Se necesita voluntad política para transparentar las compras y contrataciones públicas

Por Liza Collado lunes 22 de febrero, 2021

Siempre que llega un nuevo equipo los incumbentes quieren dejar como legado algún proyecto que diferencie su paso por las instituciones y marque distancia entre las gestiones anteriores. Sin embargo, la historia nos muestra que la mayoría se queda solo en los anuncios ignorando la institucionalidad.

En el pasado gobierno la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas presentó un anteproyecto de modificación a su ley orgánica, en el que se procuraba eficientizar y transparentar las contrataciones dando mayores oportunidades comerciales a nuestros productores locales, priorizando así las pequeñas y medianas empresas.

Recordemos que es el Estado, responsable de garantizar el correcto manejo de los recursos públicos, por lo que este instrumento jurídico debería incorporar las mejores prácticas, nacionales e internacionales, permitiendo que el incumbente de turno juegue su rol arbitral sin tintes personalistas, políticos o partidarios; sobre todo, sin ceder ante las presiones de los “proveedores de siempre”.

Fue una propuesta incorporar el 40% del presupuesto asignado al sector mujer y las mipymes, estableciendo por ley que sus pagos se deberían realizar en un plazo no mayor a los 30 días, unificando las compras por montos menores a lo establecido exclusivamente para ellos y las personas con capacidades diferentes.

La profesionalización obligatoria de los encargados de compras institucionales y el uso del portal transaccional, es una de las iniciativas atractivas que promovió la pieza porque asegura la designación de un supervisor que gestione el debido seguimiento a los contratos.

En esa modificación se integraron, además, sanciones penales de entre 10 y 20 años, siendo el último la pena máxima, para quienes violen los procesos de contrataciones prometiendo dádivas o comisiones, buscando el favor de un funcionario público. La misma permitiría, que las adjudicaciones sometidas por recursos de nulidad les sean suspendidas inmediatamente las suscripciones de sus contratos por un plazo no mayor a los 10 días laborales.

En aquella ocasión se informó a los ciudadanos que la propuesta fue producto de una amplia consulta entre la sociedad civil, organizaciones empresariales, funcionarios públicos y expertos internacionales. Lo que sí debemos tener preclaro, es que quienes gestionan nuestros recursos saben que no deben intervenir, directa o indirectamente, en la aprobación o celebración de estos compromisos. Hacer negocios con el Estado no es malo, hacerlos desde el Estado sí.

La actual gestión de gobierno a inicios del mes de febrero del presente año presentó junto al Director General de Compras y Contrataciones Públicas, el Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva SAPR; con el que procuran identificar las instituciones que han incurrido en violaciones a la Ley 340-06.

Este sistema de monitoreo y análisis de datos ha sido desarrollado para conocer el estatus de cada proveedor y los contratos que les han sido adjudicados; el historial y comportamiento de las unidades de compras que transan en el portal transaccional, lo que permitirá mayor control elevando los niveles de transparencia en la ejecución del gasto.

El proyecto que se ha definido como pionero, permite analizar el 100% de los procesos de compras según han expresado las nuevas autoridades, identificando aquellos de criticidad leve, intermedia y los de urgencia. Todo esto con el fin de disminuir la colusión y los proveedores privilegiados.

La intención y el contenido de ambos proyectos sin dudas reflejan la posición correcta que debe asumir un tomador un de decisiones responsable, que observa detenidamente los procedimientos institucionales, resguardando los recursos del pueblo. No obstante, ¿por qué es la sociedad quien sigue dando el pitazo de alerta ante las violaciones si tenemos valiosas herramientas?

Se necesita voluntad política para transparentar las compras y contrataciones públicas en nuestro país. Deberá llegar el tiempo en el que se excluyan de los procesos a quienes hayan incurrido en delitos afectando el patrimonio público; se distingan los contratos y procesos de selección, aclarando los términos y definiendo los estados de excepción.

Celebremos que la sociedad dominicana en un ejercicio de hacking cívico haya asumido el rol de veedora de los recursos públicos, obligando a los funcionarios a cumplir.

Por Liza Collado

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