La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END-30), aprobada mediante Ley 1-2012, establece que en la RD es necesaria la aprobación e implementación de una reforma fiscal que sea sostenible y sustentable.
Es decir, la reforma fiscal RD tiene más de 8 años de retraso. El pasado gobierno (2012-2020), esquivando las reacciones populares que pudieran afectar sus objetivos políticos y la paz social, postergó la necesitada reforma fiscal RD.
A ese lamentable retraso se le agregó la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, el rápido incremento de la deuda pública y la urgencia del gobierno por aumentar sus ingresos para enfrentar los múltiples problemas sociales que tienden a deteriorar la calidad de vida del pueblo dominicano.
Es una tangible realidad, la pandemia produjo cierre de cientos de medianas y pequeñas empresas, aumentó el desempleo y la pobreza, diezmó la clase media y también redujo los ingresos a las arcas del gobierno.
El presidente Abinader, mal aconsejado por temerarios tecnócratas e incautos funcionarios del gabinete económico, el pasado 8 de octubre, en un discurso al país, convocó al Consejo Económico y Social (CES) para que, a partir del 26 de ese mes, se iniciara la discusión del pacto fiscal y que, en un plazo no mayor de seis meses, después de concluido y consensuado, fueran convertidos en reformas aplicables en el 2022. ¡Cuánta ilusión!
La gobernabilidad e invaluable paz social RD aconsejan ponderar estas situaciones: a) El pacto eléctrico “firmado” con muchas discrepancias que han imposibilitado su implementación. b) El CES no da señales de convocatorias para iniciar los debates conducentes a la firma del pacto por la reforma fiscal. c) La realidad política y social sugieren la posposición de la necesaria reforma fiscal para otros momentos y circunstancias. Al respecto dos espejos:
La sangrienta experiencia que sufrió el pueblo dominicano en 1984, como resultado de la reforma fiscal que impuso la firma del presidente Jorge Blanco con el FMI, precisamente, por la inexperiencia política de su gabinete económico.
El otro espejo lo está presentando Colombia mediante multitudinarias protestas en las calles, que ya arrojan un negativo saldo de destrucción de varias propiedades, cientos de heridos y presos, 29 muertos, varias personas desaparecidas y condena internacional porque el presidente Iván Duque pretendió realizar una reforma fiscal para aumentar los ingresos del gobierno a través de impuestos. ¡Tuvo que retirar el proyecto para buscar el diálogo y la unidad nacional!
Para evitar la repetición de los imborrables episodios de la “poblada de 1984 en RD” y el actual estallido político-social de Colombia, la sensatez política y el sentido común ordenan olvidarse, por este año, de una reforma fiscal.
Nos identificamos, plenamente, con los economistas y líderes políticos responsables que consideran como improcedente la realización de una reforma fiscal antes de que se reactive la economía, porque “podría generar un clima de ingobernabilidad y protestas sociales de consecuencias imprevisibles”.
Si se procede en un momento como el actual, en que se deja sin efecto las ayudas sociales, se incrementan la tarifa eléctrica, los precios de varios productos básicos de la canasta familiar y se procede a una reforma fiscal” se provocaría una perturbación político-social que superará con creces la “poblada del 1984” y los acontecimientos de Colombia.
La reforma fiscal no se realizó en su momento y hacerlo ahora, con el negativo legado de la pandemia, sería una impertinencia y absurdo político, razón por la cual se impone que el gobierno planifique la solución de las precariedades económicas y la elaboración del presupuesto nacional del 2022 en otras fuentes y mecanismos distantes de una reforma fiscal porque, ¡ahora sería una imprudente e imperdonable provocación contra la gobernabilidad democrática y la paz social en RD!
Por Juan López