EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, conocerá hoy la solicitud de medidas de coerción a 11 de los 14 imputados en el soborno admitido por Odebrecht, solicitadas por la Procuraduría General de la República –PGR- , mediante la cual podría ordenar la colocación brazalete, presentación periódica, prisión preventiva y arresto domiciliario, especialmente a tres de ellos, por su grave estado de Salud.
De acuerdo a los informes, los abogados de Radhamés Segura, Roberto Rodríguez, Cesar Sánchez y Temístocles Montás, presentarán al juez Ortega Polanco elementos probatorios para sustentar sus petitorios y motivaciones de que les sea aplicado arresto domiciliario.
Clínicamente, los coencartados citados padecen de patologías serias que requieren asistencia especial, por lo que sus defensas técnicas utilizarán todos los mecanismos jurídicos existentes para lograr del juez Ortega Polanco el arresto domiciliario.
Al respecto, el expresidente del Colegio de Abogados –CARD-, Femando Pérez Vólquez, sostuvo que el magistrado Ortega Polanco “es un jurista que sabrá manejar el proceso y a los co-encartados. Ahí se va a demostrar que ellos no representan ningún peligro de fuga y el juez valorará esa ponderación, de sus pruebas y presupuestos, para garantizar al llamamiento de la justicia”.
De su lado, el abogado Miguel Valerio explicó que la etapa de las medidas de coerción es muy subjetiva y que será el juez Ortega Polanco quien evaluará los méritos de los 14 imputados, citando los tres elementos que se toman en cuenta para decidir una medida de coerción: el peligro de fuga, en este caso no, porque les podría ir peor ; entorpecimiento de la investigación, destruyendo pruebas y el el tema de la gravedad del hecho”.
Sin embargo, Rosalía Sosa, dirigente de la entidad Participación Ciudadana sostiene que “existe un evidente interés político de que personas cercanas al Presidente de la República no sean investigadas y posteriormente, acusadas”, por lo que en tal sentido sostuvo que “la investigación no puede ser excluyente”.
“Todos deben ser investigados y si el parámetro es la Declaración Jurada de Bienes habrán muchos funcionarios públicos involucrados por acción o por omisión”, precisó.
En tanto, el diputado Pedro Botello se preguntó : “Quiero saber cuál será el nuevo argumento que utilizará el señor procurador general de la Republica, luego del hallazgo de otros responsables, que fueron excluidos de la lista de los sobornados, pero que es imposible se puedan ocultar durante el proceso de la investigación”.
Para el abogado Carlos Balcácer no todos son culpables, “porque en el soborno no hay ninguna violación grave, no es tan grave porque el sobornante está negociando con Odebrecht como si fuera un calendario de pagos”.
Cuestionarían al MP por instrumentación expediente
Durante el conocimiento de las medidas de coerción se esperan cuestionamientos al Ministerio Público (MP) por supuestamente haber instrumentado “mal” el expediente en el que hace acusaciones que según algunos imputados “son falsas”.
Tal es el caso de Andrés Bautista, cuyo abogado Carlos Salcedo denunció que dicho expediente contiene más de 18 errores que vinculan de forma errónea a su cliente, mientras que el senador Julio César Valentín dijo que se defenderá de las “falsas” acusaciones que le imputa el MP.
Entrevistado, el doctor Marino Elsevif calificó como “un desastre el amasijo de datos mal elaborados por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, contrariando su propio dictamen por notas de prensa y alocuciones supinas”.
Para Elsevif este caso constituye una crisis política por la categoría de los encartados en el expediente.
FTJ: Inaceptables errores del MP
De su lado, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FIJ), Trajano Vidal Potentino, calificó ayer de “inaceptables y preocupantes” los errores que le atribuye al l Ministerio Público en la instrumentación del expediente de Odebrecht.
Consideró Potentini que esta situación contribuiría a desacreditar la justicia y con ello la lucha contra la corrupción, traduciéndose además en una posible impunidad.
No proceden los Habeas Corpus
El abogado del presidente del Partido Revolucionario Moderno –PRM-, Carlos Salcedo, dijo que Andrés Bautista debía estar en libertad y anunció que este fin de semana iba a presentar un Habeas Corpus en favor de su defendido, pero no lo hizo.
Sobre habeas corpus en este caso, el jurista Miguel Valerio, afirmó que presentar ese recurso no procede, porque cuando está abierta la revisión judicial es el juez de instrucción que conoce el arresto.
Dictamen del MP
Los encartados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Juan Temístocles Montás, Cesar Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo De Oleo, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán, Julio Cesar Valentín, Alfredo Pacheco Osoria, Ruddy González y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, deberán cumplir 18 meses de previsión preventiva, según el dictamen alegado por la PGR, basado en el artículo 226 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el juez Ortega Polanco podría aplicar prisión sin fianza, llegar a acuerdos, negociar en los casos de dinero mal habido incautado, acusar a las personas y si el Ministerio Público considera que el imputado no compromete su responsabilidad penal puede hasta archivar el expediente.
Investigadores bajo reservas:
Entre las posibilidades de este martes durante la audiencia preliminar para conocer las medidas de coerción, el Ministerio Publico podría solicitar al Juez Ortega que le autorice la reserva de identidad de uno o varios de sus investigadores cuando ello sea manifiestamente útil para el desarrollo de la investigación, conforme lo establece el artículo 372 del Código Procesal Penal.
Refiriéndose al senador Julio Cesar Valentín, Francisco Álvarez de Participacion Ciudadana, expresó que es a él a quien toca demostrar que ese dinero es legítimo, y si no, se presume ilegitimo.
Aunque el representante de la Sociedad Civil considera que este caso es una gran oportunidad para el pais enderezar el tema corrupción e impunidad y al Sistema de Justicia, advierte que “existe gran peligro porque esa sala penal de la Suprema Corte de Justicia, ahora sin la jueza Mirian German Brito, eso significa que hay un grave peligro. Todos nos conocemos y sabemos que los tres miembros de esa sala fueron designados, puestos dos por Leonel Fernández, y otro, es de la Carrera Judicial”.
