EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- En medio del rechazo generalizado de organizaciones civiles y a favor de las minorías, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se apresta a firmar una polémica ley considerada como «antiprotestas» e «inconstitucional» y que además golpeará las finanzas del estado.
Tras su aprobación este jueves en el Senado, y luego de hacerlo en la Cámara Baja en marzo pasado, el Legislativo estatal, controlado por el Partido Republicano, sacó adelante esta medida que fue presentada por el gobernador con bombos y platillos en septiembre del año pasado.
Bajo el mantra de «ley y orden» que reclamaba el entonces presidente Donald Trump (2017-2021), y cuando las televisiones mostraban disturbios en varias ciudades del país tras la muerte en Mineápolis del afroamericano George Floyd a manos del policía blanco Derek Chauvin, DeSantis dio a conocer esta propuesta en una rueda de prensa junto a autoridades policiales.
La ley, que este viernes llegó al escritorio del gobernador y cuya firma se da por hecho, amplía las facultades de las fuerzas del orden para efectuar arrestos en las manifestaciones y dificulta recortar la financiación a la Policía.
Carrie Boyd, asesora de políticas de Florida del Southern Poverty Law Center (SPLC), dijo a Efe que la futura norma «enfriará indiscutiblemente» los derechos a la libertad de expresión en este estado, en donde ahora «muchas personas simplemente no serán tan francas con sus gobiernos locales y estatales debido al temor de un mayor encarcelamiento».
«Las definiciones dentro del proyecto de ley son vagas y demasiado amplias y el resultado probable es el encarcelamiento de manifestantes pacíficos que simplemente estaban presentes cuando estalló la violencia», añadió.
Micah Kubic, directora de la filial en Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), la califica mas bien de «racista, inconstitucional y antidemocrática».
ACLU y otras organizaciones opuestas al proyecto consideran que la medida va a fomentar aún más la discriminación de minorías, que estarían sometidas a las autoridades y a su discreción a la hora de calificar una protesta como un movimiento pacífico o disturbios.
«El proyecto de ley fue diseñado intencionalmente para envalentonar el trato policial dispar que hemos visto una y otra vez dirigido a las personas negras y morenas que están ejerciendo su derecho constitucional a protestar», agregó Kubic en un comunicado.
LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA LEY
Un análisis elaborado por el economista Rick Harper, exdirector del Centro Haas de la University of West Florida, detalla que la ley tendrá un impacto económico que supondrá entre 25 y 67 millones de dólares anuales «en menores ingresos y mayores impuestos para los floridanos».
Harper toma en cuenta que el proyecto supondrá entre 270 y 720 camas adicionales en las prisiones en un momento dado, a un costo para los contribuyentes de Florida de entre 6,6 y 17,5 millones de dólares anuales.
Cuando la firme el gobernador, que hoy no se ha pronunciado al respecto y tiene hasta el 23 de abril para rubricarla, la ley «impondrá costos al contribuyente y a los arrestados que excederán con creces los posibles beneficios del aumento de sanciones», señaló Harper.
EL CASTIGO A LAS PERSONAS EQUIVOCADAS
En el Senado estatal, el proyecto fue aprobado con 23 votos a favor y 17 en contra, entre ellos el del republicano Jeff Brandes, el único de ese partido que se opuso a la propuesta defendida con vigor por DeSantis, al que muchos señalan como un posible sucesor del expresidente Donald Trump.
De hecho, durante el debate en la Cámara Alta, la senadora demócrata Annette Taddeo indicó que la propuesta tiene tintes electorales y se dirige a «una base específica que quiere esto», y que se trata de parte de una agenda de campaña conservadora que deja de lado la justicia racial.
A su turno, el también demócrata Gary Farmer señaló que DeSantis posiblemente presionó a los líderes republicanos para que aprobaran el proyecto y lo pusieran en su escritorio lo antes posible, y que incluso la medida no pasó en algunos comités donde posiblemente no habría salido adelante.
El senador Darryl Rouson pidió a sus colegas que diferenciarán entre manifestantes no violentos y alborotadores, y recordó que ya hay leyes contra disturbios y saqueos, lo que hace que la nueva ley, la HB-1, constituya «una exageración que castigará a las personas equivocadas».
Por su parte, el senador demócrata Perry Thurston resaltó que el proyecto siempre estuvo dirigido contra el movimiento liberal Black Lives Matter (Las Vidas Afroamericanas Importan), y que «está diseñado para promover una agenda personal, para llegar a los que marcharon» en las protestas del verano pasado.
El patrocinador de la ley, el republicano Danny Burgess, aseguró que la ley está diseñada para defender a las personas y propiedades de los alborotadores, y que aún les da a los manifestantes la capacidad de ejercer su derecho de la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de culto, de expresión, de prensa y de reunión.
DeSantis dijo en un comunicado que la ley mantiene «el equilibro adecuado» entre salvaguardar el derecho a la protesta pacifica y castigar a quienes se escudan en esas manifestaciones pacificas para causar violencia.
Para Boyd, no obstante, «no parece ser una coincidencia que las voces de los manifestantes, en su mayoría afroamericanos y morenos (latinos) sean silenciadas» por la ley.
