Además de la crisis que les generó la pandemia de la COVID-19, otras preocupantes situaciones económicas, políticas y sociales afectan la paz social y la calidad de vida de los pueblos haitiano, nicaragüense y dominicano.
En Haití se padece, desde hace décadas, de inestabilidad socio-política y penurias económicas que, lamentablemente, se profundizan cada vez más por el comportamiento irresponsable e indolente de sus élites económicas e intelectuales y por el estéril sectarismo que caracteriza a sus dirigentes políticos que, a través de 119 diferentes partidos, se disputan el poder del Estado.
Los efectos de la crisis sanitaria, los dañinos fenómenos de la naturaleza que azotaron en Haití (huracanes, dos terribles terremotos, inundaciones y sequías), los enfrentamientos políticos permanentes que se observan a través de varios golpes de Estado, en las violentas manifestaciones callejeras, en las acciones incontrolables de las bandas armadas que imponen el desasosiego mediante secuestros, extorsiones y crímenes, así como el todavía impune magnicidio contra su último presidente Jovenel Moise, el pasado 7 de julio.
Ese tétrico panorama aumenta la grave crisis económica y la pobreza en Haití, lo cual se complica por las sospechas de participación de Ariel Henry, actual primer ministro, en el magnicidio contra Moise, por el cierre del Congreso, las sucesivas posposiciones de las elecciones y el cansancio que esas situaciones están generando en la comunidad internacional, lo cual se refleja en su tímida actuación ante la necesaria y urgente ayuda que amerita el famélico pueblo haitiano.
Nicaragua es uno de los países menos desarrollados de América Latina y el segundo más pobre, después de Haití. El bienestar prometido por la Revolución Sandinista se esfumó. Nicaragua se mantiene en niveles similares a los que exhibía durante la dictadura de la dinastía de los Somoza.
Aun cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha tenido control del gobierno nicaragüense por más de 25 años, con el liderazgo del presidente Daniel Ortega, complementado en el actual período gubernamental (2017-22), con su esposa Rosario Morillo como vicepresidenta, la crisis económica, social y política nicaragüense se complica y agrava.
La pareja presidencial Ortega—Morillo, usando al FSLN como plataforma política, buscará, por quinta ocasión, la reelección en los comicios a efectuarse el próximo 7 de noviembre, para lo cual han desatado una arbitraria persecución política contra dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y apresando a candidatos de la oposición.
Ahora se les suman las acusaciones infundadas contra el ex líder sandinista y laureado escritor Sergio Ramírez, lo cual aumenta la repulsa contra el gobierno y cohesiona la comunidad internacional que exige el cese de la represión política y la realización de elecciones libres, equitativas, democráticas y con resultados transparentes; condiciones indispensables para que Nicaragua retome la institucionalidad y gobernabilidad democrática.
Inclusive, los sectores progresistas de latinoamericanos que apoyaron la revolución sandinista y quiere un próspero futuro para ese empobrecido país, están demandando libertad de los candidatos presos y que se permita la libre participación de los partidos de oposición para lo cual, el Consejo Superior Electoral y el gobierno tienen que garantizar el respeto a los derechos políticos de la oposición.
Mientras tanto, en la RD se está realizando un importante diálogo nacional, convocado por el presidente Luis Abinader, con participación de los partidos políticos, representantes del empresariado y de organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de abordar 14 diferentes temas, entre los que se destacan una reforma fiscal y un aspecto de la Constitución.
A la lucha contra la corrupción y la impunidad, el Ministerio Público RD, auxiliado por la DEA norteamericana, ha descubierto un importante entramado mafioso de narcotraficantes con fuerte incidencia en las actividades políticas, a tan alto nivel de penetración que varios legisladores y funcionarios gubernamentales fueron identificados como participantes o beneficiarios directos del dinero sucio proveniente de la droga y el lavado de activo.
Ojalá que las preocupantes situaciones que están afectando a estos tres países produzcan reflexiones sinceras entre los líderes políticos, empresariales y de las organizaciones de la sociedad civil para colocar, a tiempo, torniquetes a las crisis que atentan contra la paz social y la calidad de vida de haitianos, nicaragüenses y dominicanos para que encuentren soluciones por vías pacíficas, antes de que los pueblos decidan convertirse en protagonistas para hacer, con sus propias manos, las ejecutorias que les garanticen disfrutar de justicia social, libertades y auténticas democracias. ¡Aún estamos a tiempo!
Por Juan López