EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Senadores y diputados aprobaron este miércoles importantes proyectos de leyes entre ellos, el que penaliza quien obstaculice unidades del 911, modificación a la ley de Administración Pública, Ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, ley que regula el Sistema Correccional y Reubicación de los Centros Penitenciarios en la República Dominicana, y una resolución que rechaza la inclusión del país dentro de los países cuyas violaciones de derechos humanos requieren de una “especial atención”.
La Resolución sancionada por los senadores plantea que la Organización de Estados Americanos, OEA, su secretario general Luis Almagro y la comisión Interamericana de los Derechos Humanos, deben proceder a rectificar este infausto informe, pues la RD ha hecho todo cuanto ha estado a su alcance para contribuir a mejorar el drama humanitario del vecino país haitiano.
“La inclusión de RD en la lista de países bajo el capítulo Cuarto del informe de la CIDH, ha sido sin fundamento y contradice la verdadera situación del nacional haitiano en el país, por lo que el Senado esta compelido a rechazar tal desproporción”.
Y, por el contrario, dice la Resolución aprobada, corresponde felicitar los esfuerzos de leyes, decretos, utilización de cuantiosos recursos económicos y de un amplio personal técnico para regularizar para regularizar una situación que fue creándose durante décadas, al igual como está ocurriendo en otros países con la complicidad de los propios organismos denunciantes y algunos países que hoy levantan acusaciones baladíes. El importante proyecto de Orden Territorial de la autoría de Félix Bautista fue enviado a una comisión bicameral que presidirá Rubén Darío Cruz.
Mientras, los diputados declararon de urgencia, aprobando en dos sesiones consecutivas el proyecto que modifica el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
La iniciativa del Poder Ejecutivo establece que en lo adelante dependerá de la Presidencia de la República, el Despacho Presidencial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y las unidades de asesoría y apoyo técnico que el propio mandatario determine.
También, aprobaron en segunda lectura el proyecto que penaliza la ocupación indebida de los establecimientos rotulados para el uso exclusivo de impedidos físicos, que sometió el legislador Alexis Jiménez.
Y, en primera lectura fue sancionado positivamente el proyecto que modifica la ley que creó el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que deroga la LeyNo.140-13 del 10 de septiembre de 2013, del diputado Elías Serulle, que fija sanción por obstrucción al desplazamiento del personal y las unidades de respuesta.
Señala que toda persona que al momento del personal y las unidades de respuesta desplazarse y presentarse al lugar de una emergencia, obstruya de cualquier forma el trayecto o de manera negligente perturbe el desenvolvimiento de las labores de respuesta, será sancionada.
Entre la sanción establecida en la ley figuran que si como resultado de la obstrucción o la negligencia, resultó imposible salvar una vida humana, el responsable se sancionará con pena de cinco a 20 años de prisión. Finalmente, la presidenta Lucia Medina rechazo designar una comisión para investigar el conflicto surgido entre el diputado por San Cristóbal, Rafael Abreu y un agente del orden, al informar que se reunió “con las partes y llegaron a un advenimiento”.
El proyecto de Extinción de Dominio: el proyecto sobre “Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos”, permitirá la incautación de los bienes y dineros procedentes de actividades ilícitas. La iniciativa, de la autoría del senador Adriano Sánchez Roa, tiene como objetivo el decomisos de bienes y dinero, cuando el individuo sea condenado o cumpla sentencia por estar involucrados en actos ligados al narcotráficos, corrupción administrativa o por lavado de activos. El proyecto establece que aquellas personas que han infringido la ley y obtenido recursos de manera ilícita, no deben volver a sus manos, sino que deben ser incautados por el Estado, porque cumplieron penas o fueron extraditadas por estar involucradas en el narcotráfico, corrupción y lavado de activos.
Por Lilliam Mateo
