Las declaraciones del día de ayer del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, es el final de la lluvia de especulaciones que ha desatado la publicación en la pagina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de un acuerdo entre Odebretch y las autoridades de esa nación, donde esta admite haber pagado sobornos en diversos países de América Latina y África.
Según Rodríguez, Ángel Rondón, quien fue interrogado por mas de 13 horas en la PGR, confirmó que fue el, en su condición de representante de esa compañía brasileña en el país, quien recibió los 92 millones de dólares de que habla el expediente de la justicia norteamericana, solo que esto fue pagado por sus servicios a través de un contrato de representación comercial, nunca para pagos de sobornos.
A partir de estas afirmaciones, y conociendo al detalle lo que describe el documento firmado por Odebretch como acuerdo con los Estados Unidos, donde se acepta la culpa, y se compromete a pagar una multa billonaria, podríamos decir que en lo que corresponde a la República Dominicana, las acusaciones entrarían en un callejón sin salida donde a nadie mas se podrá, so pena de violar sus derechos ciudadanos, convocar para continuar una investigación.
Esto lo decimos porque existe una gran diferencia entre lo que admite la empresa ocurrió Angola, Colombia, Ecuador, Argentina, Mexico, Peru, Panama y Mozambique, frente a lo que dicen ocurrió en República Dominicana y Venezuela; en cuanto a las vías usadas para entregar lo que denominan sobornos y las personas que están involucradas en los hechos.
En el grupo de los primeros países, marcados con los números 54, 57, 61, 67, 70, 73, 76, 79 y 82 del expediente, en todos los casos la empresa afirma haber entregado diferentes sumas de dinero a funcionarios públicos, parientes de funcionarios o haber tenido reuniones con funcionarios de gobierno para conspirar en cuanto a la entrega de los sobornos.
Solamente en los casos de República Dominicana y Venezuela, marcados con los números 64 y 86, dice Odebretch que los pagos se hicieron a un intermediario, y en el caso específico de la República Dominicana, dice textualmente que entregó el dinero ¨en el entendido de que el intermediario pasaría los fondos, en parte, a funcionarios de gobierno¨.
Es decir, Odebretch nunca confesó haber hecho tratos con funcionarios de la República Dominicana, lo que dice en el expediente es que usó a una persona, que dice ser intermediario, para que supuestamente entregara los mencionados 92 millones de dólares a personas que ejercían una función pública.
Esto quiere decir, que la única persona que podría comprometer nombres de funcionarios o ex-funcionarios del estado dominicano, si es que el soborno existió, es ese intermediario, a quien se le puso nombre y apellido y se llama Angel Rondón, y este, según el Procurador, cuando se le interrogó, dijo que recibió el dinero, pero que fue como pago de honorarios profesionales en su condición de representante de la empresa Odebretch.
Todo lo descrito se desprende de una lectura cuidadosa del expediente, al cual cualquier persona interesada puede accesar en la pagina web del US Departament of Justice, lo que quiere decir que si Rondón puede demostrar el ingreso de esos fondos a sus cuentas, el uso que les dio y la forma en que los gastó o invirtió, ahí mismo se cierra el expediente.
El único camino que tendría el país sería hacer una evaluación de las obras, tratar de demostrar que están sobrevaluadas, y en caso de que esto se demuestre, entonces proceder a reclamar el pago a Odebretch por las vías legales, lo que significaría entrar en un juicio largo y costoso con un resultado incierto.
Por esto la mejor salida a este tema sería lograr un acuerdo económico amigable con Odebretch, lo que ya se ha hecho en otros de los países mencionados, porque por mas vuelta que le den, nunca esa compañía confesó haber tratado con funcionarios de ningún nivel del gobierno dominicano, todo se quedó en un intermediario y eso es un callejón sin salida.
Por Humberto Salazar