La religión es una actividad privada, libre y particular de los ciudadanos, pero en República Dominicana desde el litoral religioso-católico se pretende dirigir la sociedad. Los hombres de sotana han asumido un rol político que no le está conferido. Se han arrogado responsabilidades divorciadas de su cometido, sin que el liderazgo político haya impuesto una línea roja, que los retorne exclusivamente al templo.
La comunidad protestante o evangélica, generalmente marginada del mecenazgo estatal, se ha ido compactando y hoy constituye una red social activa de cientos de miles de seguidores. Sus líderes ya consiguen gran despliegue en los medios de comunicación –periódicos, radio y televisión-, desde donde dictan recetas de como conducir la vida nacional. Lógicamente, también pretenden imponer su agenda conservadora.
Tanto católicos como evangélicos ignoran que el diseño y aplicación de políticas públicas corresponde a los gobiernos. El pueblo soberanamente escoge a sus gobernantes para que sean quienes encausen y lideren la acción pública. La tarea de la iglesia debe quedarse en el ámbito estrictamente espiritual y privado.
La inconsistencia ideológica del liderazgo nacional ha permitido que los dogmas religiosos pretendan imponerse a todo el colectivo nacional. Hay un atraso ideológico de los partidos políticos dominicanos que doctrinariamente asumen en sus estatutos el liberalismo, pero en la práctica abdican de ese paradigma ideológico, asumiendo comportamientos ultraconservadores y dejando a las iglesias asumir roles que no le están conferidos.
Los partidos supuestamente liberales actúan como las meretrices que venden su cuerpo a partir de las conveniencias. De forma vil, empeñan sus principios o lo acomodan a los intereses de los poderes fácticos. Concretamente, no quieren chocar con el poder del clero católico y de evangélicos-protestantes y por eso, por ejemplo, pretenden se apruebe una legislación penal que retrotrae la República Dominicana a la Edad Media Europea, criminalizando el aborto aun cuando el embarazo sea producto de incesto, violación sexual o malformaciones congénitas que hagan inviable el producto.
Las iglesias pretenden que las mujeres agredidas sexualmente que queden embarazadas resulten perennemente castigadas a recordar ese atentado desde que se levanten hasta que se acuesten, en toda su existencia. Será como el castigo de Sísifo en la mitología griega, quien fue condenado a empujar permanentemente una piedra enorme hasta la cima de una montaña y próximo a llevarla al final, esta se resbalaba, debiendo comenzar de nuevo a empujarla, y repetirlo infinitamente.
Los singulares liberales dominicanos están negando derechos a las mujeres y peor aún, están revalidando el factor clasista que ha imperado en el manejo del aborto en República Dominicana que es el siguiente: a la hija de familia rica, los padres la llevan en avión a Miami, Nueva York o Puerto Rico a practicárselo y la muchacha pobre, se engulle un fármaco abortivo, ingiere un brebaje o pócima con hojas o plantas, o se lo practica una “comadrona” o un practicante de medicina en una clínica de mala muerte, pudiendo la mujer morir o quedar con secuelas permanentes.
En el país cada año se practican alrededor de ciento veinte mil abortos, la mayoría de forma insegura. El 19% de los embarazos que llegan a los establecimientos de salud son interrumpidos por razones estrictamente médicas. Es un absurdo pretender ponerle grilletes legales a los médicos para que en los casos pertinentes, no puedan interrumpir el embarazo para salvar la vida de la madre.
Es absurdo también –insisto- que se quiera obligar legalmente a una mujer a parir un hijo que es consecuencia de una violación sexual.
Redefinir el rol de la religión y extirpar la participación política del clero católico es una tarea pendiente del modelo político dominicano.