Una cuestión fundamental en la prospectiva de construir un modelo de calidad del sistema educativo dominicano lo constituye lograr una óptima profesionalización de los/as maestros/as, responsables de la tarea de conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para conseguirlo, es necesario fundar un nuevo paradigma de formación docente, que debe iniciar con transformar los planes de estudios de las carreras pedagógicas ofrecidas por nuestras universidades.
Aunque se soslaye del debate, las universidades no están indemnes de culpa de las falencias del sistema educativo, porque son ellas las que forman los/las profesores/as que a su vez forman los niños y jóvenes dominicanos.
Las universidades privadas, en una inexcusable perspectiva mercantilista, reabrieron sus departamentos de pedagogía ofertando carreras con salidas magisteriales con tan pobre pertinencia, idoneidad e innovación, que los egresados exhiben escasísima profundidad cognitiva.
Las instituciones de educación superior son formadoras de formadores, por lo tanto sus deficiencias en la capacitación docente, son especialmente prohijadoras de la crisis educativa vigente, delatada por el bajo desempeño de nuestros estudiantes en las mediciones cualitativas en las áreas de Matemáticas, Ciencias y Lengua Española, como hace poco develó Pisa. Profesores mediocres reproducen estudiantes mediocres.
Un reto de las universidades es reconstruirse, transformándose en centros de innovación pedagógica. A tono con esto, resulta trascendente la norma aprobada por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT), que establece un examen de admisión para el ingreso a las carreras pedagógicas y la elaboración de un programa de formación docente integral y sistemático con una duración de cuatro años y un mínimo de cuatro días presenciales por semana, cuestión que solo se está cumpliendo en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y en poquísimas universidades privadas.
La nueva normativa del Mescyt exige a las universidades disponer de plantas físicas adecuadas, con laboratorios especializados en ciencias, bibliotecas bien equipadas, redes tecnológicas con acceso a bancos de datos especializados, actualización de los materiales didácticos, servicios de tutorías, orientación, actividades científicas, culturales, deportivas, entre otras.
Asimismo, el Mescyt impuso un sistema de evaluación del dominio de competencias y aprendizaje de los estudiantes, como las tasas de retención y aprobación, el flujo de egresos, entre otros, y en una lógica atinada, dicho ministerio se autoerigió como el ente responsable de monitorear el proceso de formación docente para garantizar su calidad.
En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien tiene la mayor matrícula de estudiantes de ciencias pedagógicas -treinta mil alumnos-, estas normativas son letra muerta. Los nuevos planes de estudios no se han puesto en vigencia debido a las tensiones internas y a la crisis de liderazgo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la academia estatal.
Frente al inocultable deterioro cualitativo, está pendiente que las universidades dominicanas, hagan un mea culpa.
En otro orden, un aspecto fundamental pendiente en la perspectiva de la calidad de la educación, es lograr el involucramiento de los padres, madres y/o tutores en la educación de sus hijos/as y en la gestión de los centros educativos. Salvo en el sector privado, los padres envían sus hijos a la escuela y se olvidan que deben y tienen que colaborar acompañándolos en su proceso instruccional. En el sector público, ahora con la jornada de tanda extendida, es más visible que los padres le están dejando todas las responsabilidades formativas al/la maestro/a y esto tiene que ser revertido si queremos una genuina calidad de la educación.