EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Aunque la historia de la República Dominicana ha estado marcada por sonoros casos de corrupción desde tiempos inmemoriales, hay quienes sostienen que los expedientes sobre ese mal social son cada vez más extensos y frecuentes en los últimos años.
Independientemente de que la semana pasada un tribunal condenara a ocho años de prisión y al pago de RD$60 millones al ex alcalde de San Cristóbal Raúl Mondesí tras ser acusado, conjuntamente con otros tres funcionarios, de malversar más de RD$300 millones, para algunas personas los hechos demuestran que el incremento de esos expedientes se debe a que la justicia no ha jugado su rol de manera adecuada en la mayoría de los demás casos.
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Sus criterios pudieran estar dirigidos tras lo sucedido recientemente en el país con el caso Odebrecht, que a pesar de que la propia empresa brasileña admitiera que desembolsó 92 millones de dólares, entre 2001 y 2014, en la República Dominicana a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” con el fin de ser beneficiada con contratos de obras del Estado, hoy las trece personas implicadas en este caso de corrupción, incluyendo diez que tuvieron tras las rejas por unos días, ya fueron descargados por la justicia.
Cabe destacar que antes de ponerse de moda el caso Odebrecht, considerado como el escándalo de corrupción transnacional más grande de América Latina, estaba en la palestra pública el caso Diandino Peña, quien fuera destituido por el presidente Danilo Medina del cargo que ostentaba desde el 2005, luego de una investigación periodística presentada por la comunicadora Alicia Ortega, donde reveló que el señor Peña omitió 28 empresas en su declaración jurada de bienes.
La periodista también sacó a relucir otros datos que no dejan de incriminar al que fuera director, de la Oficina paa el Reordenamiento del Transporte (OPRET), sometido a la justicia durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) acusado de corrupción. Peña ni siquiera fue citado por la justicia para que explicara el supuesto ilícito revelado por la periodista.
Desde el 1990 hasta el 2015, en la República Dominicana se habían presentado 225 casos de corrupción pública, de acuerdo a una investigación periodística publicada por el periódico Hoy el 23 de octubre del 2015, y solo cinco expedientes habían recibido condenas en los tribunales, situación que ha sido repudiada por amplios sectores de la sociedad, que consideran que los fondos que podrían destinarse a obras de bien social, van a para a los bolsillos de unos pocos.
En los dos últimos años se han ventilado casos como el deI Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), el de la Oficina Supervisora de Obras de Estado (OISOE), el del ex alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, el de los Súper Tucanos y el del senador Félix Bautista, casos con relación a los cuales no hay ningún detenido, hay muy pocos o han sido puestos en libertad los que momentáneamente lo han estado sin haber sido procesados judicialmente.
La corrupción se lleva 120 mil millones al año
Según estimaciones hechas en el año 2013 por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), que preside el jurista Trajano Vidal Potentini, para la fecha la corrupción pública en la República Dominicana se llevaba 120 mil millones de pesos anualmente, equivalentes al 20% del presupuesto general de la nación, que ese año fue de 600 mil millones de pesos.
Es probable que la comisión de estos hechos haya provocado que en el último informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), presentado a principio de este 2017 por la entidad Transparencia Internacional (TI), la República Dominicana solo haya alcanzado 31 puntos, en una escala de 100, la cual especifica que mientras menor sea el puntaje mayor es el grado de percepción de corrupción de la ciudadanía.
Esto le mereció el lugar 120 entre 176 países trabajados en el informe, mientras que a nivel de América Latina ocupó la posición número 8.
¿Por qué incurren los funcionarios en corrupción en la RD?
Para analizar el tema de manera más rigurosa, se recurrió al doctor Julio César De la Rosa Tiburcio, quien es consultor en políticas públicas y coordinador general de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO), una entidad de la sociedad civil que vela por el manejo adecuado de los recursos públicos.
De la Rosa Tiburcio entiende que en la puesta en práctica de esta mala conducta humana, la cual “cada año aumentará más por la falta de consecuencias”, inciden de manera directa diferentes elementos.
“Son varios los factores envueltos, como la cultura aprendida, la descomposición social, la falta de integridad, las apetencias sin sacrificio”, señala el experto, quien agrega que también influye “el manejo político que se le da a la persecución por la comisión de actos de corrupción, lo que provoca que los casos no sean instrumentados con la fortaleza jurídica apropiada por lo complejo que es lograr obtener las pruebas”.
Al ser cuestionado sobre el porqué funcionarios de otras naciones son condenados por corrupción, como el expresidente de Guatemala, Pérez Molina, mientras en el país no sucede igual, De la Rosa Tiburcio, quien a través de la institución que preside ha denunciado una serie de hechos ilícitos e incluso se ha querellado ante los tribunales contra sus infractores, entiende que en el país “la justicia está en pañales para tomar decisiones, a menos que se produzcan cambios de direcciones”.
El especialista, que ha trascendido en la palestra pública por ser uno de los principales atacantes de la corrupción en República Dominicana, valora como “muy deficiente y pobre” el trabajo de la Cámara de Cuentas y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), organismos que de una u otra manera tienen que ver con el combate al citado flagelo.
“Hay falta de voluntad política y de institucionalidad”, sostiene el también catedrático universitario, quien ha presentado querellas contra el actual senador Félix Bautista y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, por alegados actos de corrupción.
A pesar del esfuerzo que realiza denunciando los casos de corrupción de la nación, sostiene que la institución que coordina tiene poco que exhibir, refiriéndose a las querellas presentadas ante los tribunales, sin embargo, sostiene, “hemos logrado cambiar en muchos casos el accionar nocivo de algunos funcionarios y hemos logrado prevenir y evitar que se produzcan algunos”.
“Lo que se va en manos de los corruptos, se deja de invertir en salud, educación, seguridad, obras de infraestructura, detiene el desarrollo en sentido general”, concluyó De la Rosa Tiburcio.
