“Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”. Oliver Wendell Holmes
La República Dominicana se encuentra entre las economías latinoamericanas de mayor crecimiento en los últimos años. Los niveles de expansión económica del país, desde el 2014 hasta el 2016, han sido los más altos de toda la región, alcanzando en promedio el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB). Y en el 2017, a pesar de una importante ralentización de la producción de bienes y servicios en los primeros 3 trimestres del año, la economía nacional aumentó un 4.6 %.
Cabe destacar que este resonante e irrefutable crecimiento económico, ha venido acompañado por una política monetaria eficiente y activa que, por momentos, pareciera ser la “varita mágica” del Estado dominicano para mantener la estabilidad macroeconómica. A esto, entre otras razones, se debe la baja inflación y la estabilidad cambiaria que ha caracterizado este ciclo positivo de la economía dominicana.
Sin embargo, no obstante el buen desempeño económico de esta nación caribeña, sus indicadores de pobreza y desigualdad se mantienen en niveles relativamente altos. Acorde a fuentes oficiales, un 30.5 % de los dominicanos viven sumidos en la pobreza y un 6.4 % se encuentra en un estado de pobreza extrema, la distribución de la renta es sumamente desigual (GINI de 0.4683), los salarios reales se han estancado en las últimas 2 décadas y, la deuda pública sigue aumentando debido a los continuos déficits fiscales que se han sucedido ininterrumpidos desde el 2007 hasta la fecha.
A propósito de esto, es importante señalar que este creciente endeudamiento público persiste principalmente porque, a pesar de contar con un contexto económico favorable, la capacidad recaudatoria del Estado se ha mantenido en niveles relativamente bajos. La presión tributaria de República Dominicana (Relación entre recaudación de impuestos y PIB) en el período 2004 – 2014, en promedio, fue de apenas un 13.4 % del PIB, inferior al promedio de la región. Lo que muestra una clara incapacidad estatal de capitalizar al máximo el aumento de la producción nacional en favor de las finanzas públicas que, a su vez, siguen peligrosamente deficitarias, lo cual es sencillamente insostenible y su permanencia en el tiempo podría comprometer la salud financiera del Estado y la estabilidad macroeconómica. Por consiguiente, es fácil entender que el principal reto del gobierno en materia económica, es mejorar la eficiencia fiscal e incrementar los ingresos.
En este sentido, el Banco Mundial, emitió recientemente una serie de oportunas recomendaciones a través del informe: “Hacia un sistema tributario más eficiente en República Dominicana”. Este documento plantea intervenciones en 3 áreas fundamentales de la política impositiva del Estado: 1) “Seguir mejorando la gestión y reducir el fraude fortaleciendo la utilización de la tecnología de la información para reforzar la administración tributaria”; 2) “Modificar los incentivos fiscales para las empresas y reducir las exenciones al ITBIS para incrementar los ingresos públicos” y 3) “Ampliar la base impositiva”.
En términos más simples, las recomendaciones del informe establecen parámetros que permitirían una política fiscal al servicio del desarrollo y la productividad, con un ordenamiento tributario más justo que incentivaría la formalización de amplios sectores económicos, penalizaría a los grandes evasores, aliviaría la alta carga tributaria de la clase media y haría posible la creación de una estructura fiscal progresiva donde los que ganen más, paguen más.
Estos grandes cambios serán posibles, si y solo si, desde el poder terminan de entender – más allá del costo político o la conveniencia coyuntural – la imperiosa y casi ineludible necesidad de generar una verdadera revolución fiscal que, mediante un gran pacto nacional, sirva de garantía para mantener la estabilidad y el crecimiento sostenido de la economía nacional.