República Dominicana cuenta con un sistema de Seguridad Social, el cual se define como un sistema de protección social público, creado mediante la Ley 87-01, promulgada el 9 de mayo de 2001. Su carácter es universal, obligatorio, solidario, plural e integral; a fin de otorgar los derechos constitucionales a la población; y regular los derechos y deberes recíprocos del Estado y los ciudadanos, en lo referente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de la vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riegos laborales (SISALRIL).
La protección social abarca una variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que deben de promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de ingresos (CEPAL). Cuando se toca el término de protección contra los riesgos de la vejez, discapacidad y niñez, encontramos una situación completamente diferente, pues estas poblaciones son las menos protegidas y más vulnerables. Son muchos los casos de madres y personas de la tercera edad que llegan a los servicios de rehabilitación buscando soluciones para sus afectaciones y problemas de calidad de vida.
Muchos requieren de cuidados y supervisión todo el día por tener situaciones de salud, que implican discapacidad mayor, adaptación del hogar, pues muchas veces, el aseo no se puede realizar dentro del baño o su estado de movilidad, no les permite llegar allí, a esto se le suman la cantidad de barreras arquitectónicas dentro del hogar, por otro lado requieren de sillas especiales y equipo de asistencia especializado, la alimentación en algunos casos es especializada y su movilidad para llegar a otros lugares requiere de transporte adaptado.
Una sociedad inclusiva es el sueño y la meta de toda persona con discapacidad para poder participar e integrarse a la sociedad.
Muchas personas no tienen los recursos para comprar andadores y sillas de ruedas especializadas para poder ir a la escuela o poder integrarse en la sociedad y vida laboral. Muchos envejecientes no tienen un techo seguro o viven con una discapacidad en estado de precariedad. Niños desnutridos y con problemas respiratorios, asociados a dificultades de alimentación y no tener los recursos y las facilidades para poder llegar a estos servicios especializados. La parte de medicación es precaria y costosa, la mayoría no lo cubre la seguridad social. Muchas veces se requiere de otras intervenciones quirúrgicas y de salud, las cuales no tienen cobertura. Gran parte de los asegurados solo pueden acceder al servicio público, en el que todavía el gasto de bolsillo es alto para un desempleado, madre soltera o una persona de más de 60 años, sin familia.
Se estima que un 10% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Esto le da un buen margen a República Dominicana, en el censo del 2010, la población era de 9, 445,281 habitantes, esto representaría 944,528 personas con discapacidad.
Un indicador de pobreza económica esa tener discapacidad, pues si la persona en condiciones de discapacidad requiere de atención permanente; algún miembro de la familia no podrá trabajar, al igual que la persona que la padece, y a esto se le suma que los gastos de la enfermedad, que no tienen la cobertura dentro de la seguridad social. Este un cuadro visible de una madre con un niño en discapacidad.
En enero de este año, la CEPAL realizó una publicación que destaca que en el país se cuenta con un incremento en la desigualdad social, solo el 7% reciben de los ingresos del país, mientras que los más ricos acceden al 30% de la riqueza nacional, es decir cuatro veces más que la población excluida.
Es cuesta arriba pensar en cómo se puede subsistir con asistencias de RD$400 pesos dominicanos; cada dos meses cuando se es un envejeciente o una asistencia de RD$700 pesos mensuales para alimentación, sin importar el número de integrantes de un hogar, y si a esto se le suma discapacidad, es aún más difícil de poder asimilarlo. Los dominicanos estamos en un estado de letargo y no hemos exigido nuestros derechos ciudadanos. Es hora de reclamar protección social justa y digna para el más desprotegido y vulnerable.
Espero que esta reflexión llegue al corazón de la ciudadanía y autoridades, que piensen en el porvenir de sus hijos, nietos y de la llegada de su vejez. Es un derecho del ciudadano tener una sociedad inclusiva.
AUTORA: JILMARY TIBURCIO