EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, admitió este miércoles que las leyes de partidos y electorales son débiles porque no dan al órgano comicial controles para sancionar los recursos ilícitos provenientes del narcotráfico que pudieran recibir los candidatos a puestos congresuales y municipales.
Jáquez explicó que estas leyes depuran a los candidatos pidiendo documentaciones de pagos impositivos, certificados de buena conducta, registro de no antecedentes penales y otros requisitos que muchos postulantes cumplen con transparencia, sin embargo «el problema está después con los recursos que reciben como contribución privada y que provienen de acciones ilícitas» ya que este aspecto no está penalizado en ninguna ley.
«Pueden recibir fondos del narcotráfico o del crimen organizado, por ejemplo, pero nada de eso está sancionado aunque el candidato haya cumplido con todos los requisitos», se quejó el presidente de la JCE agregando que ha remitido al Congreso Nacional varias reformas para regular el dinero que reciben los aspirantes y así evitar que el narcotráfico penetre en la política.
Sus aseveraciones las hizo en una visita que realizó al presidente del Senado, Eduardo Estrella para tratar la modificación al registro civil. Antes de su encuentro, Jáquez expuso que aunque la ley establece topes para los financiamientos de campañas políticas, no impone sanciones para el origen de los recursos.
«Puede ser que un ciudadano llegue a ser candidato y cumpla con todo, el problema viene después», reiteró el funcionario electoral y pidió al Congreso Nacional que «preste especial atención a este tema» del que ya la Junta ha fijado posición y soluciones enviando propuestas para modificar las leyes.
En cuanto a la ley de partidos y agrupaciones partidarias, Jáquez sostuvo que la JCE propuso la modificación de alrededor de 40 artículos que impactarán el régimen electoral, los topes de campaña, infracciones los días de votaciones y fiscalización de los fondos.
Sobre la ley de régimen electoral, el presidente de la JCE propone el cambio de 67 artículos y la modificación de todo un capítulo para la creación de un Ministerio Público Electoral que tenga independencia en cuanto a la prevención de delitos y que rinda informes a la procuradora.
También, esta creación de un Ministerio Público Electoral contempla la asignación de fiscales electorales en cada demarcación que sean convocados por concurso y, a decir de Jáquez, esta propuesta fortalecería los procesos electorales que se ejecuten en el país.
El presidente de la JCE externó estos argumentos por las revelaciones que ha hecho el Ministerio Público sobre algunos legisladores actuales que supuestamente están involucrados en la Operación Falcón, una indagatoria de narcotráfico que busca desmantelar una red que negociaba con drogas en el país y en el exterior.
Según el Ministerio Público, estos legisladores recibieron fondos del narcotráfico para sus campañas políticas, un aspecto que las leyes no penalizan y que es común entre los candidatos a puestos electivos.
