Seguimos equivocando las prioridades

Por Francisco Luciano

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es escenario de reiterados conflictos y paralizaciones producto de demandas de reajuste salarial para servidores docentes y administrativos. Este es un fenómeno que se repite con regularidad y que precisamente por lo repetitivo llama la atención de la sociedad que reacciona hastiada ante el mismo.

Las casusas que provocan los conflictos en la Universidad pueden explicarse a partir de la realidad de su escaso financiamiento que se torna más que insuficiente, ridículo, si es comparado con dos parámetros, uno de carácter internacional y el otro de carácter nacional.

Al hacer una comparación entre las asignaciones presupuestarias que reciben las principales universidades públicas en la región de Centro América y el Caribe, nos encontramos con la realidad siguiente:

En Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, UCR, con 44,000 alumnos tiene un presupuesto de US$340.3 millones para una inversión de US$7,727.00 al año por alumno.

En Panamá, la Universidad de Panamá, UP, con 73,203 estudiantes con un presupuesto de US$294.2 millones para una inversión de US$4,018.00 al año por alumno.

En El Salvador, la Universidad de El Salvador con 53,000 estudiantes y un presupuesto anual de US$120.00 millones para una inversión de US$ 2,264.00 al año por alumno.

En Honduras, la Universidad de Honduras con 110,462 alumnos y un presupuesto US$202 millones para una inversión US$1,826.00 al año por alumno.

En Guatemala, la Universidad de San Carlos con 235,000 alumnos y un presupuesto de US$192.8 millones para una inversión de US$820.00 al año por alumno.
Mientras que, en la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, con 203,000 alumnos y un presupuesto de US$157.00 millones para una inversión de US$773.00 al año por alumno.

Como se puede apreciar es República Dominicana el país que tiene la más baja inversión anual por estudiante a nivel de la educación superior en la región, pese a que su economía es mayor en tamaño que la de los demás paises comparados.

El plano nacional resulta doloroso verificar que el Estado gasta sobre los US$4,291 al año en cada presidiario mientras apenas invierte US$773.00 en cada estudiante de la Universidad Estatal En otras palabras, nuestro gobierno gasta 5.5 veces en cada interno o preso que lo que invierte en cada estudiante de la UASD.

El hastío de la sociedad frente a las paralizaciones por mejoras salariales en la Universidad es ajeno a esta realidad y aunque a algunos comentaristas hemos ofrecido los datos con las pruebas irrefutables en las manos, siguen las cornetas atacando a nuestra universidad con argumentos que a todas luces son falsos con el que reza “la UASD recibe un fracatán de cuartos”.

La otra falsedad esgrimida por más de un comunicador, conductor de programa o escribidor de periódicos o en las redes es que “los profesores mejor pagados del país son los de la UASD”., cuando lo cierto es, que es lo contrario, pues están confundiendo valores absolutos con relativos en una expresión de su desconocimiento del significado y alcance de la labor docente. Esto es así, porque mientras un docente de cualquier otra universidad del país trabaja con grupos de alumnos que no exceden los 30 por sección y en condiciones idóneas, los de la UASD deben hacerlo con grupos de entre 70 y 80 en condiciones tan penosas como la de la intemperie.

Es importante saber que la labor del docente no es exclusiva frente a los alumnos y que los maestros deben dedicar tiempo fuera del horario de intercambio directo con estos, para completar el proceso de, seguimiento, actualización, evaluación y calificación, y que ese tiempo es mayor, mientras más grande sea el grupo de estudiantes que tenga por sección, quedando claro que, no se requiere la misma cantidad de tiempo para evaluar y calificar a 60 o 70 que a 25 o 30 estudiantes.

La manera de evitar las recurrentes interrupciones de docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo es asumiendo un pacto donde el Estado, se comprometa y cumpla, a asignar los fondos requeridos para que, así sea, cada dos años los salarios de los docentes puedan ser indexados conforme se comporte la inflación en un acto de justicia y equidad social.

Por Francisco Luciano

Comenta