El acuerdo entre la Procuraduría General y la Odebrecht para pagar 184 millones de dólares a la República Dominicana por su práctica ilícita de sobornos para conseguir obras del Estado no puede ser una pieza secreta. Mantenerla fuera del alcance de la opinión pública crea suspicacias.
Incluso, el secreto puede reafirmar la idea de que el propósito final ha sido mantener la impunidad y proteger a los involucrados. No hay razones valederas para que el Gobierno proteja más a la empresa autora de los actos ilícitos que a su propia imagen, cuando ha sido ella misma la que ha confesado sus pecados.
El país está demandando poner punto final a una práctica degradante, y mantener en secreto el acuerdo es indignante.