SANA AL MUNDO: Solo falta voluntad

Por Amerfi Cáceres lunes 5 de septiembre, 2022

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define la violencia como el “uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo.

58% de los niños experimentan abusos cada año – suman 99 millones de niños en la Región.

La República Dominicana arrastra muchos desafíos para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia y todo tipo de abuso. La calidad de vida y protección a las menores de edad está contemplado de manera constitucional abarcando los derechos fundamentes de estos.

Son muchas las leyes nacionales e internacionales que han creado una sombrilla de amparo ante el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, pero, aun así, siguen los masivos abusos y explotaciones hacia los más vulnerables e inocentes.

Contar con un sistema efectivo es trabajo de todos, no solo del Estado. Es difícil cuando las políticas públicas no cuentan con la sociedad para desmembrar el cáncer de afectación y maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes dominicanos. Con la existencia de la Constitucionalidad, la Ley de Protección de la niñez y adolescencia, los Convenios y Tratados Internaciones, como también las entidades gubernamentales, privadas e internacionales, está demás decir que contamos con las herramientas necesarias en contra de la violencia que afecta a los niños, niñas y adolescentes, pues donde radica su debilidad es en la no existencia de un sistema efectivo.

Las políticas públicas y las normativas jurídicas son las encargadas de mediar y castigar a aquellos que afectan y solapan la inocencia de la etapa más apreciada de la vida, la niñez. Estas políticas públicas creadas por el Estado con el solo fin de un sistema efectivo para erradicar la violencia que azota a los niños, niñas y adolescentes del país, solo y solo cumplirán con sus objetivos cuando, todos, pero todos, luchemos por hacerlo cumplir.

Según el informe final de la encuesta ENHOGAR-MICS 2019, encuesta que se realiza cada cinco años, siendo la fuente de datos más importante y fiable para República Dominicana sobre los derechos de la infancia, implementada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) con el apoyo técnico y financiero de UNICEF, la cual incorpora expertos internacionales en los temas analizados, arrojó que el 63.5% de niños y niñas entre 1 y 14 años ha experimentado un método de disciplina violenta, aumentando esta cifra a 70% en el grupo de 3 a 4 años.

De enero a octubre de 2021, en los hogares de paso de Conani,  ingresaron 1,051 niños, niñas y adolescentes: 717 de nacionalidad dominicana, 319 de ascendencia haitiana y 15 pertenecientes a otras nacionalidades. Este total incluyó además de los casos de abandono, casos de agresión física, agresión sexual y otros actos de violencia en perjuicio a menores. De estos 1,051 niños, 98 fueron recogidos específicamente por casos de abandono. Unos 33 lograron reunificarse con su familia de origen o ser adoptados, y quedaron activos 65 casos.

De estos 65 casos, el 60% pertenece a niños dominicanos que han sido abandonados principalmente en hospitales, basureros, parques y paradas de autobuses. El 38 % corresponde a niños de ascendencia haitiana.

La tramitación de una adopción en República Dominicana es un proceso sumamente complejo y con requerimientos burocráticos que rondan entre los RD$250,000 y RD$500,000.

La Ley 136-03, en su artículo 11, define la naturaleza de la adopción como “una institución jurídica de orden público e interés social que permite crear mediante sentencia rendida al efecto, un vínculo de filiación voluntario entre personas que no lo tienen por naturaleza”. Por tal motivo y de conformidad con el espíritu con que dicha ley fue creada se deben reducir las barreras burocráticas que pueden desanimar a aquellos que reúnen las condiciones necesarias para dar cobijo a los más vulnerables.

 

POR AMERFI CÁCERES

La autora es periodista, locutora, licenciada en Leyes, y líder comunitaria.

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