EL NUEVO DIARIO; PANAMÁ.- El secuestro judicial de bienes del diario panameño La Prensa por una demanda civil de hace 8 años interpuesta por un expresidente ha sido calificada casi unánimemente como propia de un sistema judicial «obsoleto e inoperante» en un «Estado fallido» que amenaza la libertad de expresión
El rotativo panameño informó el sábado de que sus cuentas y acciones por valor de 1,3 millones de dólares fueron inmovilizadas por un juzgado civil en el marco de un litigio civil por daños y perjuicios, admitido en marzo de 2012, en el que el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) reclama 5,5 millones de dólares.
La demanda «se limita a dos publicaciones, del 21 y 22 de marzo de 2011» sobre un caso de presunto blanqueo abierto en 2009 por la Fiscalía, que involucraba a Pérez Balladares por la concesión que dio a una empresa para la explotación de máquinas tragamonedas, el cual fue sobreseído en 2011, en un fallo que fue ratificado en 2017.
La Corporación La Prensa (Corprensa) consideró en un comunicado que el secuestro de sus fondos «reprime» su continuidad operativa, lo que es «un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información».
PANAMÁ DA SEÑAS DE SER UN «ESTADO FALLIDO»
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Panamá dijo este domingo que la medida judicial contra «es señal de un Estado fallido, al impedir la operatividad de los periódicos La Prensa y Mi Diario y dificultar el pago de salarios a 240 colaboradores».
El gremio de periodistas pidió al presidente panameño, Lauretino Cortizo, «que se pronuncie sobre un hecho que claramente atenta contra la libertad de expresión que su gobierno se ha comprometido en varias ocasiones a defender».
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interameriana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, tildó de «medida desproporcionada con impacto en la libertad de prensa» la orden judicial de inmovilizar los fondos de La Prensa.
UNA JUSTICIA INOPERANTE Y OBSOLETA
El presidente del Colegio de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, le dijo a EFE que la controversia desatada por la decisión del juzgado civil es una demostración más de que «la Justicia no está funcionando, no por sus operadores, sino por una estructura y un marco legislativo obsoletos».
El retardo procesal – la acción contra La Prensa se dicta más de 8 años después de admitida la causa – es producto de una estructura en la que faltan jueces para el caudal de procesos, mientras que la calidad de la medida deriva de que ni la legislación ni los jueces han evolucionado en asuntos como la libertad de expresión.
Ciertas empresas «como las que ejercen el periodismos están revestidas de características adicionales a las de una empresa común que requieren de un análisis de proporcionalidad distinto», dijo.
«Lo conflictivo en esta situación no es el acudir a la Justicia, son los efectos que una Justicia tardía produce en los intervinientes», consideró Araúz.
Si bien es cierto agregó, que el expresidente tiene un legítimo derecho de acudir a tribunales, no menos cierto es que al analizar la medida» de secuestro judicial «esta produce una perturbación que pueden causar una limitación al ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión»».
PÉREZ BALLADARES: «SOLO DEFIENDO MI HONRA»
«Yo hubiera querido que (la demanda civil) se resolviera en el 2012, inmediatamente, pero la Justicia anda al ritmo que le parece», le dijo a EFE el expresidente Pérez Balladares.
Negó que el espíritu de su demanda civil, que aún no está resuelta, haya sido afectar las libertades de expresión y prensa y que más bien las defiende, porque «exige que en una sociedad los medios cubran adecuadamente y con certeza las cosas que pasan».
«No veo por qué el defender mi honra al haber sido atacado por ellos, tratando de influir en la decisión del juez de primera instancia en una audiencia preliminar por un caso que me inventó Ricardo Martinelli, que era aliado de La Prensa en ese momento, van a decir ahora que significa de alguna manera ir en contra de la libertad de expresión», afirmó.
Ricardo Martinelli fue presidente Panamá entre 2009 y 2014, es accionista de La Prensa, un diario del que son accionistas buena parte de la ciudadanía panameña, y ha demandado varias veces al rotativo, al que acusa de mantener desde hace años una campaña en su contra.
