La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela introduce un elemento inaceptable para la democracia. Se ha atribuido el rol del Parlamento, lo que en buenos términos es un golpe de Estado institucional. El primero, controlado por el Gobierno de Nicolás Maduro y el segundo, por la oposición política.
Enfrentados en posiciones radicales el primero ha dado un zarpazo al segundo, cortando una pata en que se sustenta el Estado democrático y así como queda, sólo huele a dictadura. Sin embargo, no es ni siquiera elegante la triste iniciativa que no encontrará validez aún en los mejores aliados de los chavistas.
Es otra metida de pata, pero Venezuela puede salvarse con un diálogo razonable.