EL NUEVO DIARIO, MADRID.-El presidente de la región española de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del gubernamental Partido Popular (PP), dimitió hoy acosado por acusaciones de corrupción un día antes de que fuera a ser sometido a una moción de censura.
A Sánchez se le investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en la construcción de un auditorio en la localidad de Puerto Lumbreras, cuando era el alcalde de esa localidad murciana.
Tras las elecciones regionales de 2015, el PP perdió la mayoría absoluta y gobierna en Murcia con el apoyo de Ciudadanos, que se lo retiraron cuando saltó el escándalo de corrupción.
Su dimisión se produce también al día siguiente de que un juez le vinculara a otro caso de corrupción en su anterior cargo como consejero de Educación del Gobierno murciano, cuando pretendió firmar un contrato para mejorar su reputación en internet con una empresa a cambio de contratos públicos.
Con su renuncia, Sánchez pretende evitar que el gobierno de la región quede en manos de un gobierno tripartito formado por el PSOE (socialistas), Ciudadanos (liberales) y Podemos (izquierda).
De hecho, hoy dijo a los medios de comunicación que dimitía "para salvar a la región de Murcia del tripartito".
Murcia, una pequeña región mediterránea de 1,4 millones de habitantes, está gobernada por el PP desde 1995.
La dimisión de Sánchez coincide con la investigación en España de numerosos casos de corrupción, muchos relacionados con Gobiernos regionales a cuyo frente ha estado durante muchos años el PP, como es el caso de la vecina Valencia o Madrid, donde se han creado tramas corruptas que se han extendido a otras comunidades autónomas.
Los jueces investigan tanto el presunto enriquecimiento ilícito de muchos políticos como la posible financiación irregular del Partido Popular a cambio de contratos con la administración.
La corrupción, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es la segunda mayor preocupación de los españoles, por detrás del desempleo, y se puede considerar causa principal del rechazo de los ciudadanos a los partidos políticos.
