EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES, EE.UU.- Riot Games, responsable de videojuegos como «League of Legends», anunció este martes que llegó a un acuerdo por el que pagará 80 millones de dólares para poner punto final a una demanda colectiva por discriminación sexual en el seno de la empresa.
Además, Riot Games dijo en un comunicado publicado hoy en su web que pagará otros 20 millones de dólares en honorarios de abogados y otros gastos.
El acuerdo del que se beneficiarán tanto antiguas empleadas que trabajaron para la compañía desde noviembre de 2014 como personas que actualmente forman parte de la plantilla, tiene que ser aprobado por los tribunales de California (EE.UU.), donde Riot Games tiene su sede.
Riot Games también aceptó que sus procesos de presentación de informes internos y de igualdad salarial sean vigilados durante un periodo de tres años.
La demanda fue inicialmente presentada en 2018 por dos empleadas de la compañía que acusaron a Riot Games de discriminación sexual y acoso.
La compañía reconoció en una declaración de su consejero delegado, Nicolo Laurent, que «no siempre» ha hecho gala de sus principios y que hace tres años decidió «disculparse, corregir el rumbo y edificar un Riot mejor».
El equipo directivo de Riot Games añadió que espera que el acuerdo «reconozca de forma apropiada a aquellos que tuvieron experiencias negativas en Riot» y demuestra el deseo de la compañía de «liderar con el ejemplo» para que haya una mayor igualdad en el sector de los videojuegos.
Pero el comunicado también señala que la demanda colectiva que se inició en 2018 se centra en «la presunta» discriminación y acoso en Riot.
Inicialmente, las autoridades de California exigieron el pago de una indemnización de 400 millones de dólares para las empleadas de la compañía, pero Riot ha estado negociando con vistas a rebajar la cifra. La empresa había ofrecido pagar solo 10 millones de dólares.
En enero de este año, el propio Laurent fue demandado por una empleada, Sharon O’Donnell, por acoso sexual, pero en marzo una investigación realizada por la compañía concluyó que no había pruebas del hecho denunciado.
