La decisión de la Junta Central Electoral (JCE), tras calcular la proporción de votos en las pasadas elecciones presidencial y congresual, estableciendo el posicionamiento de los partidos políticos en la boleta y calificándolos para la asignación de los recursos económicos, requerirá de una revisión bien ponderada.
Lo será por el espíritu democrático que animó ese acuerdo político que se convirtió en una disposición legal, aunque con muchos márgenes para las interpretaciones. Y también porque, tal como lo han anunciado, algunas de las organizaciones perjudicadas actuarán, primero ante la propia JCE y luego en los tribunales.
Además, el voto disidente de la doctora Dolores Fernández en el pleno amplía aún más esa necesidad, pues es obvio que han tenido más de una opción para decidir. Y el espíritu democrático del origen de la ley objeta que se priorice la más conservadora de las opciones a considerar.
Al menos, debemos quedar claramente convencidos de que se hace lo justo.