En vez de llamar a la JCE a respetar la voluntad del pueblo y, por consiguiente, a respetar la Constitución dominicana y su propio ordenamiento jurídico – ley orgánica y reglamento de aplicación de la misma, la Conferencia del Episcopado y el empresariado se han ido por la tangente o han invertido la torta y le están pidiendo al pueblo dominicano que respete al órgano electoral que le acaba de dar la puñalada trapera al tener éste responsabilidad total en el crimen electoral cometido.
La actitud de la Conferencia del Episcopado y del empresariado es realmente contraproducente y totalmente contraria al buen saber, al buen decir y al buen hacer.
Pero aparte del fraude colosal que ha habido contra Leonel, los actores políticos tienen derecho a hacer reclamos y a interponer cualquier pedimento ante el órgano electoral encargado de organizar y arbitrar las elecciones.
Esos derechos que tienen los actores políticos -partidos, movimientos y agrupaciones políticos- están consagrados en la Constitución y en las leyes adjetivas de la República.
Ejercer esos derechos de manera pacífica, ordenada y civilizada por parte de los actores políticos no atenta contra nadie y mucho menos contra la paz.
Antes al contrario, eso es parte del juego democrático, fortalece la institucionalidad y es muy conveniente al desarrollo institucional de una nación.
¿Y cómo creen la Conferencia del Episcopado y el empresariado del país que el pueblo y los actores políticos afectados se van a quedar cruzados de brazos ante un fraude colosal y un crimen electoral de la magnitud del que se ha cometido en República Dominicana en las primarias abiertas del PLD celebradas el domingo 6 de Octubre de este año 2019?
El Art. 211 de la Constitución establece lo siguiente: Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.
El desastre que hubo en las primarias del 6 de Octubre con el voto da cuenta fehacientemente que la misma JCE no cumplió con las condiciones de transparencia, equidad y objetividad en cuanto a la aplicación del sistema o procedimiento de voto automatizado, que, además, se asume como un proyecto o plan piloto en el reglamento de aplicación de la JCE.
Tampoco las juntas electorales cumplieron con esas condiciones de transparencia, equidad y objetividad ni en la emisión del voto electrónico ni en los cómputos de los votos electrónicos y de los votos manuales.
La Junta Central Electoral y las juntas electorales rompieron todos los parámetros que impidieron que ellas cumplieran fielmente con las condiciones de transparencia, equidad y objetividad.
La JCE y las juntas electorales no hicieron nada para impedir las compras masivas de votos por parte de Gonzalo y en diferentes puntos de la geografía nacional se les permitió a ciudadanos votar sin estar inscritos en el padrón de cada una de esas mesas electorales.
Entonces, señores obispos y empresarios, ¿hay razones o no para que haya una protesta permanente del pueblo y de Leonel frente al fraude y al crimen electoral cometido?
Las razones para protestar están ahí al por mayor y detalle: solo un degenerado total no protestaría ante esa vulgar ignominia y grosera vulneración de la voluntad popular.
Pero no obstante el desastre del fraude y del crimen electoral cometido, con la responsabilidad total de la JCE y las juntas electorales, Leonel Fernández ganó con muchos votos a pocos!
Solo la vulneración total de la voluntad popular explica lo inexplicable: Gonzalo arriba con unos puntitos gracias a la magia del fraude electrónico colosal.
Sigo preguntándoles, señores empresarios y obispos, ¿hay razones para protestar o no?
Las razones para protestar están totalmente avaladas por la Constitución y por la legalidad establecida en nuestro país. En otras palabras, mientras las torcidas e incorrectas acciones de la JCE y de las juntas electorales se colocan fuera de la Constitución y de la legalidad establecida –del orden jurídico y del Estado de derecho- las protestas contra el fraude electoral colosal y el crimen electoral cometido sí se enmarcan totalmente dentro del orden constitucional y legal y por tanto dentro del Estado de derecho vigente en nuestro país.
Ahora veamos qué establecen la ley 33-18 y el reglamento de aplicación de las primarias.
El numeral 1 del Art. 13 de la ley 33-18 establece taxativamente en cuanto a las atribuciones de los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos lo siguiente: “Defender la democracia, la Constitución y las leyes, la soberanía nacional y la independencia de la República, los derechos humanos y la paz ciudadana.”
Si se produce un fraude electoral, que tiene todos los visos y características de un crimen electoral, lo más natural es que el partido o el líder afectado haga uso de la Constitución, de las leyes, es decir, del Estado de derecho y de la misma democracia para hacer sus reclamos, en el ejercicio de sus derechos, para defender la voluntad popular que ha sido vulnerada.
Y lo lamentable del caso es que la JCE tiene una responsabilidad total directa en el fraude electoral, el cual alcanza la categoría de crimen electoral.
Y la responsabilidad es total por las siguientes razones:
- En las primarias abiertas del PLD no hubo ni transparencia, ni equidad ni objetividad como establece el Art. 211 de la Constitución de la República.
- La JCE no cumplió con hacerle una auditoría a los equipos y al software a usar en la aplicación del voto automatizado. Esa auditoría tenía que hacerse semanas antes de la celebración de las primarias el domingo 6 de Octubre.
- El voto automatizado se asumió como plan piloto en las disposiciones reglamentarias internas de la JCE con el apoyo de los partidos, pero la aplicación de ese plan piloto estaba sujeto a que se hiciera la auditoría semanas antes.
- La JCE no permitió que los votos se computaran en las mesas electorales, lo cual vicia la autenticidad y credibilidad de todo proceso electoral.
- La JCE violó el Art. 41 del reglamento que norma las primarias que establece lo siguiente: “La instalación de los centros de votación será a partir de las 7:00 a.m. y la votación se iniciará a las 8 a.m. y concluirá a las 4 p.m…..” Y la JCE violó este reglamento porque todavía a las 10 y a las 11 de la noche se estaba votando en el Sur, en el Este y en el Norte.
- Otra flagrante violación cometida por la JCE fue que ella misma comenzó a transmitir a las 4 de la tarde los resultados electrónicamente al país cuando las mesas electorales estaban abiertas, lo que significa que éstas estaban lejos de iniciar la parte concerniente a la preparación y levantamiento de actas.
- Otra violación fue que se hicieron transmisiones electrónicamente a la JCE desde celulares.
Hay que subrayar que el gobierno de Danilo tiene su mano larga metida en la ejecución de fraude electoral colosal y, por consiguiente, de este crimen electoral cometido por Gonzalo, el cual ha sido certificado y avalado ilegalmente por la JCE.
Frente a esta tétrica y tenebrosa realidad electoral, carece de total veracidad lo que dicen algunos desorejados y fanáticos, por no decir degenerados, comprados por el gobierno de que Leonel está ejerciendo “el derecho al pataleo.”
No, la lucha de Leonel y del pueblo en defensa de la voluntad popular es en total defensa de la Constitución, de las leyes, del Estado de derecho y de la democracia en nuestro país.
Los que han enlodado y ensuciado la Constitución y las leyes del país son los otros actores en el proceso como si el Estado de derecho fuera una cloaca!
Siempre el ejemplo a seguir es el del Maestro Juan Bosch cuando en 1990 llevó a cabo una moral y constitucional lucha contra el fraude electoral que había cometido el Dr. Balaguer en esas elecciones nacionales.
Entonces los hombres y mujeres morales del PLD lo acompañamos en esa irrenunciable lucha en defensa de la voluntad del pueblo y del orden constitucional y democrático de nuestro país.
Hubo otros, al juzgar por sus actuaciones hoy y que están en el CP del PLD en la actualidad, que en el fondo de su alma no estuvieron con esa irrenunciable, moral y constitucional lucha de Juan Bosch contra el fraude electoral, crimen electoral, cometido por Balaguer, siempre en cerrada defensa de la voluntad popular.
Hace tiempo que los generales sin tropas y cansados del CP del PLD dejaron de asumir la política como un proyecto de nación.
El presente y el futuro les pertenecen al pueblo dominicano y a Leonel.
En esta cerrada defensa de la voluntad popular, protestando el fraude electoral colosal y el crimen electoral, no hay vacilaciones ni renunciamientos por parte del líder, único gigante de la política dominicana en la actualidad en el país.
La verdad, la justicia, la historia y la Patria están del lado de los que siempre hemos asumido la política como un proyecto de nación y de que la ética y la moral tienen que estar siempre al lado de la política, conjugadas o en una simbiosis permanente con la política.
En esta firme y cerrada lucha en defensa de la voluntad popular el líder Leonel y el pueblo triunfarán!