EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Senado aprobó este martes, en una segunda lectura, el proyecto de ley que busca regular de manera formal el fideicomiso público en la República Dominicana para que así los acuerdos estén organizados, estructurados y cuenten con base legal.
El proyecto que aprobaron los senadores fue enviado por el Poder Ejecutivo ante las críticas que se arrojaron en contra del criticado fideicomiso a Punta Catalina, lo que llevó a que el presidente Luis Abinader engavetara la pieza y propusiera al Congreso una iniciativa para ordenar los fideicomisos que motiva el Estado.
Esta pieza que aprobaron los legisladores contó con el rechazo de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien en voz de Yvan Lorenzo manifestó que el proyecto de fideicomisos públicos busca entregar los bienes nacionales a «un grupo de amigos del Gobierno».
El vocero del PLD dijo en el hemiciclo que la «voracidad» del Gobierno, lo ha llevado a someter un proyecto como el aprobado en primera lectura, para de esta forma supuestamente entregar a un grupo de empresarios los activos del Estado.
En su artículo seis, la pieza deja claro que los fideicomisos sólo serán sometidos en el país si así lo dispone el Poder Ejecutivo mediante un decreto y agrega que los legisladores serán los encargados de revisar los contratos en caso de que se someta alguna enajenación de los bienes del país.
Asimismo, la iniciativa dispone que para todo fideicomiso público deberá existir un comité técnico que lo maneje, un equipo que deberá tener cinco miembros como máximo y que deberá ser conformado mediante decreto presidencial.
También, según el proyecto, los procesos para la selección de proveedores, la adjudicación de contratos relativos, la prestación de servicios y la adquisición de bienes deberá hacerse mediante los estándares de la ley de Compras y Contrataciones Públicas.
La Superintendencia de Bancos queda establecida como la institución pública encargada de velar por todos los fideicomisos públicos y deberá fijar una regulación de políticas, normas, aplicación y supervisión de los convenios.
Este proyecto, estudiado en la comisión de Hacienda del Senado, ahora espera por su aprobación en segunda lectura para luego ser remitido a la Cámara de Diputados.
