Retos para las nuevas autoridades

Por Enrique Aquino Acosta martes 1 de septiembre, 2020

En vista de que la Biblia enseña que las autoridades son establecidas  por Dios,  los gobiernos de las naciones no pueden ser la excepción y deben gobernar y servir al pueblo como colaboradores suyos y conforme a  su divina voluntad (Jeremías 27:5-6 y Romanos 13:1)

Por eso, el Presidente  y  la Vicepresidenta de la República electos y las demás autoridades designadas juraron y se comprometieron a cumplir y hacer cumplir el Artículo 127  de  nuestra Constitución, el cual expresa: “Juro ante Dios y ante el Pueblo, por la Patria y por mi honor cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y cumplir fielmente los deberes de mi cargo”

El citado artículo representa los grandes retos y compromisos que tienen por delante las nuevas autoridades. En primer lugar, el señor Presidente de la Republica, Luis Abinader,  tiene el sagrado compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país y en segundo lugar,  sus funcionarios civiles y militares y la ciudadanía en general.

En ese sentido, el  Presidente de la República debe defender nuestra soberanía e independencia territorial y la política económica y social del país, frente a cualquier interés extranjero contrario al  de la nación dominicana. Asimismo, debe respetar  y  garantizar el ejercicio de los  derechos  y  libertades que el pueblo dominicano ha conquistado: el derecho a la vida,  a la salud, al trabajo, a la educación,  a  la protesta pacífica, entre otros, y respetar  y  garantizar que los ciudadanos y ciudadanas expresen y difundan sus ideas políticas o religiosas libremente.

También hay un asunto importante que el ciudadano Presidente de la República debe evitar: dedicarse a pagar favores  económicos  o  políticos que les hayan hecho sus adeptos, en lugar de concentrarse en cumplir los deberes de su cargo. La misma responsabilidad tienen sus colaboradores. ¿Por qué? Porque así lo ordenan la Constitución y las leyes del país, las cuales derivan  sustancialmente de la vigencia permanente de los Mandamientos de Dios (Éxodo 20:7-8)

De igual modo, las autoridades judiciales tienen el deber de juzgar y no declarar  culpable al inocente ni inocente al culpable. Por  eso, deben investigar, perseguir, juzgar y condenar a los funcionarios del pasado gobierno que exhiben riquezas que sean producto de los actos de corrupción que cometieron, mediante el robo de los fondos públicos  o usaron su cargo  para obtener beneficios  económicos  para sí mismos o para terceros. Asimismo, deben proceder con los funcionarios del actual Gobierno, que incurran en esos y otros actos deshonestos (Por favor, lea el artículo 146 de la Constitución Dominicana)

También se debe aclarar, que la corrupción se refiere a cualquier tipo de fraude que se cometa en una institución pública o privada para obtener dinero, bienes o servicios, evitar pagos o conseguir ventajas personales o grupales. De ahí que, la práctica de la misma sea la  causa principal del nivel de pobreza que padecen los países pobres.

Por eso, el reto de las actuales autoridades judiciales debe ser combatir la corrupción administrativa en cualquiera de sus modalidades y  condenarla, para que no haya impunidad. Si no lo hacen continuaremos con el mismo mal vestido con traje de otro color.

En lo que concierne a las autoridades legislativas, tienen el deber de acusar de faltas graves a los  funcionarios  públicos que fueron electos por el voto popular en las pasadas elecciones, pero renunciaron a sus funciones legislativas para ocupar cargos en instituciones del Gobierno. También deben elaborar, someter y aprobar proyectos de leyes que beneficien  a la mayoría de la población y no a grupos privilegiados.

En términos generales, el  gran reto de las nuevas autoridades es realizar el cambio que prometieron a la sociedad dominicana, mediante la reducción  y  eliminación progresiva del contagio de la enfermedad del Covid 19, el fortalecimiento de la economía y lograr que la población tenga confianza en los funcionarios que administran los bienes y servicios del Estado.

También tienen la obligación de garantizar la seguridad ciudadana que  tanto necesitamos, organizar el tránsito, mantener las conquistas del pasado gobierno, corregir lo que hizo mal  y  hacer todo lo que sea necesario para bien del país.

Para tales fines, el trabajo que realicen los funcionarios públicos debe ser eficiente y eficaz. Será eficiente, si administran y  usan los recursos que reciben de manera honesta, objetiva, transparente, oportuna, económica y justa. Y, será eficaz, si satisfacen las necesidades de la población, si llenan sus  expectativas y  ayudan al cumplimiento de los objetivos del desarrollo nacional.

En vista de lo expresado, cada dominicano  o dominicana debe cumplir con el deber patriótico de vigilar  las  actuaciones  del  Presidente de la República  y  la de los demás funcionarios civiles y militares, sin  mirar el rango o posición que ocupan. ¿Para qué?  Para determinar si trabajan conforme a  lo que ordenan la Constitución y  las leyes del país y saber si lo hacen  de manera eficiente  y eficaz.

Como señalara el honorable ciudadano Presidente de la República, Luis Abinader, esas legítimas aspiraciones se convertirán en realidad, si las nuevas autoridades ven las instituciones del Estado como oportunidad  para servir al pueblo y no como oportunidad para el enriquecimiento ilícito. De esa manera, la población podrá valorar su gestión como positiva cuando salgan del poder.

 

 Por: Enrique Aquino Acosta

 

Comenta