Francia, es considerada la segunda economía europea, precedida por Alemania y su Presidente Emmanuel Macron, pone a prueba su capacidad para transformar esa economía toda vez que en su campaña eleccionaria prometió modificar las leyes laborales para reducir el desempleo que hoy es alrededor del 9.5% de la fuerza laboral.
La población de Francia, hoy, asciende a 66.9 millones de personas, de las cuales la población activa que tiene un empleo, es de 24,9 millones de personas, y los desocupados rondan los tres millones de personas. Las personas en paro o desocupados constituyen el 9.5% de la población frente a un promedio de 7,8% en Europa.
Si comparamos estas cifras, veremos que RD tiene 10.5 millones de habitantes de los cuales tiene empleo fijo, un millón trescientos mil trabajadores y los desocupados ascienden a 3,700,000.
Todos los humanos aspiramos a tener un empleo o modo de subsistencia para nosotros y nuestras familias, pero por ejemplo en Francia como en muchos otros países, la economía que rige la legislación laboral se impone sobre la legislación laboral y cuando las economías eran satisfactorias se legislaba encareciéndola, fijando valores mayores por retribuciones por su esfuerzo a los trabajadores.
Por argumento contrario, la legislación laboral debe ser reducida en sus costos cuando la economía no permite el mantenimiento de mejores salarios y prestaciones, y hay que mantener los empleos existentes y crear otros adicionales.
Haití utiliza el mismo Código de Trabajo francés, que es superavanzado en comparación con el nuestro y no le sirve de nada, pues la economía haitiana no lo permite. ¿De qué les sirve esa lujosa legislación si no hay empresas para aplicarlo?
El Presidente francés Emmanuel Macron entiende que la reforma laboral es primordial considerando una revisión más general del modelo social de Francia, que incluirá otros cambios mayores en las prestaciones de desempleo y las pensiones.
La reforma de Macron, iniciada en otros términos por su predecesor Francoise Hollande, tiene como objetivo, a costa de su popularidad que ha decaído a un 30%, que cada empresa negocie la jornada laboral, y así eliminar los convenios colectivos, aunque signifique dar todo el poder a los empresarios, para lo cual el utiliza una lapidaria frase: «No reformar a la Francia, sino transformarla. Lo lograremos»,
Francia se acostumbró a un gasto social imposible de soportar y cuando había un asomo de recorte económico automáticamente había huelgas y manifestaciones, ante lo cual se daba marcha atrás para no perder votos y esto ha llegado a un momento donde la mala situación económica, hace totalmente inviable ese gasto y son necesarios los recortes para salvar el país, no a los sindicatos.
El Gobierno Francés, ha puesto el interés de Francia por encima al de perder votos.
En realidad, también la Comunidad Económica Europea (CEE) está forzando a Francia y otras naciones a hacer su reforma laboral, de manera que se otorgue flexibilidad a las empresas, además, de que dicha CEE asegura que es beneficiosa para los más jóvenes y da más garantías a los trabajadores. Francia desea cumplir con ese mandato, pues necesita crear mayor cantidad de empleos.
La reforma está bien pensada, en el sentido de que valora la primacía de la negociación directa entre empresario y trabajador, por encima del Código de Trabajo y los convenios colectivos y establece un techo en las indemnizaciones por despido improcedente y fija las condiciones que justificarían el despido económico; siendo este techo en las indemnizaciones, una orientación para los tribunales que tendrán la última palabra.
En esta reforma, se revisan también las condiciones por las que una empresa puede organizar despidos económicos.
Los empleadores, respaldan la reforma, no así los socialistas que lo tachan de ser un proyecto de ley «demasiado liberal» y de «retroceso al siglo XIX».
La derecha, por su parte, está en contra por considerar que las medidas son insuficientes.
El resto de los sindicatos franceses y dos organizaciones estudiantiles, pidieron su retirada y han convocado manifestaciones en todo el país. La empresa que administra el Metro de París y otros transportes urbanos, en algún momento, hasta han convocado una huelga indefinida.
Ante las protestas de las Refinerías y depósitos de carburantes, las autoridades han declarado que las reformas serán aplicadas, y que “los sindicatos no hacen las leyes en este país”.
La reforma laboral en Francia, elimina de facto, principios considerados sagrados de la izquierda y del derecho laboral, como lo son: el horario laboral legal de 35 horas semanales, y admite los despidos colectivos, con indemnizaciones rebajadas, por dificultades económicas de las empresas.
Está reforma también está “inspirada” en la actual norma española del Gobierno de Mariano Rajoy, como lo es el caso de los despidos colectivos contemplados por “descensos en pedidos o cifra de negocios”, “cambios tecnológicos” o “reorganizaciones para mantener la competitividad”. Ojo, tanto en España como en Francia no se permiten como aquí, los oligopolios y los monopolios. Viven en competencia.
Los acuerdos adoptados en cada empresa se convierten en la norma para fijar horarios o sueldos.
Aunque no se suprime la Ley de 35 horas semanales, el Gobierno da amplias posibilidades a las empresas para saltarse ese límite por reestructuraciones, apertura de nuevos mercados o “causas excepcionales”.
La reforma prevé que los salarios pueden ser bajados para conquistar nuevos mercados. Los trabajadores franceses, a regañadientes aceptan esta nueva norma pues reconocen que sus colegas tienen que vivir y sostener a sus familias, al igual que ellos.
Los sindicatos minoritarios podrán convocar referendos en las empresas contra acuerdos de los mayoritarios y se considera que “la economía y el progreso social van de la mano”; es algo que dada nuestra maltrecha economía basada en préstamos internacionales, los amigos trabajadores, para ayudar a sus colegas, bien podrían asimilar estos conceptos.
Las indemnizaciones por despido injustificado se concretan más, para evitar interpretaciones judiciales.
Las máximas pasan de pagar de 27 a 15 meses, para trabajadores con más de 20 años de antigüedad.
Los acuerdos adoptados como norma general, en el seno de las empresas, entre los empleadores y los sindicatos, estarán por encima de los pactos sectoriales o incluso de los contratos individuales.
“La primacía del acuerdo de empresa respecto al tiempo de trabajo pasa a ser el principio de derecho común”, dice la reforma, que deja así menos protegidos a los empleados de pequeñas empresas.
La jornada de 35 horas a la semana, se puede superar por acuerdo en cada empresa para mantener el empleo.
En materia de Despidos, estos podrán producirse por descenso de pedidos, deterioro de cifra de negocios, cambios tecnológicos o reorganizaciones
En lo que respecta a las Indemnizaciones, se registra una rebaja general, de cuatro a tres meses de salario si la antigüedad es inferior a 2 años y de 27 a 15 si supera los 20 años.
En lo relativo a las Horas extras, estas podrán pagarse por debajo del acuerdo sectorial, con un recargo del 10 por ciento, frente al 25 por ciento que se paga actualmente si la empresa y el sindicato lo aceptan. La jornada puede ser aumentada a 46 horas por semana e incluso más, si hay acuerdo de empresa.
Con la reforma se prevé, menos judicialización y medidas de flexibilidad interna en las empresas,
La reforma laboral, añade, está inspirada “en lo que funciona en otros países, como Alemania, Suiza o España”, pues ante el estancamiento de las economías, la reforma mejorará la competitividad de las empresas y disminuirá el desempleo, y que la reforma flexibilizará la contratación y reforzará la seguridad de los empleados.
Los expertos no lo ven claro. Philippe Martin, del CENTRO DE DERECHO LABORAL COMPARADO, comenta que esta “revolucionaria ley” que sustituiría la ley y los acuerdos sectoriales por una “democracia industrial, la de los pactos en las empresas, es una fórmula “populista”.
Los sindicatos en España ante estas reformas en Francia, se pusieron de parte de los empleadores firmando de inmediato, convenios a la baja de prestaciones, y hasta una congelación de salarios. La reforma, fusionará las distintas instancias representativas de los trabajadores en las empresas.
El mandatario francés propone también rebajas fiscales para empresas, inversiones en formación profesional, de la extensión del seguro de desempleo a la remodelación del sistema de jubilaciones.
El plan Macron responde a la ambición de transformar una economía que a veces se ha dado por irreformable. La ley laboral es el primer paso.
Primero, la empresa sustituye al sector como principal ámbito de la negociación colectiva. En el proyecto de reforma, los acuerdos de empresa que alcancen cierto nivel de representatividad son vinculantes, independientemente de lo que especifique un acuerdo sectorial.
Se trata de un cambio significativo y probablemente el punto más controvertido del proyecto. Antes de la reforma, los salarios y las condiciones de trabajo se determinaban principalmente en acuerdos colectivos entre patronal y sindicatos negociados en cada uno de los más de 200 sectores que componen la economía francesa. Una vez concluidos, los acuerdos sectoriales se extendían a todas las empresas del sector mediante un decreto ministerial. Ello explica que la cobertura de los convenios colectivos sea una de las más altas entre los países desarrollados, pese a que menos de uno de cada diez trabajadores estén afiliados a un sindicato –una de las tasas más bajas de los países desarrollados.
La adaptación del horario laboral y del salario a la simple exigencia del mercado a partir de acuerdos alcanzados por una mayoría simple entre empresarios y trabajadores es la esencia de la reforma, avanzando en los derechos laborales conquistados por la clase obrera francesa durante décadas.
Desde el Palacio del Elíseo justifican en sus propuestas dar mayor flexibilidad a las empresas en cuanto a la adaptación de la remuneración y horas de trabajo a las condiciones del mercado laboral, debido a que ven la ley actual como «un freno a la contratación y la inversión».
Nuestros sindicalistas, deben ver en nuestro país, que tenemos una mayoría de 3,7 millones de trabajadores o personas con vocación de emplearse, no protegidos por el Código de Trabajo y la Seguridad Social, que merecen un esfuerzo de los privilegiados que constituyen la minoría empleada de 1.3 millones, de reducir las prestaciones laborales, flexibilizar las contrataciones y los despidos, mejorar el procedimiento ante los Tribunales, y a la vez eliminar los oligopolios y monopolios existentes, para que funcione la competencia y puedan existir salarios, aun no sean estos, los dignos salarios que la gente merece.
Nuestros sindicalistas, y las personas que tienen empleos, para favorecer a los que no lo tienen, para engrandecer la nación, necesitan una nueva política de mantenimiento del empleo, mediante el cual las empresas que pasen “graves dificultades” podrán reducir el salario y/o el tiempo de trabajo, pero a cambio se comprometen a no despedir trabajadores.
También debemos, a título de prueba, durante unos 4 -5 años, prorrogables por acuerdo entre los trabajadores y los empleadores, para reducir el desempleo, para que esos trabajadores desempleados tengan acceso inmediato a la Seguridad Social, que se permita designar cualquier inmueble habitable, en buen estado, en todo el territorio nacional, pero principalmente en zonas rurales y/o Municipios para apertura de nuevos mercados o “causas excepcionales” mediante negocios y/o inversiones nuevas de producción o servicios, que sean designados: “ locales laborales libres”, donde se pague por hora trabajada, solo para trabajadores dominicanos, sin mayores limitaciones, sin prestaciones laborales, sin horas extraordinarias, con salarios pactados de común acuerdo, sin negociación colectiva y sin impuestos de ninguna clase.
Los negocios ya existentes, podrían crear nuevos negocios ajustándose a estas nuevas reglas y así tener mayor cantidad de empleados.
Los monopolios y oligopolios, serian terminados drásticamente y sometidos a competencia, tales como, sin que esta lista sea limitativa: los combustibles, cemento, ron, cervezas, cigarrillos, agua, refrescos, baterías de vehículos, seguros, préstamos bancarios, periódicos, telecomunicaciones, y otros.
Tenemos que hacer valientemente, como ha hecho el actual Gobierno Francés, que ha puesto el interés de Francia por encima al de perder votos, con tal de crear más empleos y mejorar la economía.
Si Francia puede, porque es una potencia, nosotros también pues somos pequeños y en vías de desarrollo, con un altísimo desempleo.
Pensemos en la mayoría desempleada y no en aumentar los ingresos de los que ya tienen empleo.