activa de sus parejas o ex parejas, según la Procuraduría General de la República (PGR)
Entienden que República Dominicana se acerca a la trágica estadística que la posicionó en el 2014 como el tercer país de Centroamérica y el Caribe con mayor tasa de feminicidios, cerrando al mes de octubre del presente 2017 con 176 asesinatos de mujeres, a causa de violencia de género o violencia intrafamiliar.
