Los cambios y transformaciones en el ámbito educativo son procesuales, no mecánicos ni repentinos. Una revolución educativa no se decreta, se va construyendo y acicalando ascendentemente.
Desde el 1992, cuando se puso en vigencia el primer Plan Decenal de Educación hasta la fecha, hemos tenido progresos importantes en materia educativa.
Veinticinco años después de las grandes reformas paridas por ese plan de desarrollo sectorial de la educación, los avances son fundamentalmente cuantitativos, persistiendo los mismos rezagos cualitativos.
En materia de calidad es donde venimos reprobando año tras año, conforme las mediciones cualitativas nacionales e internacionales a que somos sometidos en el ámbito pedagógico. Nuestros estudiantes acaban de reprobar las pruebas PISA, fracaso que pone al descubierto las lagunas de nuestros alumnos en las áreas de ciencias, matemáticas y lenguaje. Con resultados tan adversos, reprobaron no solo los estudiantes, sino también los profesores/as y todo el sistema educativo dominicano.
El hecho de que tengamos hoy un mayor presupuesto no es indicador absoluto de que habrá un cambio educativo en el país. Hay que enfocar muy bien la inversión hacia políticas y programas que tiendan a elevar la calidad de la educación, donde la figura del profesor/a alcance un rol fundamental.
El cuatro por ciento que se destina actualmente a la educación inicial, primaria y secundaria solo prioriza la construcción de infraestructura escolar y aún no atiende, como elemento central, el acompañamiento de la gestión pedagógica.
En el caso de República Dominicana, una política de calidad de la educación debe enfocarse en el salón de clase. En ese sentido, hay que monitorear cuáles contenidos está enseñando el/la maestro/a en el aula; si el/la docente se apega a guiarse por el currículo oficial y su cumplimiento; verificar las estrategias, técnicas y métodos de enseñanza que aplica; constatar los medios y recursos tecnológicos que utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje; cuales instrumentos e indicadores de evaluación implementa y las innovaciones que introduce, entre otros factores.
Otro lastre del sistema educativo dominicano es su alta politización administrativa. La nómina del Ministerio de Educación ha sido llenada por la clientela del partido en el poder. Se sabe de miles de maestros que cobran sin trabajar, lo mismo de “compañeros” de la base tragándose un porcentaje importante del presupuesto.
En escuelas de menos de trescientos estudiantes, hay nombrados diez y quince maestros de educación física, ocho y diez orientadoras y hasta setenta conserjes, pero solo trabajan dos o tres. Los otros solo cobran.
Igualmente, en la perspectiva de elevar la calidad de la gestión pedagógica y administrativa, la figura del director de una escuela no puede ser el/la maestro/a más “político”, el “más enllavao” o el “más viejo” en el centro escolar, sino un ente con formación en gerencia y administración, que oriente la gestión del centro que dirige –didáctica y administrativamente- hacia resultados óptimos.
Para elevar la calidad administrativa y académica, una reforma pendiente debe enfocarse en la movilidad del personal directivo de las escuelas. En un centro escolar el director/a no puede ser un funcionario para la eternidad.
Debe crearse un mecanismo de medición de su desempeño y a partir de sus resultados, establecer incentivos a su favor o su traslado a otro establecimiento escolar u otra labor en el sistema.
Finalmente, no existe un sistema de consecuencias para los actores del sistema educativo que hacen mal su trabajo. Nada sucede si un profesor/a incumple en sus funciones. A veces, el mal maestro resulta premiado al ser trasladado a la zona urbana o ascendido a “Asesor Técnico” de un Distrito o de una Dirección Regional del Ministerio.