EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Se filtró este sábado en las redes sociales el documento donde se observa la autorización para ofrecer la información financiera de 183 personas, tanto física como jurídica, y donde figuran empresarios y funcionarios del pasado y presente Gobierno, la cual había sido solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca) con fines de investigación.
El listado de los investigados lo encabezan el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, del pasado Gobierno, mientras que de la presente gestión figura Mérido Torres De Jesús, encargado de Titulación de terrenos del Estado, quien aparece entre las personas a las que se les solicitará la información requerida.
La petición hecha por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, y aprobada por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, es para dar curso a la investigación de supuestas maniobras fraudulentas que habrían sido ejecutadas por los imputados y que, de acuerdo al informe, logró estafar con una cuantiosa suma al Estado.
«En el levantamiento realizado por la Contraloría fueron identificados múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros, bajo la modalidad de supuesta deuda pública, por concepto de expropiación de terrenos, por la suma de Catorce mil cien millones de pesos dominicanos (RD$14,100,000,000.00) por acuerdos transaccionales, de los cuales indica el informe, que se pagaron la suma de doce mil quinientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trecientos treinta y nueve pesos con 27/100 (RDS12,540,449,339.27), en un periodo de seis meses, comprendido entre enero a julio del año dos mil veinte (2020)», señala el documento.
Añade que durante la investigación «hemos determinado que la afectación al patrimonio público es muy superior al indicado en el informe de Investigación Especial presentado por la Contraloría General de la República (CGRD y que no solo han utilizado la modalidad de expropiación de terrenos para lograr que el Estado erogue fondos a favor de la estructura de corrupción, sino que es un entramado de corrupción que utiliza distintas modalidades para lograr burlar los controles normativos y obtener los recursos económicos deseados».
Los supuestos terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geografía nacional, entre los que se destacan Higüey, específicamente dentro del ámbito comprendido del área protegida del Parque Nacional del Este, (Cotubanamá); Santo Domingo Este, una de las parcelas donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja marítima del Malecón, Santo Domingo Oeste, dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo y Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.
De igual forma, la investigación presentó de manera detallada una tabla con veinticinco casos en la cual especifica las parcelas identificadas y los montos «afectados por la estructura de corrupción», citando entre ellas el caso expropiación Molinería Oriental, Parcela 115-REF, DC 6, Sto. Dgo., con un monto involucrado de RD$53,895,000.00, caso expropiación La sociedad Comercial Manuel María Velázquez, e hijos., Parcela 37-C Reformada 1, DC 6, DN, con un monto involucrado de RD$361,280,250.00 y el caso de expropiación de sucesores Bernardino Mercedes, Parcela 613, DC32, Boca Chica, con un monto de RD$85.891.050.00.
Modus operandi
Según la investigación, el imputado Donald Guerrero Ortiz creó una estructura gubernamental con la participación de los funcionarios Emilio César Rivas Rodríguez (fallecido), quien fue titular de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, pasado director Nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mecabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mezquita, administrador del Banco de Reservas, y Luis Baldemiro Reyes Santos, Director General de Presupuesto.
Asimismo, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Contralor General de la República, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que se encuentran en subordinados al Ministerio de Hacienda.
De igual manera, continúa diciendo el informe, se identificaron empleados de esas instituciones «que tuvieron participación en los hechos, tal es el caso de Hortensia Arelis Santiago M., analista de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda; Belkiz Tejada Ramírez, Directora Jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales, quien a la vez era responsable de registro y análisis, y Rolando Méndez Morillo, agrimensor de Deuda Administrativa;
También, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, quien desempeñó funciones de agrimensor de Deuda Pública, siendo oficialmente el Coordinador del Plan Nacional de Titulación de la Dirección General de Bienes Nacionales, y quien en la actualidad se desempeña como asesor de Bienes Nacionales: Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes Nacionales: María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoría interna de la Contraloría General de la República y Primo Jiménez Toribio, auditor Contraloría General de la Repúblico», entre otros.
Empresas beneficiarias
La investigación también señala que en el informe realizado por la Contraloría General de la República, la empresa BXT Dominicana, S.R.L. fue beneficiada con RDS4,472.603,285.14 para un 42 % sobre el valor total; Axionova Group. S.R.L con RD$2,024,073,324.34 para un 20%.
Agrega que el señor Pedro María De La Altagracia Veras, «quien figura en todos los libramientos de pagos y cartas convenio, ha sido beneficiario con RDS1,209,165,503.27 para un 11.47%, más RDS162,460,073.62 (correspondiente a pagos por OISOE)».
De igual manera, la empresa Rediux Consulting. S.R.L tuvo la suma de RDS906,186,415.53; Alejandro A. Constanzo Sosa la cantidad de RDS376,791,972.48 y la empresa Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.R.L., representada por Ramón David
Hernández, la suma de RDS133,821.600.00.
Además de los beneficiarios antes mencionados, continúa diciendo el documento, otros casos como los de Wilfredo Castillo, quien además de cobrar honorarios profesionales como abogado responsable de algunos procesos, «también es cesionario por RDS234.536,888.16, más RDS220,190,603.90 por otros conceptos, para un total de
RDS454,727,492.06».
De acuerdo a la investigación, en la totalidad de los casos pagados, los beneficiados constituían un conglomerado de las mismas personas físicas y jurídicas, aun cuando los terrenos estaban ubicados en distintos puntos del país.
Listado de pasados funcionarios que se investigan
Los exfuncionarios investigados por el Ministerio Público son 37 y son ellos Princesa Alexandra García Medina, Rafael Gómez Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Emilio César Rivas Rodríguez, Domingo Enrique Martínez Reyes, Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, Luis Baldemiro Reyes Santos, Simón Lizardo Mezquita, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Efraín Santiago Báez Fajardo, Belkiz Antonia Tejada Ramirez, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, Rolando Méndez Morillo, Álvaro Jiménez Crisóstomo y José Pablo
Ortiz Giráldez.
Asimismo, José Arturo Ureña Pérez, Ramón David Hernández, Ángel Donald Guerrero Ortiz, Yajaira Brito Evangelista, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Luis Miguel Piccirrillo Mecabe, Juan Alexander Tapia Holguín, Claudio Silver Peña, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Alberto Eligio Perdomo Piña, Rafael Gerardo Collado Ventura, Primo Jiménez Toribio, Hortensia Arelis Santiago Mercado de Mora, Ramón Ysaias Pérez Heredia, Licelot Abreu Saldaña, William Antonio Castillo Duenas, Joaquín Ernesto Taveras Cabral, Wilma Esmeralda Rosario Santana, María Altagracia de la Rosa
Hidalgo, Martin Soriano Acosta y Wilfredo Castillo Rosa.
Personas físicas y jurídicas citadas:
