EL NUEVO DIARIO, México.- El Senado Mexicano aprobó este miércoles por unanimidad, con 90 votos a favor y cero en contra, la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Con este dictamen se reforman y derogan varias disposiciones del Código Penal Federal, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Extradición Internacional, informó el Senado en un comunicado.
Al presentar el dictamen para su discusión en el pleno, la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que México tendrá un marco jurídico fortalecido que dará una mayor protección frente a la tortura y los tratos crueles.
Las propuestas de la ley van acorde con los estándares internacionales, y si se implementa efectivamente, esta legislación permitirá superar los retos del combate y erradicación de "esta aberrante práctica", señalo De la Peña.
La senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, destacó que esta ley representa una oportunidad histórica para establecer un marco legal eficaz para erradicar estos actos en el país.
Resaltó que datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan que del 2006 al 2015 se recibieron 4.404 quejas sobre trato cruel o degradante. En este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional es la institución que acumula más quejas.
La senadora citó una encuesta del Centro de Investigación de Desarrollo Económico (CIDE) para denunciar que, solo en 2012, el 57 % de las personas detenidas denunciaron haber sido golpeadas durante este proceso, y el 34,6 % dijeron haber sido forzadas a firmar o modificar su confesión.
Esta ley establece los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como las sanciones, las competencias y coordinación de los tres órdenes de gobierno para investigar, juzgar y sancionar, detalló la Cámara alta.
El ordenamiento legal prevé además medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección y reparación que garanticen los derechos de las víctimas.
Con esta ley, aseguró Ortega, la tortura se investigará y se perseguirá "de oficio", y será un delito imprescriptible.
La nueva ley deroga la que estaba vigente en el país desde 1991.
El dictamen de esta norma tiene como origen las iniciativas que presentaron por separado el Ejecutivo Federal y la senadora De la Peña en 2015. EFE
